Los acuerdos serán examinados en la auditoría del área de Urbanismo
El PP cerró la operación urbanística de la Hípica y la que financió la reforma del bulevar de la Constitución sin informe de Intervención
La auditoría de Urbanismo analiza este martes tres nuevos convenios cerrados bajo mandato popular.
P.V.M.
La operación de la Hípica supuso una de las mayores transformaciones en el Zaidín.
Al menos dos grandes operaciones urbanísticas recogidas en otros tantos convenios firmados por el Ayuntamiento de Granada durante los mandatos del PP se cerraron sin informe de Intervención. Nunca se pidieron, según consta en la documentación que será sometida a auditoría en la Comisión de Urbanismo de este martes, consultada por El Independiente de Granada.
Entre esos convenios figura el de la Hípica, que supuso una de las grandes transformaciones para el barrio del Zaidín, y también la operación urbanística que sirvió después para financiar la reforma del bulevar de la Constitución.
En concreto, los acuerdos que serán examinados dentro de la auditoría del área de Urbanismo que puso en marcha el actual gobierno local con el respaldo de los grupos municipales tras la salida del PP, son el citado de la Hípica; otro denominado 'Circunvalación', con cuyos ingresos se financió el bulevar; y el referido al Zenete, una obra años empantanada que acordaron Ayuntamiento y Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Según la documentación remitida a los grupos de cara a la auditoría que se sigue en el seno de la Comisión de Urbanismo, al menos dos de esas operaciones, una de las cuales supuso para el Ayuntamiento 2,7 millones de euros, se cerraron sin informe de Intervención; además, en uno de los casos se llegó a abrir un expediente para reclamar por la vía ejecutiva ingresos pendientes, aunque finalmente se cerró ejecutando el aval bancario que fue presentado en su momento.
Estos son los convenios que pasarán por la auditoría:
Convenio Hípica
La operación se pone en marcha en 2004; el convenio se formaliza el 1 de marzo de 2005. El objetivo, sacar las instalaciones de la Real Sociedad Hípica de Granada incorporando usos residenciales y obteniendo una plaza pública vinculada a la Avenida de América y equipamiento público. Con los avales bancarios correspondientes, el convenio recogía la cesión gratuita por parte de la propiedad de los terrenos -la citada sociedad- del 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo -unidades de aprovechamiento y excesos de la unidad de ejecución-, que se traducían en 954.100 euros IVA incluido.
Los ingresos estipulados se recibieron; se solicitó en 2004 licencia para 104 viviendas y locales comerciales, que fue concedida en octubre de 2007, una una vez adaptado el proyecto a la renuncia de ocupación del subsuelo del espacio público. La licencia de primera ocupación se concede en septiembre de 2009. Posteriormente, en 2010, se tramita y aprueba el expediente de liquidación del sistema. Según certifica Urbanismo, el promotor renunció a la utilización del subsuelo de dominio público para el aparcamiento prevista en el estudio de detalle, modificando a tal efecto el proyecto de obras incluyendo una planta más de aparcamiento bajo el suelo privado, "modificándose la licencia de obras concedida".
Convenio Circunvalación
Fue aprobado inicialmente en noviembre de 2004, tras su publicación en BOP no se recibieron alegaciones y fue definitivamente aprobado en mayo de 2005. "En el expediente del convenio no aparece informe de la Intervención previo a la aprobación", recoge la documentación que se somete a auditoría.
Los aprovechamientos municipales se distribuyeron entre Urbis Progreso, Inmobiliaria La Vega y el propio Ayuntamiento, al que no correspondía ningún costo de urbanización; estos los asumían los propietarios privados, entre ellos los cambios en las instalaciones del Colegio Público García Lorca. Las operaciones urbanísticas desarrolladas incluyeron una expropiación a unos particulares.
Según la documentación, las obligaciones derivadas del acuerdo que asumía Urbis ascendían a 2,7 millones. Ejecutó la cubierta de un aparcamiento subterráneo por valor de algo más de 800.000 euros, así que quedaron 1,9 millones. De esa cantidad constan ingresos por 800.000 euros que vinculan el convenio Circunvalación con el Bulevar de Constitución.
Los 888.000 euros que quedaron pendientes se reclamaron con fecha julio de 2006 y enero de 2007, a través de requerimientos de pago. Estos se archivaron tras ejecutarse, por ese valor, los avales bancarios depositados para la obra. Contra el acuerdo se presentó un recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión de la ejecución del aval. El Juzgado lo rechazó en septiembre de 2012 y en octubre de ese año los 888.000 euros se ingresaron en las arcas municipales.
En el caso de Inmboliaria La Vega ingresó los 68.000 euros que representaban sus obligaciones.
Las obras de urbanización y de tapa del aparcamiento se recepcionaron, incluyendo una pista de fútbol sala y otra de baloncesto en el Colegio Público García Lorca. Foto: Miguel Rodríguez
Convenio Zenete
En la zona estaban previstos, según el PEPRI Albaicín, un aparcamiento para residentes, viviendas de protección pública, equipamientos y espacios públicos. En 2002 EPSA expresa su intención de promover viviendas en la zona, lo que deriva en un convenio. Se aprueba inicialmente y se solicitan informes a Secretaría e Intervención -en 2003, primero con el PSOE en la Alcaldía y, tras las elecciones municipales, en los primeros meses del PP en el Ayuntamiento-. El convenio se formaliza en 2004.
Pronto surge el escollo de la calificación como público o privado del subsuelo de la parcela municipal en la que se debe construir el aparcamiento. La ejecución se va retrasando y en 2008 se presenta el convenio definitivo con las deficiencias subsanadas. Un año después se emite informe técnico favorable aunque no se eleva propuesta de aprobación. Un trámite posterior acaba con otro informe, esta vez desfavorable,alegando que el subsuelo de la plaza debe ser de titularidad municipal.
Según el informe que se eleva a Comisión de Urbanismo, el Ayuntamiento cumplió todos sus compromisos, "excepto la cesión a EPSA del aprovechamiento excendentario y del 10 por ciento del aprovechamiento de cesión obligatoria". Por parte de EPSA se afrontan los proyectos de investigación arqueológica, el proyecto de obras para el aparcamiento subterraneo, el de viviendas protegidas e incluso un centro social.
Hay incumplimientos en este convenio, como señala el informe, derivados de los problemas de reparcelación. De hecho, no se han construido parte de las viviendas protegidas, las previstas en régimen de alquiler; no se han llevado a cabo las obras de urbanización.
De hecho, al haber transcurrido los cinco años para desarrollar actuaciones previstas, se podría resolver anticipadamente.
