El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en el Pleno que comenzará el próximo 2 de julio un borrador de sentencia que propone exonerar la malversación por la que se condenó a seis años de cárcel a la exconsejera de Hacienda de Andalucía Carmen Martínez Aguayo en el marco del 'caso de los ERE'.

Según ha publicado El Español y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, plantea anular la condena por malversación de Martínez Aguayo --que ya goza del tercer grado penitenciario-- al entender que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no pueden ser constitutivas de delito.

Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.

El texto propone ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia "exclusivamente" en lo relativo al delito de prevaricación, no así con el de malversación, en el que considera que no hay retroacción posible y aboga su exoneración.

Esta ponencia iría en línea con la que el Pleno aprobó la semana pasada, que anuló la condena de prevaricación de la también exconsejera de Andalucía y exministra socialista Magdalena Álvarez y ordenó a la Audiencia Provincial de Sevilla a dictar una nueva sentencia en la que rebaje su pena.

En concreto, el tribunal ordenó dictar un nuevo fallo que excluyese los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004. Las fuentes consultadas apuntan que ello se aplicará también en beneficio de Martínez Aguayo.

En la sentencia relativa a Álvarez, el Constitucional fijó que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, así como sus modificaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

En este sentido, incidió en que no son asuntos gubernativos sujetos de control penal y que "si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor".

Está previsto que el 2 de julio, además de estudiar el recurso de Martínez Aguayo, el Constitucional estudie los recursos de amparo de los condenados Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Todos los recurrentes fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación.

Según ha precisado el TC, la prioridad para estudiar y deliberar estos asuntos el 2 de julio se debe a la situación personal de prisión en la que se encuentra cada uno de ellos.

En el siguiente pleno, el del 16 de julio, los magistrados abordarán los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de los ERE por la que se les condenó a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y 9 años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente. También los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación.