El portavoz de Podemos Granada, Salvador Soler, ha advertido de que los informes emitidos por la Fiscalía de Granada y por la Inspección de Trabajo sobre las obras de canalización realizadas en varias calles de la ciudad, donde existían tuberías de fibrocemento -material que contiene el amianto cancerígeno- han puesto de manifiesto "diferencias relevantes en la valoración de los hechos investigados".

El decreto de la Fiscalía Provincial acuerda el archivo de las diligencias penales por no apreciar indicios suficientes de delito, pero el propio documento reconoce expresamente que la investigación realizada ha detectado "algunas irregularidades" en relación con las actuaciones analizadas.

Sin embargo, ha explicado Soler, el informe de la Inspección de Trabajo concluye que, a partir de las visitas realizadas y de la documentación aportada por las empresas, no se ha constatado manipulación de materiales con amianto sin medidas preventivas ni una omisión estructural de las obligaciones documentales exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales.

Según el informe de la Inspección de Trabajo, en las visitas realizadas los días 9 y 28 de octubre de 2025 no se observó manipulación activa de materiales con amianto en el momento concreto de la inspección. No obstante, el propio documento reconoce que sí se realizaron actuaciones puntuales de reparación de tuberías de fibrocemento ese mismo día, previamente a la visita inspectora.

Las obras investigadas forman parte de trabajos de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en distintas calles de Granada. con antiguas conducciones de fibrocemento, un material que contiene amianto, cuya manipulación está sujeta a una normativa estricta debido a los riesgos que puede representar para la salud.

El decreto de la Fiscalía recuerda que el archivo de las diligencias penales no implica necesariamente que no puedan existir irregularidades administrativas y subraya que su función se limita a determinar si los hechos investigados pueden constituir delito. Asimismo, el propio decreto señala que el archivo penal no impide el ejercicio de acciones en otras vías jurídicas, como la administrativa o la contencioso-administrativa.

Para el portavoz morado, abogado en ejercicio, ante la existencia de valoraciones diferentes en informes oficiales sobre la gestión de trabajos con amianto en un entorno urbano, resulta necesario que las administraciones implicadas aporten "explicaciones técnicas claras y completas". Cuando se trata de materiales con amianto, "la normativa exige niveles máximos de control, prevención y transparencia para garantizar la protección tanto de los trabajadores como de la población".