"Ni la Junta de Andalucía puede hacer pagar el pato a los ayuntamientos de una gestión autonómica clientelar que nos sale carísima, ni nuestro Ayuntamiento consentirlo a costa de los más débiles", ha manifestado la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Granada, Pilar Rivas. 

Rivas ha considerado "grave" que los recursos económicos s"e desvíen para mantener una red de agencias de colocación en una auténtica administración paralela" y, "más grave aún, el silencio y el consentimiento por parte de un Ayuntamiento que presume de gasto social". 

Los 450.000 euros en ayudas económicas de emergencia son una prestación que está perfectamente definida en la legislación como "prestaciones en dinero o especie de carácter individual o familiar, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades familiares debido a una situación sobrevenida", ha explicado. Sin embargo, en la actualidad, según ha asegurado, "estas ayudas están viniendo a cubrir la incompetencia de la Junta de Andalucía para dar respuesta estructural a la falta de medios para la subsistencia".

Rivas ha indicado que debe ser "una respuesta estructural porque hablamos de una situación estructural de destrucción de los medios de vida de una enorme mayoría de familias andaluzas, tanto por la destrucción del empleo como por el recorte en los servicios públicos. Una respuesta que puede venir a través de la generación de empleo, (competencia autonómica) a través de la promoción de un parque público de vivienda (competencia autonómica) que dé respuesta a la demanda real de vivienda asequible o ya sea a través de proporcionar una renta suficiente para la cobertura de necesidades básicas (competencia autonómica). Tal y como expresa el art. 23 del estatuto de autonomía que dice claramente que todos tienen derecho a una renta básica que garantice, en caso de necesidad, unas condiciones de vida digna y a recibirla".

Todas estas son, sin embargo, según ha añadido, "las necesidades que estamos cubriendo desde el Ayuntamiento mientras la Junta alardea de una renta mínima de la que nadie tiene noticias".

"Casi medio millón de euros de las arcas municipales que tienen un destino concreto y que están siendo desviados en silencio para esconder los trucos de la Junta para recortar una prestación tan importante en estos momentos, al final ni Salario Social ni Renta Mínima", ha denunciado la concejala.

"Lo que la Junta anuncia como un aumento en el presupuesto no es sino un recorte encubierto", ha añadido para indicar que "no es solo que no están destinando los 600 millones que según Save the children deberían ser invertidos para acabar con la pobreza infantil, y solo se han previsto 198 millones, sino que de esos 198,  82,5 millones se los acaban de ahorrar después de cinco meses en los que aún no hay ningún beneficiario". Un presupuesto que "ya no se ejecutará, más de 18.000 familias de las 45.000 a las que decían que iban a llegar". En este sentido se ha preguntado: "¿Se imaginan cinco meses sin poder hacer frente al agua, la luz, el alquiler, la comida o productos de aseo?". "A todas estas familias está intentando llegar el Ayuntamiento de Granada con sus 450.000 euros para contener a una ciudadanía abandonada, ¿ridículo no?", ha añadido, indicando que son 450.000 euros de los 12 millones aproximados que según sus cálculos le corresponden a Granada. 450.000 euros "que deberían tener otro destino intentando esconder el descubierto de 12 millones".

Y al respecto ha denunciado "el colapso" que esto supone para los servicios sociales. 

"Esto es lo que pedimos este mes al pleno, el acuerdo de todos los grupos municipales para que esta Corporación exija unánimemente a la Junta de Andalucía que deje de colarnos trucos y trampas en los presupuestos sociales, que cumpla no solo con lo que son sus competencias y con el Estatuto de Autonomía sino que cumpla con lo que dice".

La concejala plantea que no solo se solicite la puesta en marcha "inmediata" de la Renta Mínima y que se haga con la previsión de los medios suficientes, sino que "vuelvan a sentarse todos los grupos parlamentarios y de forma transparente y negociada lleguen a la mejor fórmula para financiar esa dotación de medios humanos para que, de ninguna forma, suponga ni un detrimento de una partida ya de por sí exigua y ahora imposible de ejecutar en su totalidad, ni un detrimento para el desarrollo de las competencias municipales o nuestros planes de inclusión, que son el SOS y el sostén de la vida comunitaria de los barrios y tarea para la que nadie nos va a sustituir", ha afirmado.