El Ayuntamiento de Monachil se ha adherido esta semana al Fondo de Ordenación para Entidades Locales del Gobierno de España para poder pagar los 6 millones de euros que debe a dos empresas constructoras por  sentencias judiciales relacionadas con licencias urbanísticas en la época del ‘boom’ del ladrillo, entre los años 2004 y 2007, cuando gobernaba el Partido Popular. 

El alcalde, José Morales, ha firmado la cláusula para este préstamo bancario, que asciende en total a 5,2 millones de euros -al descontar los 800.000 euros que el Consistorio ya ha abonado en los últimos años-, y señala que se trataba "de la última alternativa que nos ha quedado para evitar que el Juzgado interviniera nuestras cuentas y embargara los bienes del Ayuntamiento, lo que en la práctica significaría dejar de prestar servicios a nuestros vecinos"

El regidor lamenta que el Ayuntamiento haya tenido que acogerse a este fondo del Gobierno "en un momento en el que tantas familias necesitan nuestra ayuda, debido a la crisis sanitaria y económica del coronavirus, pero es la única alternativa para seguir prestando servicios municipales, y son las consecuencias de la desastrosa gestión de los Equipos de Gobierno anteriores".

Además, y para poder pagar estas sentencias judiciales, el Ayuntamiento también se ha visto este año obligado a subir el tipo impositivo del IBI por primera vez desde 2013, pasando del 0,591 al 0,65, "una medida que tampoco queríamos tomar, pero a la que nos hemos visto obligados para poder recaudar unos 400.000 euros anuales extra que servirán para pagar estas sentencias, y que revertiremos en tan pronto como nos sea posible", señala Morales.

Edificio Marisol y calle Tejares

La primera de las dos sentencias que el Consistorio debe pagar es la del denominado Edificio Marisol, que el PP autorizó construir en noviembre de 2004, según recuerda el Ayuntamiento. Se trataba de un bloque de 84 apartamentos ubicado en una parcela de la urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada, cuyas obras fueron paralizadas por  irregularidades en la concesión de la licencia de obras. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó por ello al Ayuntamiento de Monachil a pagar a la constructora Serralbol S.L. más de 4,5 millones de euros, incluyendo los correspondientes intereses. 

La otra sentencia urbanística a la que el Ayuntamiento debe hacer frente se refiere a un edificio de viviendas en la calle Tejares, que "el PP autorizó construir de manera ilegal, y por el que los vecinos de Monachil tendrán que abonar a la constructora Ferteban más de 1,5 millones de euros".

A estos 6 millones de euros de sentencias urbanísticas hay que sumarles, además, los 8 millones de euros de la deuda que el Ayuntamiento tenía con los bancos y proveedores, "y que nos encontramos cuando entramos a gobernar en 2015 -señala Morales-. Pese a todo, en los últimos cuatro años hemos logrado reducir esta deuda con los proveedores en más de 3 millones de euros, y hemos pagado 800.000 euros de la primera de estas sentencias judiciales, a razón de 19.000 euros mensuales". 

Además, "la buena gestión económica llevada a cabo en los últimos años nos ha permitido reducir notablemente el período medio de pago a proveedores, y reducir casi a la mitad la deuda bancaria que nos encontramos al entrar a gobernar, unos datos que nos animan a seguir trabajando en esta misma línea para que Monachil tenga lo antes posible sus cuentas saneadas", destaca. 

El alcalde pide a los vecinos "comprensión, porque estamos tomando decisiones muy difíciles, que nos afectan a todos y que se deben a la mala gestión de otros, pero es la única forma de afrontar esta deuda de 14 millones de euros que supone una enorme losa para Monachil y para las políticas que este equipo de gobierno quiere desarrollar" en este mandato.