El grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada ha sacado adelante en el pleno una moción para instar al Gobierno de la Nación a derogar la obligatoriedad de la implantación de la tasa de residuos que establece la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y que afectará a todos los municipios a partir del 10 de abril de 2025. Los ediles de PSOE y de Vox han votado en contra aunque "por motivos opuestos", como ha especificado tras la votación desde las filas socialistas el edil Eduardo Castillo.

Según el portavoz del gobierno municipal, Jorge Saavedra, la moción, presentada conforme al Reglamento de Organización Municipal, señala que esta nueva medida, impuesta por el Gobierno, representará un "nuevo ataque" a los bolsillos de los ciudadanos, ya que obliga a los municipios a repercutir íntegramente el coste de la gestión de residuos a los contribuyentes.

Además, el edil ha considerado en una nota de prensa que la obligatoriedad de esta tasa atenta contra la autonomía municipal, impidiendo que los ayuntamientos puedan gestionar la financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos conforme a las características y necesidades específicas de cada municipio.

Por otra parte en el caso de Granada, la edil de Economía, Rosario Pallarés, que ha defendido la moción en el pleno, solicita una moratoria de seis meses al no haberse producido la adjudicación del contrato de limpieza y residuos, siendo necesario la resolución contractual del mismo para poder determinar el coste de servicio de esta tasa hasta que en el nuevo contrato de limpieza ya esté correctamente determinado el coste de servicio.

El PP, con mayoría absoluta en el pleno de Granada, ha expresado su rechazo a que las entidades locales deban asumir el "cien por cien" del coste de la gestión de residuos, cuando en muchos casos los municipios ya han venido aliviando esta carga a través de recursos propios. Aseguran que esta medida no solo incrementará la presión fiscal sobre los ciudadanos, sino que también causará un "caos tributario" debido a la falta de claridad en la redacción de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, lo que podría dar lugar a interpretaciones distintas y a recursos judiciales en los tribunales.

"Lejos de incentivar el cumplimiento de los objetivos de la economía circular, desincentiva la inversión necesaria para avanzar en un modelo más sostenible y eficiente de gestión de residuos, lo que perjudica la implicación de los ciudadanos en la reducción y reciclaje de los residuos", sostiene el PP

Pallarés ha destacado que la nueva tasa, "lejos de incentivar el cumplimiento de los objetivos de la economía circular, desincentiva la inversión necesaria para avanzar en un modelo más sostenible y eficiente de gestión de residuos, lo que perjudica la implicación de los ciudadanos en la reducción y reciclaje de los residuos".

Por otro lado, la concejala de Economía ha defendido en la moción distintas acciones que mejorarían la aplicación de esta tasa, por una lado, respetar la autonomía municipal, permitiendo que los ayuntamientos sigan teniendo la capacidad de establecer sus propios tributos y aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos;

Además, derogar la obligatoriedad de la implantación de la tasa de residuos en todos los municipios y el establecimiento del "cien por cien" del coste; realizar un estudio detallado del impacto económico de la tasa, para permitir una definición precisa del coste por servicio; crear un Plan Nacional de infraestructuras para la Economía Circular, que apoye la creación de las infraestructuras necesarias para cumplir con los objetivos nacionales y europeos; o financiar las campañas de concienciación ciudadana para incentivar el reciclaje y la separación de residuos, entre otras cuestiones.

Con estas medidas, según Pallarés, "se pretende ofrecer mayor seguridad jurídica y autonomía financiera a los municipios, de los contrario, sería Un paso atrás para los ciudadanos y los municipios". La edil de Economía ha insistido en que la imposición de esta tasa, en un contexto económico difícil, afectará principalmente a las familias de menores recursos, que serán las más perjudicadas por el aumento de los costes asociados a la gestión de residuos. "Esta iniciativa se presenta como una nueva carga que afectará la calidad de vida de los ciudadanos y reducirá la capacidad de los municipios para gestionar los recursos de manera eficiente y autónoma", ha concluido.

En esta línea el Ayuntamiento de Granada solicita que se modifique la ley reguladora y contemple el establecimiento de un impuesto que grabe el tratamiento de los residuos con todos los elementos esenciales del mismo.

Ello conllevaría una mayor seguridad jurídica para los ayuntamientos, respetando la autonomía financiera y fiscal al permitir incluso la no implantación de este impuesto, al ser potestativo, dada la posibilidad legislativa que le plantea al consistorio de aplicar o no este impuesto, afirma la responsable del área económica municipal.

La directiva europea fija unos objetivos medioambientales de cara a 2030 sin estar estos objetivos ligados a alcanzarse mediante tasas o cualquier otro gravamen. La iniciativa ha contado con los votos en contra del PSOE, que ha defendido las medidas que vayan en favor de avanzar en la lucha contra el cambio climático, y de Vox, que, en la línea contraria, ha afeado al PP su "apoyo" a la Agenda 2030.