Marta Gutiérrez y Antonio Daponte declaran como investigados por la querella por calumnias que presentó Luis De Haro-Rossi
La concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, y el coportavoz de la formación Antonio Daponte han declarado como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 8 que instruye las diligencias por la querella por calumnias e injurias presentada por Luis De Haro-Rossi. El concejal y diputado provincial por Vamos Granada recurrió a la justicia tras las acusaciones que vertieron contra él tras el relevo de Gutiérrez como portavoz en el Ayuntamiento de Granada.
Después de que De Haro-Rossi y Pilar Rivas oficializaran ese relevo, la formación Vamos Granada envió un comunicado a los medios en el que los acusó de "golpe de mano". Entre otras acusaciones, ese comunicado señalaba, como recogió el concejal en su demanda, que ambos se habían valido de "medios ilegales", como "la interceptación en la comunicación de miembros del partido" o "el chantaje a los trabajadores para que apoyaran el golpe a cambio de conservar sus puestos de trabajo" para relevar a la portavoz.
Ahora el juez ha tomado declaración tanto a Daponte como Gutiérrez. La concejala ha declarado este miércoles y Daponte compareció el martes.
Según fuentes del caso, en sus declaraciones han eludido su responsabilidad en la publicación de esas notas de prensa, trasladando al juez que desconocen quién se encarga de ese paso en la página web de su partido. Ha matizado también que el comunicado fue suscrito por el partido a pesar de que la denuncia ha ido contra ella, según informa Europa Press. También ha defendido que el comunicado en sí no se dirige a este edil, sino a la "maniobra" a su juicio irregular para lograr el cambio en la portavocía, lo cual a su vez "se está defendiendo a nivel administrativo y judicial".
Para Haro-Rossi, esas declaraciones judiciales de Gutiérrez parecen reflejar que se trata de "un partido líquido".
La publicación en la página web de Vamos Granada, además de las informaciones al respecto recogidas en medios de comunicación, fue documentación aportada por el edil en su querella, un paso que dio tras una demanda previa de conciliación que acabó sin avenencia.