El PP avanza en la privatización de la sanidad pública andaluza. Es el modelo por el que apostó en el primer gobierno de derechas de Andalucía, y que certifica ahora cuando gobierna con mayoría absoluta en Andalucía.

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El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Prensa Junta

No habían pasado ni tres semanas desde las últimas elecciones andaluzas -el 19 de junio de 2022-, cuando el Gobierno andaluz, en funciones, redactaba una Orden en la que actualizaba las tarifas por los conciertos con la sanidad privada.

La Orden fijaba también por primera vez la privatización de la Atención Primaria: “65 euros. Primera consulta: 150 euros. 90 euros por las sucesivas. Consulta Alta Resolución: 215 euros”

En realidad, el “Proyecto de Orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios” actualizaba la anterior, de 1998, para abonar más a la sanidad privada por los conciertos.

El Independiente de Granada, en pleno verano - 13 de agosto- informaba de aquel proyecto de Orden de la aún Consejería de Salud y Familias. Entre otras reacciones que la información generó,  la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas consideró un ‘fraude político’ la Orden y lamentaba “la falta de respuesta política y sindical” ante lo norma que agudizaba el desmantelamiento de la sanidad pública.

La Orden fijaba también por primera vez la privatización de la Atención Primaria: “65 euros. Primera consulta: 150 euros. 90 euros por las sucesivas. Consulta Alta Resolución: 215 euros”.

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Extraído del anteproyecto de Orden sobre nuevas tarifas.

Aunque la Orden iba a ser aprobada en septiembre, la Junta, una vez superado el trámite de exposición pública, la dejó reposar. Seis meses después, la Consejería de Salud y Consumo la reactiva.

Por Andalucía: El SAS plantea "privatizar" la atención primaria con hospitales públicos para pruebas concertadas

Ha sido la portavoz de Por Andalucía, Imnaculada Nieto, quien este lunes denunció que la Junta ultima una normativa para "privatizar la atención primaria" en la comunidad al permitir que empresas privadas "utilicen" hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para realizar pruebas u operaciones "concertadas" con la sanidad pública.

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La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en un Pleno del Parlamento. alfredo DE ANCA/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Según criticó, si se aprueba en los términos previstos la Orden que elabora la Consejería de Salud y Consumo, "se permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la atención primaria, estableciendo los precios que pagará el SAS por estos servicios"

Según criticó, si se aprueba en los términos previstos la orden que elabora la Consejería de Salud y Consumo, "se permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la atención primaria, estableciendo los precios que pagará el SAS por estos servicios".

En concreto, el anexo de tarifas de dicha orden establece un pago de 150 euros por la primera consulta médica de atención primaria y de 90 euros para las sucesivas que serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en instalaciones de clínicas privadas, pero Por Andalucía censuró que la orden "también fija la cuantía para las que se realicen en la propia red sanitaria pública en un movimiento inédito por el que las empresas privadas podrán utilizar hospitales y centros de salud públicos para desarrollar actos clínicos que previamente les haya derivado el SAS".

Según este grupo parlamentario, el hecho de que la Orden plantee "habilitar a la Junta para fijar las tarifas que abonará a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración" supone "poner a disposición de las empresas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del propio SAS".

Nieto calificó como un "completo escándalo" las intenciones del Gobierno de Juan Manuel Moreno y advirtió de que "aprobar esta norma supondría un golpe durísimo al SAS y sus profesionales y a toda la ciudadanía". A su juicio, "Moreno está engañando al personal sanitario, especialmente al de atención primaria, porque mientras les prometía mejoras para evitar huelgas y movilizaciones, estaba preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo".

Nieto calificó como un "completo escándalo" las intenciones del Gobierno de Juan Manuel Moreno y adviertió de que "aprobar esta norma supondría un golpe durísimo al SAS y sus profesionales y a toda la ciudadanía"

"Queda en evidencia la verdadera hoja de ruta del PP-A, que sigue los pasos de desmantelamiento de la sanidad pública ya andados por este partido en otras comunidades autónomas y especialmente en Madrid", añadió la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, que detalló que la Orden "comenzó la última fase de su tramitación el 8 de julio de 2022, apenas dos semanas después de las elecciones autonómicas en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta".

Nieto también vinculó la aprobación de esta orden al futuro de los nuevos hospitales y centros sanitarios andaluces. "El PP ha corrido mucho invirtiendo fondos europeos en mejorar o construir nuevos hospitales, pero no ha puesto sobre la mesa la imprescindible plantilla sanitaria que necesitan para atender a pacientes. Ahora queda clara la estrategia, que no es otra que convertirlos en una especie de edificios de coworking en los que, tras invertir dinero público en remodelarlos y equiparlos, trabajarán por encargo las empresas privadas beneficiadas por los conciertos", subrayó.

"Ante la gravedad de las intenciones del Gobierno de Moreno de privatizar la Atención Primaria y de permitir que las empresas privadas de salud hagan negocio en nuestros propios hospitales", su grupo solicitó la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en el Parlamento

"Ante la gravedad de las intenciones del Gobierno de Moreno de privatizar la Atención Primaria y de permitir que las empresas privadas de salud hagan negocio en nuestros propios hospitales", su grupo solicitó la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en el Parlamento.

Espadas insta a Moreno aclarar públicamente si plantea "un cambio de modelo y una privatización de la Atención Primaria"

Al respecto, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, exigió "una explicación pública" tanto al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP-A), como a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para que aclaren si dicho departamento del Gobierno andaluz plantea "un cambio de modelo y una privatización clara de la atención primaria" de la sanidad pública andaluza.

El líder socialista ha alertado de que Andalucía sigue siendo "la comunidad autónoma en la que una persona tarda más tiempo en que le dé cita su médico de Atención Primaria"

El líder socialista ha alertado de que Andalucía sigue siendo "la comunidad autónoma en la que una persona tarda más tiempo en que le dé cita su médico de Atención Primaria" -"entre siete y nueve días de media, y en algunos casos más", según ha advertido-, de forma que la situación "claramente no es la idónea", y requeriría de "una estrategia específica, de una reorganización de esos servicios y más recursos para mantener a esos profesionales sanitarios y que no se nos fueran", argumentó.

Sobre la Orden, Espadas señaló que "plantea ya un modelo de conciertos y unas tarifas concretas para financiar a la sanidad privada y desviarle pacientes de la atención primaria o de los centros de salud" porque éstos "no tengan capacidad para atenderlos”

"Ha ocurrido todo lo contrario", y "los recursos económicos adicionales no han mejorado la calidad del servicio, a pesar de que el Gobierno de España ha transferido incluso recursos específicos a las comunidades autónomas para Atención Primaria", según lamentó Espadas antes de sostener que, "por tanto, está claro que algo está fallando".

Ante esta realidad "hay dos posibilidades", que pasan, o bien porque "se está gestionando peor, o es que sencillamente caminamos hacia otro modelo, aunque el Gobierno andaluz no lo quiera reconocer".

Sobre la Orden, Espadas señaló que "plantea ya un modelo de conciertos y unas tarifas concretas para financiar a la sanidad privada y desviarle pacientes de la atención primaria o de los centros de salud" porque éstos "no tengan capacidad para atenderlos”.

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Moreno dialoga con Espadas, en un Pleno del Parlamento. Francisco J. Olmo

Para el líder de la oposición andaluza, está "blanco y en botella" que dicho proyecto de orden "lo que significa es que el Gobierno andaluz, y no lo ha explicado de manera clara y transparente a los andaluces, lo que está planteando es que la atención primaria sea una atención primaria de segunda, en la que una parte de las personas sean vistas en un centro de salud con sanidad pública, y otras puedan ser atendidos con fondos públicos en la sanidad privada".

Espadas criticó que, "en ese concierto y en esas tarifas, se paga 16 veces más a un médico que en la sanidad privada pudiera atender a un paciente de Atención Primaria de lo que se paga un médico en el Servicio Andaluz de Salud, en la sanidad pública, y eso es inaceptable, absolutamente intolerable", según sostuvo

Espadas criticó que, "en ese concierto y en esas tarifas, se paga 16 veces más a un médico que en la sanidad privada pudiera atender a un paciente de Atención Primaria de lo que se paga un médico en el Servicio Andaluz de Salud, en la sanidad pública, y eso es inaceptable, absolutamente intolerable", según sostuvo.

En esa línea, el líder socialista preguntó que, "si tenemos recursos económicos" en Andalucía, "por qué no los inyectamos en la sanidad pública, pagamos mejor a nuestro personal sanitario y, de esa manera, los usuarios de ese servicio, los pacientes, estarán más satisfechos", ya que, en su opinión, "lo que demanda la gente es una mejor sanidad pública, una mejor atención primaria, y no transferir esos recursos a un modelo mixto de sanidad privada y sanidad pública".

Dicho último modelo, apostilló Espadas, es "el del Gobierno de la Comunidad de Madrid" que preside Isabel Díaz Ayuso, y "que tiene un nivel de satisfacción en los ciudadanos como el que pudimos comprobar ayer en la manifestación" que se celebró en la capital española en defensa de la sanidad pública.

Consejera de Salud: "No vamos a privatizar la sanidad pública andaluza". La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, aseguró que su departamento y el Gobierno de Moreno "no va a privatizar la sanidad pública andaluza, no lo va a hacer" ni en los centros, ni en atención primaria ni hospitalaria; considerando que "en campaña no todo vale y lanzar mensajes que puedan incurrir en error a la población es peligroso".Así lo ha dicho cuestionada por periodistas en Antequera sobre la denuncia pública del grupo de Por Andalucía.

García explicó que lo que está haciendo la Junta "es modificar una orden de tarifas del año 1998", la cual mejora, estableciendo "un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en la comunidad autónoma andaluza". 

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"Insisto en que este Gobierno no va a privatizar absolutamente nada", ha señalado García, quien, de hecho, ha asegurado que "lo que está sucediendo es lo contrario", apuntando, por ejemplo, que Andalucía "no tenía pet tac en tres provincias, Almería, Jaén y Huelva, y va a tenerlo, lo que supone que pet tac que se externalizaban se van a hacer por el SAS".

Este nuevo proyecto sobre orden de tarifación para concertación de asistencia sanitaria "mejora al derogado de 1998, no solo en la que actualiza la obsolescencia anterior, sino que aporta otros beneficios", ha indicado la consejería en un comunicado, apuntando que "contempla todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario -incluidas todo tipo de consultas, tanto de Atención Primaria como especializada-".

Asimismo, indicó que "tener previsto en una norma es obligación de toda administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo pandemias, situaciones de catástrofe, etcétera".

La consejera ha pedido "compromiso y sensatez" y consideró que se pretende "desviar la atención" cuando, ha defendido, el Gobierno andaluz "lo que ha dado es señas de todo lo contrario, con el mayor presupuesto de la historia en sanidad, 4.000 millones más que 2018, 30.000 profesionales más, más centros hospitalarios y más centros de salud".

Cuestionada por el hecho de que un médico de la sanidad privada pueda utilizar una instalación del SAS, García djo que "ya se está haciendo en otras regiones, gobernadas por el PSOE, por ejemplo Extremadura o Valencia" y explicó que supone que "profesionales privados, por ejemplo, anestesistas, que es lo que está pasando en esas comunidades, puedan trabajar dentro de un quirófano público". "Es decir, el equipo sigue siendo del SAS pero incorpora ese profesional privado que está en déficit",manifestó.

Sindicatos critican la "privatización a escondidas" de la primaria y no descartan huelga "si la negociación no mejora"

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF criticaron la "privatización a escondidas" de las consultas de atención primaria, toda vez que aseguran que no descartan la huelga si la negociación sobre este nivel asistencial "no mejora" y lamentan que la administración "mantenga al margen" de un planteamiento semejante a las organizaciones que legítimamente representan a los trabajadores de la sanidad pública andaluza.

"De soslayo, a escondidas y camuflado entre tarifas de distintas pruebas diagnósticas, quieren incluir el concierto de dichas consultas como la panacea para hacer funcionar una atención primaria que carece de una gestión política que haga fácil el trabajo de los profesionales y más accesible para sus usuarios"

De este modo, desde UGT Servicios Públicos Andalucía denuncian que el "caos en atención primaria cada vez es mayor, la demora para ver a un profesional de la medicina o de la enfermería continúan, el diálogo con profesionales y sus representantes brilla por su ausencia, las agresiones están en alza" y las soluciones que se plantean desde la Consejería son "hacer trabajar más a los médicos -12 horas seguidas para ver a 60-70 pacientes-; aumentar la edad de jubilación a estos y a los enfermeros y, la tercera, privatizar las consultas de atención primaria", critican.

"De soslayo, a escondidas y camuflado entre tarifas de distintas pruebas diagnósticas, quieren incluir el concierto de dichas consultas como la panacea para hacer funcionar una atención primaria que carece de una gestión política que haga fácil el trabajo de los profesionales y más accesible para sus usuarios", señala el sindicato en un comunicado.

Para UGT Servicios Públicos Andalucía los dirigentes de la Consejería de Salud "no pueden tomar peores decisiones, y en menos tiempo". "Exigimos soluciones reales y la intervención al más alto nivel del gobierno andaluz para evitar que la ciudadanía y los profesionales sigan padeciendo esta nefasta gestión", aseveró UGT.

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, aseguró que "es lamentable que la administración mantenga al margen de un planteamiento semejante a las organizaciones que legítimamente representan a los trabajadores de la sanidad pública andaluza"

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo, explicó que su sindicato conoció el borrador de orden sobre convenio de la Junta de Andalucía con la sanidad privada "en pleno mes de agosto y por casualidad, dado que nos excluyeron del trámite de audiencia por no ser de nuestro interés".

De otra parte, el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, aseguró que "es lamentable que la administración mantenga al margen de un planteamiento semejante a las organizaciones que legítimamente representan a los trabajadores de la sanidad pública andaluza".

FACUA Andalucía considera muy grave que la Junta permita a empresas sanitarias usar espacios públicos

FACUA Andalucía calificó como muy grave que el Gobierno andaluz contemple la posibilidad de que las empresas sanitarias privadas puedan hacer uso de instalaciones públicas, según se recoge en el proyecto de Orden por el que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En el borrador de este documento, concretamente en la disposición adicional segunda, se incluye que la Consejería de Salud podrá "determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan"

En el borrador de este documento, concretamente en la disposición adicional segunda, se incluye que la Consejería de Salud podrá "determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan".

La federación manifiesta su preocupación ante el hecho de que por parte del organismo andaluz de salud cada vez más se tiende a suplir con entidades privadas la atención que debe prestar a los ciudadanos a través de convenios y conciertos, lo que supone una privatización encubierta de la sanidad pública y una pérdida de calidad en la atención.

La normativa permite la colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público por medio del concierto y los convenios de vinculación, aunque esta situación no se podría calificar ya como una mera colaboración.

La federación entiende que deberían destinarse más medios económicos a la sanidad de ámbito público, para que desde la misma se pudieran llevar a cabo todas las pruebas e intervenciones que se están derivando a la privada dentro de los plazos de calidad asistencial establecidos, apostando por una atención pública dotada de medios humanos y materiales suficientes

FACUA Andalucía ya se dirigió el pasado mes de agosto a la Consejería de Salud para presentar aportaciones al proyecto de Orden por el que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La federación ya criticó en su día que esta norma no se acompañase de memoria económica alguna con los contenidos suficientes como para poder comprobar lo que se ha abonado en los convenios suscritos por el SAS con las distintas entidades privadas hasta la fecha.

La federación entiende que deberían destinarse más medios económicos a la sanidad de ámbito público, para que desde la misma se pudieran llevar a cabo todas las pruebas e intervenciones que se están derivando a la privada dentro de los plazos de calidad asistencial establecidos, apostando por una atención pública dotada de medios humanos y materiales suficientes.

Bajo el criterio de FACUA Andalucía, este comportamiento es muestra de la clara apuesta del gobierno andaluz por la sanidad privada, en detrimento de la pública, y responde a un intento de beneficiar a empresas del sector de la salud.

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