La Junta de Andalucía ha denunciado este martes que la comunidad autónoma ha perdido 6.570 millones de euros de inversión privada en los últimos años -incluidos 2.800 millones de euros relativos a energías renovables--, que habrían creado 92.000 empleos por el "colapso administrativo" provocado por la "apatía, dejadez e incapacidad" del anterior gobierno del PSOE-A, que llegó a acumular hasta 4.367 expedientes sin resolver únicamente en la Consejería de Medio Ambiente, algunos con más de diez años de antigüedad.

La provincia de Granada, según esos datos, representa el 9,3 por ciento de los expedientes. Son 405 trámites y casi 8.560 puestos de trabajo.

Así lo han asegurado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que han censurado la "falta de responsabilidad" de los socialistas en la "gestión del dinero público" de la Junta.

Bendodo ha detallado que los proyectos perdidos por este "colapso administrativo" afectan a las ocho provincias andaluzas como consecuencia de que la Junta no contestaba "ni sí ni no" a los empresarios interesados "y los temas acababan muriendo porque no se les atendía" y ahora la prioridad del "gobierno del cambio" es "recuperar" esas inversiones y que "se queden en Andalucía" los promotores "que aún no se hayan ido".

En su opinión, Andalucía debe ser la mejor tierra "para vivir y para visitar pero también para invertir" porque la pérdida de inversión privada se traduce en una importante "cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que no se han creado". Bendodo ha subrayado que los anteriores gestores de la Junta no entendían que "los empleos los crean los empresarios, no los partidos ni las administraciones, que tienen la obligación de poner el canal y los medios para facilitar la actividad empresarial".

Según ha advertido, la tramitación de estos expedientes ha llegado en ocasiones a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos. Esta parálisis también se traduce en la pérdida de unos 92.000 empleos potenciales, que representan más del once por ciento de la población desempleada en Andalucía. La consejería considera que, sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50 por ciento de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo para los andaluces.

La Junta ha acordado modificar la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y, así, aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ello seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, no obstante, "mantendrán siempre todos los requisitos de protección al medio ambiente".

Por otro lado, la consejería va a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resolver los expedientes, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales. Esta ampliación se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración.

Expedientes pendientes

El informe elaborado por la consejería concluye que, en la actualidad, hay 4.367 expedientes pendientes de resolver. De ellos, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental.

En este último ámbito se encuentra, entre otros trámites, la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años. O la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.

Plan específico para chiringuitos

El departamento de la Gestión del Litoral contempla las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, donde se incluyen 648 expedientes de chiringuitos. Estas licencias serán objeto de un plan específico dirigido a dar solución a un problema concreto, cuyo procedimiento es tan complejo que impide calcular los tiempos de espera para obtenerlas. Se trata de una actividad con gran relevancia para la comunidad autónoma andaluza desde el punto de vista económico y turístico. El plan garantizará la seguridad jurídica y el respeto de los requisitos medioambientales.

En una primera estimación aplicada al caso de almazaras, por ejemplo, el 80 por ciento de estas vería reducidos los plazos de tramitación al requerírseles sólo una calificación ambiental, en lugar de una autorización ambiental unificada. Esta última calificación sería únicamente para las almazaras que se encuentren ubicadas fuera de un polígono industrial, estén a menos de 500 metros de una zona residencial y ocupen una superficie de más de una hectárea.

Otra muestra de simplificación administrativa que se lograría con la modificación planteada es que alrededor de un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejaría de tramitarse por Autorización Ambiental Unificada para pasar a hacerlo mediante una Calificación Ambiental. En este caso, las instalaciones beneficiadas serían las de pequeño tamaño ubicadas en naves situadas en un polígono industrial.