El portavoz del Gobierno andaluz junto a los consejeros de Presidencia y Política Industrial. eduardo briones

La Junta de Andalucía seguirá utilizando las contrataciones de emergencia implantadas durante la pandemia, a pesar de que la normativa a la que se acoge está ya derogada, al menos hasta que el Servicio Andaluz de Salud implante a partir de junio un nuevo modelo. 

Lo que ha venido haciendo el Gobierno de Juan Manuel Moreno es adjudicar contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva acogiéndose a la vía de emergencia establecida, durante los momentos más duros de la pandemia, para agilizar las compras sanitarias. Pero lo ha seguido haciendo cuando ya esa normativa estaba derogada, como desveló eldiario.es.

Tanto la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, este lunes en Granada, como el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, este martes en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo, han insistido en que esas contrataciones contaban con el aval del gabinete jurídico y que se hicieron de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratos, además de haber sido fiscalizadas por la Intervención General de la Junta y la Cámara de Cuentas. 

Y Fernández-Pacheco ha ofrecido datos sobre lo que esas contrataciones, por un valor de 243 millones de euros según la citada información, ha supuesto en cuanto a derivaciones de pacientes a la privada y pruebas. Así, según ha trasladado el portavoz del Gobierno andaluz a los periodistas, esos contratos de emergencia, que la Junta rechaza denominar "a dedo", han supuesto la realización de un millón y medio de pruebas diagnósticas y 100.000 intervenciones quirúrgicas. 

La consejera de Salud atiende a los periodistas, este lunes en Granada. junta de andalucía

A partir de junio, el SAS dejará de recurrir a esos contratos fuera del marco legal para implantar un nuevo modelo

La Junta ha tratado desde este lunes de incidir en que la pandemia sigue y también sus consecuencias, y que por esta razón se recurrió a esa vía de emergencia. Esos contratos a dedo seguirán utilizándose, como se ha indicado, hasta que esté perfilada la nueva fórmula. Según Fernández-Pacheco, ese nuevo modelo tiene como objetivo que no se sigan prorrogando los contratos de emergencia y avanzar en "transparencia".

Supondrá, según ha explicado, pasar de un sistema descentralizado a un sistema más centralizado que permita optimizar los recursos para prestar los servicios públicos de la mejor manera, y ha indicado que además el objetivo es que no se sigan prorrogando contratos de emergencia.

Fernández-Pacheco ha negado cualquier tipo de "discrecionalidad" en el ámbito de las contrataciones de emergencia durante la situación de pandemia, y ha recalcado que todas las contrataciones se hicieron de acuerdo con la Ley de Contratos y con el aval del gabinete jurídico de la Junta, y han sido fiscalizadas tanto por la Intervención General como por el Tribunal de Cuentas, al que se ha remitido toda la información que ha solicitado.

Ha defendido además que todo se ha hecho con "transparencia": "Este Gobierno no hace adjudicaciones a dedo, sino que actúa con absoluta transparencia".

El portavoz de la Junta admite que ese tipo de contratos de emergencia debe ser algo "residual"

Estas contrataciones de emergencia supusieron la realización de un millón y medio de pruebas diagnósticas y de más de 100.000 intervenciones quirúrgicas, según los datos que ha trasladado el portavoz de la Junta que ha recalcado al respecto: "La máxima del Gobierno ha sido salvar vidas, y todo ha sido absolutamente legal".

Según ha dicho, todos los contratos de emergencia se publican en el portal de transparencia de la Junta: "Transparencia, legalidad y rigor a la hora de contratar".

Pese a todo, ha reconocido que la contratación de emergencia debe ser algo "residual", evidentemente, "pero estamos hablando en este caso de contrataciones de emergencia que estaban justificadas".

Moreno, en una visita a Granada en enero pasado. á.Cámara/EP archivo

El PSOE pide responsabilidades a Moreno

El PSOE de Andalucía ha reclamado esta tarde "responsabilidades" al Gobierno andaluz después de que haya reconocido que trabaja en la elaboración de una nueva normativa contractual por cuanto en junio de este año concluirá la prórroga de los contratos que ha ido haciendo bajo el paraguas de un decreto estatal derogado, que estuvo en vigor para acelerar las contrataciones durante la pandemia de coronavirus.

El PSOE ha apuntado en una nota recogida por Europa Press que esa iniciativa del Gobierno andaluz de dejar de prorrogar contratos al amparo de una normativa extinta supone "reconocer de manera clara que llevan dos años contratando fuera del marco legal de la pandemia".

Los socialistas han considerado que este anuncio del Gobierno andaluz, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre una información publicada por la edición andaluza de elDiario.es y que en la pasada legislatura el PSOE abanderó el abuso de contratos por el Gobierno andaluz, supone "una reacción a la desesperada que demuestra que han actuado de manera irregular a sabiendas".

Por ello, los socialistas andaluces han exigido al Gobierno andaluz "responsabilidades al máximo nivel", antes de apuntar que "se reservan el ejercicio de acciones legales ya que han sido 243 millones de euros de fondos públicos desviados de manera irregular a la sanidad privada, por lo que se conoce hasta el momento, según datos de la propia Junta".

"El Gobierno andaluz debe responder por el dinero de todos los andaluces y andaluzas que fue a parar de forma opaca a la sanidad privada, en lugar de destinarse a contratar más sanitarios o a mejorar la atención en los centros de salud que están colapsados", sostiene el PSOE

"El Gobierno andaluz debe responder por el dinero de todos los andaluces y andaluzas que fue a parar de forma opaca a la sanidad privada, en lugar de destinarse a contratar más sanitarios o a mejorar la atención en los centros de salud que están colapsados", ha afirmado.

El PSOE-A ha criticado el momento en que el Gobierno andaluz ha tomado la decisión de cambiar la normativa de los contratos de emergencia con la sanidad privada después de esgrimir que el decreto que los amparaba decayó el 9 de mayo de 2021, mientras que ha recordado la denuncia del PSOE sobre "la realización de estos contratos irregulares durante dos años, a dedo, sin control, ni transparencia".

Ya esta mañana en rueda de prensa, el PSOE-A no descartó llevar a los tribunales el "desvío" por parte del Gobierno andaluz de "cientos de millones de fondos públicos a la sanidad privada" a través de contratos "a dedo", sin "control y sin transparencia".

En rueda de prensa, el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha denunciado que el Gobierno andaluz lleva "dos años adjudicando a dedo, sin control, por un procedimiento de emergencia Covid, lo que es un desvío masivo en fraude de ley de fondos públicos a la sanidad privada, que estamos investigando al máximo y pediremos explicaciones en el Parlamento y responsabilidades".

IU ve un "presunto caso de corrupción"

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha calificado este martes como "presunto caso de corrupción" que la Junta de Andalucía siguiera recurriendo a una normativa derogada para hacer contratos con las mismas premisas que estuvieron vigentes para afrontar la pandemia de coronavirus, por lo que ha reclamado que "esto se tiene que aclarar" en alusión a "dar a dedo a clínicas privadas 117 millones, fuera del amparo legal" y advertir que "con el dinero público no se juega".

En una atención a medios de comunicación tras reunirse con la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Fandas), Valero ha afirmado que "tomaremos las vías que sean necesarias", la primera de las cuales ha sido reclamar "todos los expedientes de los contratos a dedo que ha hecho Salud con clínicas privadas fuera del amparo legal del decreto de pandemia", un hecho al que ha sumado que esa forma de proceder con los contratos sanitarios ha sido "a pesar de que la Consejería de Hacienda dijo que no se podía hacer".

El líder de IU Andalucía ha apuntado "el enorme cinismo" del Gobierno andaluz después de plantear que "esto lo hacía Moreno Bonilla a la misma vez que despedía a 8.000 sanitarios porque no había necesidades asistenciales", por lo que ha colegido que esa práctica de seguir adjudicando contratos sanitarios al amparo de una normativa que estuvo vigente durante el Covid pone de manifiesto "la obsesión del PP por derivar fondos públicos a clínicas privadas".

Valero ha estimado que esta situación con los contratos sanitarios "más que una chapuza como ocurrió con los contratos exprés, que ya tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, esto puede ser un caso de corrupción que nos preocupa mucho porque se da en un ámbito fundamental como es el ámbito sanitario".

Las reacciones:

• Por Andalucía cree que la contratación de Salud podría recordar al "corazón de los ERE" y pide informes de Intervención

• Adelante ve a Junta "muy nerviosa" porque con la prórroga de contratos sanitarios "le han cogido con el carrito del helado"

• El PSOE-A ve "corrupción" en los contratos sanitarios de emergencia de la Junta: "Los amigos de Moreno no lloran, facturan"