En noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de Diputados puso en marcha una Subcomisión para dar inicio al proceso de elaboración común y consensuado por todos los grupos políticos de un Pacto de Estado contra la Violencias Machistas o Violencia de Género, como se le conoce comúnmente.

Hasta ese momento, lo que motivó este paso tan necesario era un historial de asesinatos (73 feminicidios y asesinatos en 2017, y 738 feminicidios entre 2007 y 2017 en nuestro país), de  denuncias (28.000 denuncias por maltrato en 2015), de críticas a un sistema despreocupado con las violencias que reciben las mujeres a diario, a todo un caudal de movilizaciones e iniciativas de los grupos feministas para prevenirlas, detectarlas y denunciarlas, junto a la elaboración de discursos teóricos cuya finalidad ha sido señalar la raíz y el entramado de las violencias machistas. Este volumen de acciones y debates ha llevado a la agenda política este conflicto de difícil solución y que hoy, con leyes específicas y reglamentos, necesita de una profunda revisión.

Las cifras demuestran que algo no funciona, destacando dos elementos esenciales para la comprensión de por qué esta situación tiene escasa repercusión política e institucional: primero, hay un proceso sistemático de hostigamiento y asesinato de mujeres instalado en esta sociedad patriarcal, que se llama machismo, el cual impregna y trastoca toda la vida democrática de nuestro país, que no está siendo entendido ni abordado suficientemente desde las instancias responsables. A ello me referiré más adelante. Segundo, precisamente por ser un problema que afecta, fundamentalmente, a mujeres (aunque no nos olvidamos de las personas con un perfil feminizado), cumple a rajatabla la regla de invisibilización y despolitización, bajo la premisa de que todo lo que atañe a las mujeres sigue siendo un asunto privado y, por tanto, secundario. 

Del desarrollo de comparecencias y debates para la elaboración del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género nos llama la atención lo poco que ha trascendido a la sociedad

Del desarrollo de comparecencias y debates de la Subcomisión para la elaboración del futuro Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, muy intenso y de una enorme actividad  por parte de 11 vocales, 10 suplentes y de las 60 comparecientes, nos llama la atención lo poco que ha trascendido a la sociedad, ¿Quién ha seguido este proceso?, ¿Cuántas portadas ha ocupado en los diarios?  La marcha estatal contra las violencias machistas del 7 de noviembre de 2015, emanada de la sociedad civil al hilo de la indignación de cientos de grupos feministas, secundada por cerca de millón y medio de personas para exigir que las violencias sean asunto de Estado, parece que ha sido olvidada, a pesar de que supuso un antes y un después en la forma de entender el problema en todas sus dimensiones y la necesidad de hacerlo en el espacio público.

El caso de Juana Rivas ha despertado del letargo el problema de la difícil relación entre las violencias machistas y las instituciones, constatando que sigue siendo necesario conocer en profundidad este asunto, ahora revisado y ampliado a otros tipos de violencias machistas, a los efectos de tales violencias sobre las y los menores, y al tratamiento y lectura que la justicia da a las leyes.

Los posicionamientos en favor de la desobediencia civil de Juana, conocedores de sus riesgos, junto a un trabajo de apoyo y sensibilización colectivo en todo el país a través de concentraciones, manifestaciones, relatos y campañas en la prensa y las redes, nos hace situarnos en este momento ante tres aspectos importantes:

La situación de Juana no es única porque es común a muchas otras mujeres. Una situación desesperada: se enfrenta a un delito penal que puede llevarla a la cárcel, sin las garantías de un sistema democrático que dé seguridad a sus hijos, ahora en Italia y sin comunicación con ella por decisión de su ex-marido, sometida a una campaña machista de difamación personal, y no olvidemos, sin el amparo de la justicia. Esto muestra insuficiencias en el Dictamen  emanado de la Subcomisión al no dar respuestas a estas situaciones.

Este Informe técnico parlamentario, con algunos de sus avances, que los tiene, trata de manera insuficiente la violencia institucional que de nuevo se ha puesto de manifiesto en el caso de Juana Rivas. El de Juana ha sido un proceso jurídico plagado de errores y deficiencias, entre las que es necesario destacar la incomprensión, tanto de las causas que generan las violencias machistas como de las razones que han motivado que ella desobedezca el dictamen legal.

Un pacto debe recoger y despertar la sensibilidad social frente a un tema tan dramático e irresoluble con las herramientas actuales de nuestro Estado

Una respuesta a esta situación debería ser abrir el proceso de elaboración legislativa del Pacto de Estado a toda la sociedad organizada o no. Un Pacto debe recoger y despertar la sensibilidad social frente a un tema dramático e irresoluble con las herramientas actuales de nuestro Estado. ¿No será coherente llegar a un proceso de sensibilización social a través de nuestros medios de comunicación, implicados en debates plurales sobre las causas y consecuencias de las violencias machistas? ¿No será necesario recabar muchas otras voces que desde la sociedad civil implicada en posicionamientos feministas, está lanzando mensajes y propuestas a través de sus cientos de iniciativas?: menores con derechos; máxima autonomía para las mujeres que sufren violencias en las decisiones que tomen, ahora excesivamente sujetas a las instituciones y a sus procesos por su "condición" de víctimas; garantía habitacional; autonomía económica; garantías en su condición y disfrute de derechos para aquellas mujeres que sufren violencias en nuestro país pero no tienen papeles; atención a las trabajadoras sexuales y a los efectos de las violencias por los que pasan, hasta ahora ignorados; conversión en servicios públicos de los servicios externalizados o privatizados, de atención  a las mujeres, menores y grupos receptores de violencias machistas; prevención amplia y transversal que devuelva al sistema educativo y a las familias el derecho usurpado de conocer los debates y participar en ellos sobre la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las violencias y en su eliminación, etc.

Un Pacto realmente social, sacado de la maquinaria parlamentaria para compartirlo con la sociedad sensibilizada en materia de violencias es una propuesta necesaria y urgente, dado que las instituciones, en estos momentos, se están mostrando desorientadas o sencillamente insensibles a las violencias machistas.

Este sábado 9 de septiembre, el lema de la manifestación en Granada en apoyo a Juana y a todas las Juanas cuyas experiencias de violencia son incomprendidas por las instituciones, es: "Contra la violencia institucional. Justicia para Juana". Allí nos vemos, a las siete de la tarde, en La Caleta. 

Victoria Robles Sanjuán es enlace de Feminismos en Podemos Granada Provincia

victoriaroblessanjuan_.jpg