Izquierda Unida ha expresado su oposición a la "drástica subida" de las tarifas del transporte urbano en la ciudad de Granada anunciada por el Partido Popular desde el gobierno municipal. Francisco Puentedura, coordinador local de Izquierda Unida, ha calificado esta decisión como un "absoluto despropósito que coloca a la ciudad como la segunda con el transporte público más costoso de España, solo superada por Barcelona”.

El aumento "exagerado" en las tarifas del transporte público en Granada no solo afecta a la economía de la ciudadanía, al provocar una bajada en el número de viajeros, baja la rentabilidad del servicio de autobús. Dado que el costo del servicio se calcula por la distancia recorrida, independientemente del número de pasajeros a bordo, "el encarecimiento del billete, convierte en mejor opción los servicios de autobuses metropolitanos y el metro, esto crea un problema donde los tres tipos de transporte público, que son pagados con los impuestos de la gente, compiten entre sí, haciendo que los costos suban sin que la cantidad de personas que lo usan aumente en la misma medida".

Puentedura ha destacado "la falta de visión metropolitana" en las decisiones del Ayuntamiento de Granada, señalando que estas están "perjudicando tanto al transporte público en la ciudad como a los usuarios, especialmente a estudiantes y familias modestas". Además, ha criticado "la falta de integración con otros sistemas de transporte público, como el metro y el autobús metropolitano, afirmando que estas decisiones atentan contra el objetivo de favorecer el transporte colectivo y público en la ciudad".

El coordinador local también ha hecho hincapié en la importancia de avanzar hacia un modelo de billete único que incluya autobuses metropolitanos, urbanos y el propio metro, con tarifas y bonificaciones uniformes y transbordos gratuitos. Ha argumentado que no solo contribuiría a mejorar la calidad del aire en la ciudad, sino que también favorecería el tráfico y la calidad de vida de los ciudadanos.

Francisco Puentedura ha criticado la postura del Partido Popular, acusándole de ir "en contra de medidas que buscan reducir el coste del transporte público en la ciudad". Asimismo, ha expresado su preocupación por "la falta de coordinación entre distintas administraciones y la ausencia de avances en la creación de una zona de bajas emisiones en Granada".

Por su parte, Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial y diputada de Izquierda Unida, ha resaltado la necesidad de presentar alegaciones contra la subida de tarifas, instando al consorcio metropolitano como órgano de gestión de la Junta de Andalucía a intervenir. Pérez ha enfatizado que la medida va en contra de las acciones implementadas por otros gobiernos, como las bonificaciones al transporte público por parte del Gobierno central.

Además, Pérez ha destacado la importancia de considerar el servicio público y social que el transporte proporciona a la ciudadanía, subrayando que las decisiones deben basarse en el beneficio general y no únicamente en consideraciones económicas. Por ello ha anunciado la intención de llevar la iniciativa al Parlamento de Andalucía en caso de que el Consorcio y la Comisión de Hacienda informen favorablemente sobre la subida de tarifas.

La formación de izquierda ha exigido una revisión inmediata de la subida de tarifas, argumentando que no solo afecta a la economía de los ciudadanos sino que también va en contra de cualquier lógica de coordinación del transporte público en Granada y su entorno metropolitano. La ciudadanía, según Izquierda Unida, "merece un servicio de transporte público eficaz, accesible y acorde con las necesidades medioambientales y sociales actuales"