El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado las “facturas en el cajón” que existen en el Ayuntamiento de Granada, algunas de ellas relativas a los ejercicios económicos 2014 y 2015. Según el portavoz de la formación, Francisco Puentedura, existen facturas por un valor de más de 8 millones sin consignación presupuestaria para poder pagarlas, “algo grave porque para cubrir el pago de las mismas se tiene que hacer a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, que implica que, con cargo al presupuesto de ejercicios futuros, hay que pagar partidas presupuestarias, lo que implica recortes a la ciudadanía de servicios públicos”.

Como consecuencia de estas “malas prácticas”, según Puentedura, el Ayuntamiento de Granada cuenta con un remanente de tesorería negativo que alcanza los 40 millones de euros, “porque se cierran ejercicios económicos sin cubrir con presupuesto las facturas de gastos que el Ayuntamiento ejecuta pero que no tienen previsión ni financiación”, ha señalado Puentedura.

LAC, Metro y TG7

Si se desglosan parte de esas facturas, más de 3.400.000 euros corresponden a facturas pendientes de pago con la empresa de Transportes Rober, medio millón de euros a pagos obligados del Metro y otro medio millón a facturas de TG7, de la anterior productora CBM.

“No es creíble cualquier plan de sostenibilidad financiera que presente este Ayuntamiento si no se financian estas facturas y se evita este tipo de malas prácticas”, ha opinado Puentedura, quien ha afirmado que posiblemente no sean las únicas. Además, el portavoz del grupo ha señalado que sobre estas recibos también corren intereses de demora, “y el Ayuntamiento ya acumula, entre unas y otras, más de 3 millones de euros en este capítulo”.

Estas facturas, además de suponer un incremento en el gasto de las arcas municipales, supondrían, de no ser justificadas correctamente, una “irregularidad administrativa grave y un incumplimiento de la Ley de Transparencia”, ha señalado Puentedura.

Según el portavoz, no se estaría cumpliendo el artículo 28 de la Ley de Transparencia, “que puede llegar a suponer la inhabilitación del cargo público e, incluso, la responsabilidad patrimonial, si esos servicios no se demuestran que fueron justificados, con un procedimiento administrativo adecuado, o que eran necesarios para los servicios públicos”, ha asegurado Puentedura.

A juicio del edil de izquierdas, aunque estas facturas correspondan a ejercicios económicos anteriores al equipo de Gobierno socialista, pero éste también debe rendir cuentas. “Si el alcalde de Granada o su equipo no toman medidas, ellos también incurrirán en el incumplimiento de esta norma. No se pueden comprometer gastos sin soporte jurídico”, ha señalado Puentedura.

Por esta razón, el grupo municipal de IU quiere que la Junta de Gobierno local, órgano competente, incoe un expediente mediante el cual se busque a los responsables que han permitido estas facturas sin consignación presupuestaria.

Informe del interventor

En relación a las facuras de TG7, Puentedura ha recordado que en enero su grupo municipal solicitó un informe jurídico “para que se aclarase la legalidad de estos gastos”. Este informe, firmado por el Interventor General del Ayuntamiento y por el Responsable de la Asesoría Jurídica, indicaba literalmente que dichos servicios complementarios facturados excedían del importe contratado y por tanto carecían de crédito y soporte jurídico e indicaban que según la Ley de Haciendas Locales y la ley de Procedimiento Administrativo Común eran facturas ilegales.