El portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Puentedura, que ha comparecido junto a la parlamentaria andaluza María del Carmen Pérez, ha señalado que desde el año 2010, con la nueva Ley Andaluza de Agua aprobada, “los usuarios de este servicio público tienen que pagar un canon de infraestructuras que se supone que tiene que estar destinado a sufragar aquellas estaciones de depuración y aquellos colectores que permitan convertir en realidad el ciclo integral del agua”. Un hecho que, tal y como ha apuntado el portavoz, “no se está cumpliendo en el ámbito de la ciudad de Granada y el Área Metropolitana”.

 

En Granada son dos las empresas suministradoras, Emasagra y Aguasvira, ha recordado el edil para denunciar que “más del 50 por ciento del agua que se vierte a la red en el Área Metropolitana no está depurada. No está depurada como consecuencia del incumplimiento del canon de infraestructuras que la Junta tenía que haber adoptado. Existe un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente desde los años 90 que establecía el compromiso de financiación en alrededor de 500 millones de euros en las infraestructuras en toda la provincia. Una financiación que en el Área Metropolitana tendría que ser de 150 millones de euros y que no se ha dado”, ha explicado.

 

Así, Puentedura ha afirmado que “los granadinos, que viven en zonas gestionadas por Emasagra, han estado pagando alrededor de 42 millones de euros por canon de infraestructuras que no se han convertido en ninguna licitación, ni ninguna obra para nuevos colectores o nuevas zonas de depuración”.

 

Esta falta de cumplimiento de la normativa europea ha llevado a presentar diferentes iniciativas desde el Grupo Parlamentario. Así, la parlamentaria ha manifestado que los datos que la Junta facilita en cuanto al Plan Hidrológico y la depuración de aguas en la provincia "no son ciertos".

 

"Hablan de que Chimeneas tiene depuración de aguas, sin embargo no existe tal depuración. Sólo existe un tubo por el que no transcurren estas aguas residuales. Además, en Píñar hay una depuradora y no funciona. Por tanto, los datos de la Junta que dicen que el 89 por ciento de los municipios de Granada cumplen con la depuración de aguas son falsos”, ha denunciado.

 

La parlamentaria ha recordado que “desde el año 2010 al año 2017 con los presupuestos liquidados y ejecutados deberían de haberse construido en la provincia de Granada unas 69 depuradoras, cosa que no ha sido así, a pesar de que muchos ayuntamientos ya tienen el terreno adquirido para las EDAR. De hecho, todo lo que hay en inversiones nuevas son proyectos, obra civil no hay ninguna. Hecho que es denunciable porque estamos incumpliendo una vez más la normativa europea”.

 

Una situación a la que hay que sumarle que “la provincia cuenta con un Plan Provincial de Protección de la Vega de Granada que tampoco se cumple. No sólo hablamos de que se está regando la Vega con aguas fecales sino que regamos con residuos contaminantes los productos que luego nos comemos”.