La Junta se enfrenta a otra investigación judicial
Inclusión Social, la segunda Consejería de la Junta investigada por contratos irrregulares en un caso que alcanza a Granada
A las pesquisas por los contratos de la Consejería de Salud se suman ahora otras diligencias por las adjudicaciones de la Consejería que dirige Loles López. Te informamos.
Loles López, en una imagen de archivo de una visita a Las Gabias. junta archivo
El Gobierno andaluz se enfrenta a otra investigación judicial por irregularidades en la adjudicación de contratos. Al frente abierto en la Consejería de Salud, donde juzgados de Sevilla y Cádiz investigan presunta malversación en los contratos del SAS, con cuatro directivos investigados, entre ellos la actual gerente del SAS y sus dos antecesores, se suma ahora la apertura de diligencias a raíz de una denuncia del grupo parlamentario Por Andalucía sobre la adjudicación, por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, de pisos para jóvenes extutelados en Granada, Málaga y Cádiz.
Ha sido un juzgado de Sevilla el que ha acordado la apertura de diligencias previas en un auto fechado el pasado 24 de marzo. La denuncia la presentó la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, el 25 de enero de este año, por las adjudicaciones a la Asociación por la Formación Profesional, Integral y Social de la Persona (Inserta-Andalucía) para gestionar los centros de menores extutelados.
Lo que Por Andalucía ha denunciado es la posibilidad de que la Junta haya favorecido a esa asociación, por "connivencia o grave negligencia" de distintos centros directivos.
"Han falseado los expedientes de contratación, pervirtiendo la libre concurrencia de entidades... beneficiando la adjudicación a Inserta"
"Han falseado los expedientes de contratación, pervirtiendo la libre concurrencia de entidades... beneficiando la adjudicación a Inserta", así como que "durante la ejecución de los contratos han permitido que éstos no se cumplan en los términos pactados, produciendo un ilegal beneficio a la empresa con dinero público, y por tanto, produciendo un menoscabo patrimonial a la Administración".
En el caso de la adjudicataria, Inserta Andalucía, según la denuncia del grupo parlamentario recogida por Europa Press, "ha aportado documentación falsa sobre las personas y las condiciones que prestaban el servicio preexistente a la licitación, impidiendo así la concurrencia igualitaria de terceros y favoreciendo la adjudicación a su favor de contratos públicos".
En la denuncia se exponía que, supuestamente, "se ha enriquecido injustamente no cumpliendo los términos pactados" y también que "ha falseado la documentación justificativa para enriquecerse justamente".
Con estos argumentos, Por Andalucía planteó "sólidos indicios de que las conductas denunciadas pudieran ser constitutivas, entre otros, de los delitos de prevaricación (artículo 404 del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 408), fraude (artículo 436), aprovechamiento de funciones (artículo 439), cohecho (artículio 428) o falsedad documental.
Para el grupo parlamentario de Por Andalucía, parece "corrupción de libro"
En palabras de Nieto, parlamentaria por Izquierda Unida, en comparecencias en el Parlamento, "parece corrupción de libro" pues, a su juicio, se habrían amañado los pliegos de licitación. La Administración andaluza en el diseño del pliego de prescripciones técnicas del contrato "lo infló de tal manera que ha hecho inviable para otras empresas presentar una oferta y optar a la adjudicación de esos contratos", por cuanto exigió un número de trabajadores para la prestación del servicio de tutela que "excedía en el doble el número de personas que, efectivamente, estaban prestando el servicio en Andalucía".
"Casualmente solo se presentó una empresa, la que resultó adjudicataria", explicó en referencia a Inserta, la empresa seleccionada tras la licitación.
Además, según los datos de la denuncia admitida por el Juzgado, Inserta "tiene a la mitad del personal que dice los pliegos" del concurso de adjudicación, de manera que la Administración autonómica "sea por negligencia, sea por connivencia, paga como si se estuviese prestando tal cual dicen los pliegos", pero no es así.
Por Andalucía advierte de que "la Junta conoce perfectamente" esta circunstancia, una prestación del servicio con menos recursos humanos de los que le llevaron a ser adjudicataria de la tutela de menores, por cuanto "toda la documentación que acredita estas gravísimas irregularidades y estos incumplimientos flagrantes están en conocimiento de la Junta, de manera oficial, con toda la documentación registrada".
La Junta "ha dejado volar millones de euros" a Inserta Andalucía y el destinatario de esos recursos públicos es "un señor natural de Padul [el señor Lupiáñez], que, por lo visto, está muy bien relacionado y aquí no pasa nada", según trasladó al Parlamento Inmaculada Nieto.
La mujer y el hijo de la persona interlocutora entre sector y Junta, contratados por Inserta
"Esa adjudicación flagrantemente fraudulenta" entraña igualmente "una pérdida de dinero público de millones de euros que no están yendo a la prestación del servicio", a lo que se suma, según el grupo denunciante, que "la persona que es la interlocutora con las empresas y con el sector que tiene al frente la Junta de Andalucía, una vez que Inserta resultó adjudicataria con todo este procedimiento tan feo, tuvo la suerte de que a su mujer y a su hijo le contratara Inserta".
A nuestro parecer, aquí hay una presunta comisión de delitos muy grave y un nuevo caso de corrupción del Partido Popular, que está al frente de la Junta de Andalucía, cree que suelto de manos porque tiene aquí una mayoría absoluta y nada más lejos de la realidad", ha dicho en estas últimas semanas, tras salir a la luz este caso en la cadena SER.
La primera denuncia sobre el funcionamiento de los centros adjudicados a Inserta Andalucía, de un trabajador, es de 13 de diciembre de 2023 y se hizo ante la Delegación Territorial de la Junta en Málaga, a la que siguió otra cinco días después ante la Dirección General de Políticas Migratorias y en enero de 2024 la causa llegó a manos del Defensor del Pueblo. La respuesta que recibió el Defensor fue que "inspeccionado el servicio, estaba todo en orden", de lo que ha inferido que "la Junta tiene conocimiento de lo que pasa y mira para otro lado".
El trabajador no solo alertó de una infracción grave al incumplir la ratio de personal y las mejoras del contrato; también aseguró que faltaba "alimentación y enseres básicos" en los pisos, como denunció la Cadena SER.
La consejera de Inclusión Social, Loles López, viene defendiendo que tras la primera denuncia, que según ella llegó a través de un correo electrónico dirigido a la Delegación de Málaga, actuó la Jefatura de Servicio y que después lo hizo la Dirección General de Políticas Migratorias.
La consejera Loles López defiende que tramitó dos expedientes sancionadores sobre pisos de menores extutelados en Granada y Málaga
Según López, "la persona que pone la denuncia se reúne con la Jefatura de Inspección de Servicios Sociales". "A la propia persona que denuncia los profesionales le dicen dónde tenía que dirigirse y qué documentación aportar". De esa manera la consejera defiende su actuación. Hubo, de acuerdo a sus datos, un procedimiento de inspección extraordinario en diciembre de 2024. El 14 de enero de este año termina la inspección y se inició, según la Consejería, un procedimiento sancionador en Málaga y Granada. en el caso de Granada, se inició el 27 de enero.
Sobre las sospechas acerca de un alto cargo, la consejera explica que es el responsable del Observatorio de Infancia. Es personal laboral, un técnico de personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, desde el año 2006. Según López, esta persona "no es la que interviene" en el pliego de licitación.
La consejera hace hincapié en que incluso se había reunido con la persona afectada. "La escuché".
Y para defender la adjudicación, recuerda que Inserta también es adjudicataria de contratos de los ministerios de Infancia o de Igualdad; tiene contratos con los ayuntamientos de Dos Hermanas, en Sevilla, y Jáen; y ha sido adjudicataria de contratos de la Junta desde 2012.
Pero la portavoz de Por Andalucía le ha afeado en esas ocasiones a la consejera que no lo haya denunciado. "Mi grupo se ha ido al Juzgado. Por qué no se han ido ustedes", es una de las preguntas que le trasladó. Para Nieto, Inserta es "una empresa disfrazada de ONG enormemente beneficiada de millones".
"En cinco contratos se han falseado los pliegos, no han exigido lo firmado; hay connivencia de la Junta de Andalucía con esa empresa disfrazada de ONG o hay negligencia" porque "han mirado para otro lado, pero no sabemos por qué han mirado para otro lado". "Han recibido siete denuncias en 11 meses y no han movido ni un dedo", son los reproches de Por Andalucía a la Junta.
