La Fiscalía ha mantenido su petición de dos años y tres meses de prisión, 22 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 400.000 euros de multa para el alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado (PP), por las supuestas irregularidades urbanísticas que permitieron construir una promoción de viviendas en esta localidad por parte de la empresa Cavifer S.L, de la que era socio su hermano.

 

Durante la última sesión del juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, la fiscal del caso ha considerado "totalmente probado" que la tramitación de este expediente urbanístico estuvo "plagada de irregularidades" y se ejecutó con "absoluto desprecio a la legalidad", con un convenio y una licencia que contaron con los informes favorables del secretario habilitado del Ayuntamiento y el aparejador municipal "a sabiendas de su ilegalidad".

 

No ha considerado creíble la versión del alcalde de Gójar de que desconocía que su hermano fuera socio de la promotora que ejecutó el proyecto, en tanto que "ambos viven en el pueblo", "mantenían una buena relación" y era "público y notorio" en la localidad la relación de éste con Cavifer S.L.

 

Así, la Fiscalía ha mantenido su petición tanto para el alcalde de Gójar --que está acusado de prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias-- como para su hermano, para el que reclama dos años y nueve meses de prisión, multas de más de 406.000 euros y dos años de inhabilitación para cualquier profesión relacionada con estos hechos. Solicita además la demolición de lo "indebidamente construido".

 

La fiscal sí ha rebajado la pena que inicialmente solicitaba para el aparejador municipal, Pedro M.O., para el que, tras su testimonio en el juicio, ahora pide seis meses de prisión --antes era un año y medio-- y siete años de inhabilitación, una modificación que la defensa del técnico ha dicho aceptar.

 

Se trata de la única modificación que ha hecho el Ministerio Público al elevar a definitivas sus conclusiones, pues también ha mantenido su petición de nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público para el secretario habilitado del Ayuntamiento por un posible delito de prevaricación.

 

En la causa también está representada como responsable civil subsidiaria la empresa Cavifer, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores, y cuyo apoderado en el momento de los hechos ha declarado en la sesión de este miércoles, alegando que el alcalde de Gójar no intervino en la negociación del convenio y que nunca habló con él de que su hermano fuera socio de la entidad, la cual se creó específicamente para este proyecto.

 

Durante la primera sesión del juicio, el alcalde de Gójar defendió que el convenio urbanístico que permitió a la empresa Cavifer S.L. construir 19 viviendas, locales y aparcamientos y la apertura de un vial en la calle San Luis de la localidad contaba "con informes favorables" y garantizó que no supo que su hermano era socio de esta promotora hasta casi el final de la tramitación del proyecto.

 

Junto a ello afirmó que durante toda la tramitación del proyecto no hubo un solo reparo por parte de los técnicos, ni del secretario habilitado del Ayuntamiento ni del aparejador municipal, negando mantener con ellos una relación de amistad o haberles dado alguna vez directrices sobre el sentido en el que debían realizar sus informes.