La Audiencia de Granada ha fijado para el 23 de mayo el inicio del juicio contra el alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado (PP), que está acusado de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias en una causa en la que Fiscalía pide para él un total de dos años y tres meses de prisión, 22 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 400.000 euros de multa.

La vista oral ha sido fijada concretamente para los días 23, 24, 25, 30 y 31 de mayo y el 1 de junio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, según consta en la diligencia emitida al efecto, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio Público le acusa de haber dado un posible trato de favor a la empresa Promociones Cavifer S.L., en la que uno de sus socios es el hermano del regidor --también investigado--, que, según un informe pericial, obtuvo un total de 321.350 euros de beneficios tras firmar un convenio con el Ayuntamiento en 2005 para la construcción en el municipio de 19 viviendas, locales y aparcamientos, y la apertura de un vial en la calle San Luis.

Concretamente, el hermano del regidor está acusado de un delito de tráfico de influencias, y otro contra la ordenación del territorio, por el que se enfrenta a dos años y nueve meses de prisión, multas de más de 406.000 euros, e inhabilitación para la profesión u oficio relacionado con los hechos por tiempo de dos años.

En la causa están acusadas otras dos personas, el secretario habilitado del Ayuntamiento José M.L.R., por un posible delito de prevaricación por el que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público y el aparejador municipal Pedro. M.O., para el que el fiscal reclama, por posible prevaricación urbanística, un año y medio de prisión, y ocho años de inhabilitación.

La Fiscalía pide además la demolición de lo indebidamente construido, y la declaración de nulidad de todas las resoluciones contrarias a derecho, entre ellas el convenio urbanístico, o los informes favorables a la concesión de licencias.

Denuncia de la Fiscalía

La investigación, que se inició en 2007, fue abierta tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra la administración pública tipificado como tráfico de influencias, después de que Maldonado participara en la firma del convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Gójar y la empresa Promociones Cavifer S.L, con su hermano como socio.

Los hechos se remontan al mes de agosto de 2005, cuando el alcalde, Francisco Javier Maldonado, aprobó la firma de un convenio urbanístico, "sin la publicidad legalmente exigida", y "en perjuicio de las arcas municipales", ocultando la relación entre el alcalde y su hermano Fernando, uno de los administradores mancomunados de la mercantil firmante Construcciones Cavifer S.L.

Para aprobar el convenio, el alcalde organizó la emisión de un informe jurídico favorable, creando "una ficción urbanística" en la que Cavifer obtenía la gratuidad total de todas las tasas municipales de la operación urbanística, según la denuncia de la Fiscalía.

Al amparo de dicho convenio, supuestamente ilegal, el alcalde concedió a Cavifer la licencia de obras para construir 19 viviendas y locales comerciales, a pesar de que el técnico municipal había informado de la imposibilidad de conceder tales licencias y de que la por entonces secretaria del Ayuntamiento había advertido de irregularidades. A raíz de ello, el alcalde nombró a un nuevo secretario habilitado que informó favorablemente el convenio urbanístico, anulado años después por el Consejo Consultivo, y le concedió la licencia de obra.