La Audiencia de Granada ha condenado a la exalcaldesa de La Taha de Pitres, Rosario Fernández (PSOE) a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación y otro de falsedad por la "obtención ilegal de financiación" para el Ayuntamiento mediante renovaciones del crédito que solicitó el consistorio para afrontar el pago de la construcción de un instituto financiado por la Junta. La Taha es el municipio granadino más endeudado de la provincia en relación a su población, con una deuda de unos 2.500 euros por habitante.

La Sección Primera de la Audiencia ha condenado, además, al que fuera secretario interventor de La Taha, a tres años de prisión y siete de inhabilitación por los mismos delitos que a la exregidora, aunque a él se le ha aplicado la atenuante de confesión, tras haber reconocido su participación en los hechos y haber colaborado con la justicia para su esclarecimiento.

El exsecretario confirmó durante el juicio la existencia de irregularidades, reconociendo que las renovaciones del crédito se llevaron a cabo porque el dinero "se había gastado antes", y pese a que generaron intereses "inasumibles" para las arcas públicas: "confié en los políticos y la bola se hizo grande", llegó a reconocer ante el tribunal.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento "arrastraba una mala situación económica" debido, entre otras razones, a que llevaba varios años sin cobrar los recibos de agua, basura y alcantarillado; tampoco tenía los presupuestos aprobados y había estado realizado gastos sin consignación presupuestaria.

Esta falta de liquidez impedía recurrir a un préstamo a largo plazo, de forma que la alcaldesa y el secretario decidieron recurrir a estas renovaciones de crédito para conseguir financiación de manera irregular utilizando la garantía que ofrecía la firma del convenio en 2004 con la Junta para la construcción del instituto.

Incumplieron con ello la normativa, "sabiendo" que no se contaba con la autorización del pleno y que se superaría la capacidad de endeudamiento del consistorio, para lo que también falsearon documentos, según se considera probado en la sentencia, contra la que cabe recurso de casación.

El otro alcalde socialista que se sentó en el banquillo de los acusados y al que no acusaba la Fiscalía, José Jesús García Aragón, ha sido absuelto; mientras que el cuarto procesado, un exconcejal que actuó de tesorero y firmó las distintas operaciones, ha sido condenado a siete años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación.

Los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de la Tahá de Pitres por los perjuicios que han ocasionado estas operaciones bancarias. Concretamente, con 12.143 euros en concepto de comisiones y con otros 245.019 euros en intereses, los cuales deberán seguir asumiendo hasta el completo pago del préstamo principal.