El PSOE de Granada está dispuesto a pagar el coste que supone llevar a una imputada por la jueza Mercedes Alaya en las listas electorales del 24 de mayo. La que fuera delegada de Empleo de la Junta entre 2009 y 2012 figura como número tres de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Chauchina. Marina Martín quedó en libertad con cargos tras ser detenida en el marco de la Operación Barrado, en la que Alaya investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.

Los socialistas andaluces se habían comprometido a no llevar imputados en sus listas, dando un paso más respecto a lo recogido en el código ético del partido, que sitúa la salida de los cargos y militantes señalados por la Justicia en la apertura de juicio oral. Con esa decisión, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, trataba de distanciarse de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados por los ERE. Sin embargo, el partido en Granada apela ahora al código ético. 

La dirección provincial socialista dice que no puede intervenir porque no incumple el código ético

El PSOE de Granada eludió hacer valoraciones respecto a la presencia de la ex delegada como candidata y se limitó a precisar, a través de una portavoz, que Marina Martín no incumple ninguno de los requisitos establecidos en el código ético del partido. La decisión de las listas municipales, según la organización provincial, corresponde a las agrupaciones locales y la Comisión Provincial de Listas no puede intervenir si no se incumple el código ético, 

Tras su detención el pasado día 24 de marzo junto a otras quince personas que, como ella, habían ocupado distintos puestos de responsabilidad en la estructura de la Consejería de Empleo, el PSOE granadino no dudó en apoyarla, defendiendo su honestidad y apelando a la presunción de inocencia.

El respaldo, sin tibieza alguna, lo expresó en su día la propia secretaria provincial de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, quien defendió su “honestidad” e “integridad” y criticó al PP por intentar manchar la “honorabilidad” de Martín. En términos muy contundentes se expresó también entonces la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que tachó de “maquiavélico” pretender adelantarse a las decisiones judiciales. No obstante, ambas dieron por hecho en sus declaraciones, que Martín dejaría en breve su cargo en El Legado Andalusí.

Mes y medio después, su relevo no se ha formalizado. Debe reunirse aún la comisión ejecutiva del patronato del organismo, en el que están representados la Junta y el Ayuntamiento, entre otras instituciones. Este último reclamó su cese inmediato tras conocerse la detención.