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Usuario de silla de ruedas. Europa Press/ IBV/ Archivo.

“Los tiempos medios que se invierten en la realización de las valoraciones son cada vez más elevados y superan los plazos legales establecidos”. Esta es una de las principales conclusiones del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre gestión de la valoración de las personas con discapacidad, que corresponde a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Constata que el tiempo medio de grabación de las solicitudes va en aumento cada año “hasta elevarse a casi cuatro meses el procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad, lo que aumenta el retraso de todo el procedimiento de valoración”

El informe que acaba de publica la Cámara de Cuentas, en el que analiza los ejercicios 2020-2021, constata que el tiempo medio de grabación de las solicitudes va en aumento cada año “hasta elevarse a casi cuatro meses el procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad, lo que aumenta el retraso de todo el procedimiento de valoración”, ha informado este organismo en un comunicado.

“El número de días que transcurre desde que se solicita la valoración de la discapacidad hasta que se otorga la primera cita, en el año 2021 en el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad asciende a 430 días y en el de revisión de grado de discapacidad a instancia de parte se llega hasta los 486 días”.

Por su parte, “el tiempo medio que transcurre desde que el interesado solicita la certificación del grado hasta que efectivamente se realiza la valoración en el procedimiento del grado de discapacidad, en el año 2021 asciende a 382 días, llegando a ser de 390 días en la revisión del grado a instancia de parte”.

Y en cuanto al tiempo medio que transcurre desde que se solicita la certificación del grado, o bien la revisión del mismo hasta que se resuelve, “supera el plazo legal de 180 días. En 2021 para los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad y de revisión del grado a instancia de parte asciende a 417 y 431 días respectivamente”

Y en cuanto al tiempo medio que transcurre desde que se solicita la certificación del grado, o bien la revisión del mismo hasta que se resuelve, “supera el plazo legal de 180 días. En 2021 para los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad y de revisión del grado a instancia de parte asciende a 417 y 431 días respectivamente”.

Son análisis extraídos del informe de la Cámara de Cuentas, que advierte de una disminución por parte de la Junta de las partidas destinadas a la valoración de la discapacidad:

Los gastos que se han destinado a valorar la discapacidad en el año 2021 ascienden a 19,077 millones. En el ejercicio 2020 los gastos crecieron un 7 por ciento con respecto a los dos años anteriores y en el año 2021 han descendido un 2 por ciento con respecto al ejercicio 2020. La principal partida de gastos destinados a la valoración de la discapacidad y que supone el 89% son los gastos del personal implicado en la valoración.

Además, señala el organismo fiscalizador que el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad “no se encuentra actualizado con la normativa vigente” y que la gestión de los centros de Valoración y Orientación (CVO) de personas con discapacidad “no se ajusta en su totalidad a la normativa aplicable habiéndose detectado incidencias” y destaca que en determinados aspectos, “durante el proceso de valoración no se actúa conforme al procedimiento establecido”.

“No existen mecanismos de control interno que incluyan la función de revisar el trabajo realizado por la gestión, supervisando, entre otras, la correcta aplicación de la normativa y procedimientos, así como la custodia, control y empleo de los recursos públicos de la administración”

Durante el análisis del sistema de control interno, el organismo detecta que “no existen mecanismos de control interno que incluyan la función de revisar el trabajo realizado por la gestión, supervisando, entre otras, la correcta aplicación de la normativa y procedimientos, así como la custodia, control y empleo de los recursos públicos de la administración”.

Tampoco “procedimientos establecidos para que cada unidad administrativa comunique internamente información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos y el cumplimiento de la normativa” ni “homogeneidad en la aplicación de los criterios de trabajo entre las distintas delegaciones territoriales, así como falta de coordinación entre todos los órganos implicados en la valoración de la discapacidad”.

Ni tan siquiera “se han establecido suficientes indicadores que midan la eficacia, eficiencia y economía de la gestión”.

La Cámara de Cuentas también confirma que "no se realiza seguimiento sobre las incidencias detectadas en los informes de inspección y de accesibilidad, ni se toman medidas para subsanarlas"

Con respecto a la normativa relativa al Esquema Nacional de Seguridad y a la protección de datos, en determinados aspectos “la consejería no actúa conforme a los procedimientos”.

La Cámara de Cuentas también confirma que "no se realiza seguimiento sobre las incidencias detectadas en los informes de inspección y de accesibilidad, ni se toman medidas para subsanarlas".

Entre las recomendaciones, cita “fijar criterios uniformes a nivel de dirección y más coordinación entre las distintas Delegaciones Territoriales, así como con otras Consejerías y Administraciones Públicas implicadas en la gestión de la valoración de la discapacidad”.

E incrementar los medios para la gestión de la valoración de la discapacidad “para poder evitar, entre otros aspectos, que existan cada vez plazos de espera más dilatados, y poder disminuir los tiempos de todo el proceso de valoración”

Implantar un sistema de control interno “que revise y detecte errores” o disponer de más indicadores que midan “la eficacia, economía y eficiencia en la gestión, que permitan fijar unos objetivos que sean fácilmente medibles y se pueda evaluar de forma efectiva la eficacia, economía y eficiencia en la gestión”.

Establecer y hacer un seguimiento de un plan de recursos, “ya que con este análisis se pueden gestionar los medios económicos y humanos de una forma más eficiente y económica, pudiendo realizar un análisis de las desviaciones e implementar medidas para corregirlas y mejorar, de esta forma, la gestión de los recursos disponibles”.

E incrementar los medios para la gestión de la valoración de la discapacidad “para poder evitar, entre otros aspectos, que existan cada vez plazos de espera más dilatados, y poder disminuir los tiempos de todo el proceso de valoración”, así como “implantar un sistema informático ágil, disponible y útil que facilite la gestión de forma operativa, además de que no contenga los errores que se producen actualmente con la aplicación SISS”.