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El despido este lunes de 8.000 sanitarios debilita la salud de Andalucía

El deterioro de la sanidad pública que la Junta no quiere reconocer

Política - Juan I. Pérez - Domingo, 31 de Octubre de 2021
Un análisis crítico de la realidad de la sanidad pública andaluza, que padece la ciudadanía y de las consecuencias de la decisión del Gobierno de derechas de no querer renovar a todos los 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo Covid, de los que 8.000 son despedidos mañana y el resto continuará con precarias condiciones.
Monumento en Granada en homenaje a los profesionales sanitarios por su labor durante la pandemia.
P.V.M.
Monumento en Granada en homenaje a los profesionales sanitarios por su labor durante la pandemia.
El quebrantamiento del presidente de la Junta de su compromiso de “no dejar en la calle” a los 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo Covid es un golpe más a la sanidad pública andaluza, cuyo evidente deterioro acrecienta el descontento ciudadano, amenaza la recta final del ‘plácido’ mandato de Moreno y vuelve a quebrar su perfil de moderación, que vende la Junta y el PP. Esta es la situación real, que no refleja la propaganda oficial.

Una sanidad salpicada de mentiras

El quebrantamiento del presidente de la Junta de su compromiso de “no dejar en la calle” a los 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo Covid es un golpe más a la sanidad pública andaluza, cuyo evidente deterioro acrecienta el descontento ciudadano, amenaza la recta final del ‘plácido’ mandato de Moreno y vuelve a quebrar su perfil de moderación, que vende la Junta y el PP. Esta es la situación real, que no refleja la propaganda oficial.

Moreno aseguró que esos 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo en Andalucía cuyos contratos vencen el día 31 de este mes de octubre, "no se irán a la calle" cuando terminen relación contractual, pese a que el Gobierno central no dedica "ningún tipo de apoyo" a la comunidad autónoma "en ningún tipo de refuerzo", añadió

Entre los incumplimientos del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el último no ha pasado inadvertido y ya le pasa factura. Sucedió en la sesión de control al Gobierno del pasado día 14 de octubre, a una pregunta de la portavoz socialista, Ángeles Férriz, quien le exhortó a que "se comprometa a que el 31 de octubre 20.000 sanitarios andaluces no vayan a la calle por finalización de contrato".

A ello, Moreno aseguró que esos 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo en Andalucía cuyos contratos vencen el día 31 de este mes de octubre, "no se irán a la calle" cuando terminen relación contractual, pese a que el Gobierno central no dedica "ningún tipo de apoyo" a la comunidad autónoma "en ningún tipo de refuerzo", añadió.

Y siguió con sus proclamas contra el PSOE: "No vamos a hacer como algunas comunidades autónomas socialistas". Y reiteró que esos 20.000 profesionales sanitarios "no se van a ir a la calle" a final de mes, respondiendo así a la portavoz socialista.

Palabras textuales de Moreno en el Pleno del Parlamento de Andalucía, sesión número 61, celebrada el jueves, 14 de octubre de 2021. Diario de sesiones del Parlamento de Andalucía, número 112, Página 104.

Cuatro días después, tras el compromiso de Moreno, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, le rectifica y dice sobre los 20.000 profesionales sanitarios que "ya no estamos en ola de coronavirus, la presión asistencial a nivel hospitalaria es mínima, y la presión a nivel de pacientes ha bajado mucho", con lo cual "parte de esos contratos tendremos que no renovarlos y parte, renovarlos".

Y hay letra pequeña en la opaca decisión de la Junta de Andalucía: de las 12.000 renovaciones que alardea el Gobierno de derechas de renovarlos, 10.073 serán contratos de interinidades y 1.927 contratos de seis meses. Y de esos 10.073, 2.802 son interinidades para Enfermería y 70 para Fisioterapia, el resto serán contratos de seis meses

El gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, ejecutor de las directrices de las políticas sanitarias, trasladó ese día a los sindicatos la propuesta formal e inapelable: despedir a 8.000 de los 20.000 sanitarios que cumplen contrato el 31 de octubre y renovar a 12.000 –entre ellos, a todos médicos, pero solo por seis meses.

Y hay letra pequeña en la opaca decisión de la Junta de Andalucía: de las 12.000 renovaciones que alardea el Gobierno de derechas de renovarlos, 10.073 serán contratos de interinidades y 1.927 contratos de seis meses. Y de esos 10.073, 2.802 son interinidades para Enfermería y 70 para Fisioterapia, el resto serán contratos de seis meses.

La respuesta de los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad es contundente. Rechazan la propuesta, exigen la renovación de todas y todos los 20.000 y anuncian movilizaciones en las ocho provincias andaluzas. Ya van dos concentraciones.

Concentración esta semana en Lanjarón en la que la Alpujarra pide que se “blinde una sanidad pública de calidad en el medio rural”. PSOE Lanjarón.

Moreno mintió a la ciudadanía andaluza. Porque desde este lunes, 1 de noviembre, 8.000 profesionales sanitarios se irán a la calle y el resto permanecerá, de nuevo, en precarias condiciones, lo que debilitará la ya de por sí enferma sanidad pública andaluza.

Mintió Moreno con la misma frialdad y dureza del mármol con el que están elaborados los monumentos en homenaje a los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia que la Junta ha inaugurado en los últimos meses en las capitales andaluzas. Toda una muestra de cinismo.

Un debate perdido en Sanidad

El Debate sobre el Estado de la Comunidad Autónomo se cerró este jueves con la no aprobación de una propuesta del Grupo Socialista en la que pedía que el Parlamento mostrase su "rechazo al anuncio" del Ejecutivo de Moreno "sobre el despido de 8.000 trabajadores de la sanidad pública andaluza" contratados como refuerzo durante la pandemia de Covid-19. La derecha y la ultraderecha en bloque lo impidieron.



En los dos días de debate, la Sanidad fue centro de críticas. Desde Unidas Podemos por Andalucía, su portavoz, Inmaculada Nieto, le dijo al presidente: "Si tiene usted más dinero que nunca en la historia de Andalucía a disposición de la sanidad, como es posible que esté peor”.

La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, le advirtió a Moreno que "ya no engaña a nadie" aunque juegue a interpretar el papel del "bueno de la película", y aseveró que "su palabra no vale nada".



Acusó al presidente de haber "mentido en el Parlamento" y se preguntó que "si es capaz de mentir con la salud, ¿qué no es capaz de hacer?".

Deterioro en la Atención Primaria y también en la Hospitalaria

Si la Atención Primaria concentra el malestar general y las duras críticas, como muestra del modelo de sanidad del Gobierno de derechas, la Atención Hospitalaria se verá gravemente dañada por la negativa de renovar a los 20.000 sanitarios.

Mintió Moreno con la misma frialdad y dureza del mármol con el que están elaborados los monumentos en homenaje a los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia que la Junta ha inaugurado en los últimos meses en las capitales andaluzas. Toda una muestra de cinismo

Según Satse, en el caso de Enfermería los contratos que se ofertarán serán el 45 por ciento de los vigentes: de 5.843 contrataciones que existen actualmente, se realizarán 2.630. Exactamente igual sucede con las categorías de Fisioterapia y Enfermera Especialista, cuyo personal se verá reducido en los hospitales, ya que únicamente se ofertarán 27 contratos de fisioterapeutas de los 61 que existen actualmente, y 42 de enfermera especialista, de los 93 actuales.

En la Atención Primaria, por el contrario, se reforzará el personal de Enfermería, que se incrementa de 2.320 a 2.784 contratos, y se mantiene el número fisioterapeutas con 148 y las cinco Enfermeras Especialistas. Pero es insuficiente y responde al modelo de Atención primaria de cribado, que recae sobre Enfermería.

Se despiden a 8.000 sanitarios y si no lo remedia al resto de 12.000 en diferido en marzo, al inicio de la vacunación de gripe y de las terceras dosis de vacunas contra la Covid-19, cuando el personal sanitario está exhausto, y cuando el propio Moreno ha reiterado que “el problema que tenemos es que faltan sanitarios en Andalucía”.

Ante el desbarajuste, el Consejo Andaluz de Enfermería se expresó con contundencia: “Nos lamentaremos en el futuro”.

Moreno y Aguirre, en la inauguración de uno de los monumentos en homenaje a los profesionales sanitarios. Prensa Junta

Andalucía "no se puede permitir el lujo de perder enfermeras”, señalaba el Consejo que “ni compartía ni comprendía” la decisión de no renovar todos los contratos. "Con esta pérdida, el sistema sanitario público de Andalucía volverá a una ratio de enfermeras por ciudadano que nos hará alejarnos nuevamente de Europa y del resto de España", aportaba.

Demasiado se excusan desde el Gobierno andaluz en la falta de profesionales sanitarios, lo que alimenta su cinismo con el despido de 8.000 y la precaria situación laboral de los que se quedan.

Evidente es que la no renovación de todos y cada uno de los contratos actuales a lo único que contribuye es en una peor atención y una mayor inseguridad asistencial para los pacientes y el conjunto de la ciudadanía. Y, además, a una lógica huida de los profesionales sanitarios a otras comunidades en busca de una mayor estabilidad laboral. El Gobierno andaluz, de esta forma, practica el 'efecto antillamada'

Evidente es que la no renovación de todos y cada uno de los contratos actuales a lo único que contribuye es en una peor atención y una mayor inseguridad asistencial para los pacientes y el conjunto de la ciudadanía. Y, además, a una lógica huida de los profesionales sanitarios a otras comunidades en busca de una mayor estabilidad laboral. El Gobierno andaluz, de esta forma, practica el efecto antillamada.

Tras unas elecciones autonómicas que ganó el PSOE de Susana Díaz, pero a la que erosionó en la calle la gestión sanitaria, el Gobierno de derechas se comprometió a mejorar la sanidad pública. Pero no solo no ha cumplido las expectativas, sino que camina hacia un desmantelamiento irreversible.

Con habilidad, eso sí, la Junta colocó en el organigrama de sanidad –hasta de delegados provinciales- a algunas piezas que agitaron el descontento en la anterior legislatura que la derecha apoyó, para acallar al entorno. ¿Dónde están ahora aquellos y aquellas que tanto protestaban? Porque es evidente que no ha terminado la lucha. ¿O acaso sí colmaron sus intereses particulares?

Salvo sus incondicionales, que a duras penas pueden justificar lo que soporta la ciudadanía, ya no cuenta con aliados, ni siquiera el Sindicato Médico. Tan solo la sanidad privada que crece a velocidad de crucero en Andalucía. Y no solo en el aumento de las pólizas, también por el apoyo del Gobierno andaluz. En el fallido segundo plan de choque para aliviar las listas de espera en 2020 el SAS destinó un total de 130 millones a la sanidad privada, mientras que a la sanidad pública, 70 millones.

Participantes en una concentración en Armilla, convocada por la Asociación Granadina de Usuarios de la Sanidad Pública, Agruspar. Indegranada.

A este respecto, la diputada del PSOE por Granada, María José Sánchez, una de las más activas en la crítica a la gestión sanitaria, ha preguntado recientemente por escrito al Gobierno el gasto en conciertos y derivaciones a la sanidad privada en la provincia de Granada.

Después de fracasar con los dos planes anti choque para aliviar las listas de espera, y pasar la etapa Covid, en la que la Junta atizó sin cesar ni razón al Gobierno, que aportó unos 600 millones de refuerzo, de la que nunca habla, y que prosiguió en la vacunación, en la que de tanto pedir, hasta se le caducaron dosis, Salud estableció unilateralmente, -sin ni siquiera buscar el consenso con los sindicatos- una nueva Atención Primaria.

Venía del lamentable proceso poscovid, en el que volvió a mentir hasta en tres ocasiones sobre la reapertura de los centros de salud y consultorios a la ciudadanía, bunkerizados, lo que generó, y aún genera, colas ante los ambulatorios, con una atención solo telefónica, con demoras insoportables, que aún persisten

Venía del lamentable proceso poscovid, en el que volvió a mentir hasta en tres ocasiones sobre la reapertura de los centros de salud y consultorios a la ciudadanía, bunkerizados, lo que generó, y aún genera, colas ante los ambulatorios, con una atención sólo telefónica, con demoras insoportables, que aún persisten.

Cuando el acceso al primer nivel de la sanidad pública se ve restringida deliberadamente, presuponiendo que hasta los mayores saben pedir cita por internet en una app habitualmente colapsada y las citas se dan a quince días vista, decapita el estado de bienestar.

En el mundo rural, la falta de profesionales, como pediatras, o médicos, es desconcertante.

En una de sus controvertidas decisiones, la Junta permitió la asistencia al fútbol y hasta a los toros, pero no se podía acudir al médico de familia. Los consultorios seguían vedados a los que más lo necesitaban. Inaudito.

La nueva Atención Primaria, que adelantó El Independiente de Granada, causó, primero, incredulidad, y luego indignación en sus primeras aplicaciones de tapadillo. Obliga, como en las urgencias hospitalarias, un cribado previo, en el que decide enfermería.

Más demoras, y sobrecarga a este grupo profesional, porque si enfermería no lo ve claro, tiene que consultar con el médico que probablemente quiera ver al paciente, en otra fecha. De allí la paciente o el paciente se va ese día sin respuesta a su dolencia. El Distrito Metropolitano es ejemplo del caos, de una mala planificación y organización.

Colas ante el Centro de Salud del Zaidín, este octubre. Indegranada.

No hay noticias en algunos grupos profesionales del complemento de productividad, y en el recuerdo ese desvío de 5 millones de euros del personal del SAS para salvar a la Alhambra de la quiebra.

La Junta apuesta por una sanidad con cada vez menos médicos y enfermeras, pese a sus proclamas. Ante ello, su solución es el desvío de los pacientes para que sean atendidos por otras categorías o entrar en el bucle de las demoras

La Junta apuesta por una sanidad con cada vez menos médicos y enfermeras, pese a sus proclamas. Ante ello, su solución es el desvío de los pacientes para que sean atendidos por otras categorías o entrar en el bucle de las demoras.

Mientras, en la atención especializada siguen las agendas cerradas en las más demandadas y no es raro que le vuelvan a llamar cuando se abren para decirle que en breve se la darán.

La Administración andaluza gana así tiempo, no se contabiliza como en lista de espera, pero la ciudadanía puede tardar meses y meses en ser atendido. Igual sucede con las pruebas diagnósticas.

Es frecuente leer en Andalucía tal acreditación a un hospital, la puesta en marcha de nuevas maquinarias médicas de vanguardia o procedimientos únicos… ¿Entonces? Solo una pésima organización explica la realidad de una sanidad pública enferma, cuya salud empeora.

Hartos de esta sanidad

Una usuaria del centro de salud de La Chana, con una delicada dolencia, se queja, con toda razón, de que en un año ha sido atendida por teléfono por seis médicos distintos, y solo fue atendida personalmente por uno.

Este es un ejemplo de las muchas quejas que recibimos en El Independiente de Granada de usuarios y usuarias de la sanidad pública andaluza., que nos escriben para que demos altavoz a sus críticas.

Otro usuario, que busca una segunda opinión médica de un especialista ante la inminencia de su intervención, recibe por respuesta con la franqueza que por teléfono se expresas los y las administrativos de los centros de salud que “va a ser muy difícil que le den cita antes de seis meses”, a lo que él replica que “la operación se la han indicado para dentro de cuatro”

Recientemente se averió a los quince días de su estreno el aparato de Rayos X de Huétor Vega. Los pacientes fueron informados el mismo día de su cita. “Le llamamos”, pero nunca sucedió, lo que obligó a los pacientes a volver a pedir cita en sus centros de salud, pero ya no contabilizaban en las listas de espera.

Otro usuario, que busca una segunda opinión médica de un especialista ante la inminencia de su intervención, recibe por respuesta con la franqueza que por teléfono se expresan los y las administrativos de los centros de salud que “va a ser muy difícil que le den cita antes de seis meses”, a lo que él replica que “la operación se la han indicado para dentro de cuatro”.

Sobre otra complicada dolencia, una usuaria describe que la médica de Familia le dijo que iba a consultar por videoconferencia con una especialista del Hospital del Campus. “A los siete días me llamó para decirme que el especialista no atendía su consulta, por lo que es mejor que pida cita al especialista”. “¿Cuánto tardará? –le espetó-, me temo que ocho meses”.

Y aunque parece que el Covid ya se ha superado, y se presuma de que en UCIs no hay pacientes, lo que manda un mensaje de relajación a la población, no es verdad. Pero Salud también se ha relajado. Un usuario nos relata el “calvario” para saber si él y su familia pueden tener Covid tras dar positivo la cuidadora de su padre. “No son contactos directos”, le dijeron. “¿Pero cómo no vamos a ser contactos directos si -la cuidadora- vive con nosotros?”

Sobre vacunas de la gripe, otra queja en la que lamentaba que le habían llamado para inoculársela a su madre, de edad avanzada, impedida, por lo que no puede salir de casa, en un cuarto piso sin ascensor. La organización familiar se activó, con permiso laboral de por medio. Le dieron cita y hora. Y no llegaron. Al contactar con el centro de salud, le dijeron que “eso iba por otra vía”, no especificada. A los tres días le pusieron la vacuna, llegando de improviso, sin explicación.

Y aunque parece que el Covid ya se ha superado, y se presuma de que en UCIs no hay pacientes, lo que manda un mensaje de relajación a la población, no es verdad. Pero Salud también se ha relajado. Un usuario nos relata el “calvario” para saber si él y su familia pueden tener Covid tras dar positivo la cuidadora de su padre. “No son contactos directos”, le dijeron. “¿Pero cómo no vamos a ser contactos directos si -la cuidadora- vive con nosotros?”.

Aún así se resistieron a hacerles las pruebas al usuario, su mujer y su hijo. Tras mucho batallar, a los quince días de la llamada le llamaron para hacerle la prueba al padre de familia. Dio negativo.

Y la salud mental, de la que la Junta no se pronuncia. Una usuaria se queja que hasta dentro de 6 meses no la reciben.

Suma y sigue. En una lucha contra el negacionismo del Gobierno andaluz de derechas.

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