En 1997, los socialistas en la Junta de Andalucía llevaban un año tratando de acomodarse al nuevo escenario político, en el que, por primera vez desde la muerte del dictador, debían convivir con un Gobierno central del PP y con todas las capitales de provincia andaluzas gestionadas también por la derecha, tras los desencuentros entre las izquierdas en Málaga, Córdoba y Huelva, y en Sevilla por el apoyo de los andalucistas a la popular Soledad Becerril.

Sorpresivamente, el Gobierno de José María Aznar, a través del entonces secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, anuncia la creación del Consejo Asesor de la Alhambra, un órgano recogido en el decreto de transferencias a la Junta de Andalucía de 1984, firmado por el entonces presidente del Gobierno, el socialista Felipe González, con competencias de supervisión, por encima del Patronato, y la presidencia del organismo reservada para el Ministerio de Cultura

En la capital granadina, con Gabriel Díaz Berbel, como alcalde, tras 18 años de sucesivos gobiernos municipales socialistas de Antonio Jara y Jesús Quero.

Sorpresivamente, el Gobierno de José María Aznar, a través del entonces secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, anuncia la creación del Consejo Asesor de la Alhambra, un órgano recogido en el decreto de transferencias a la Junta de Andalucía de 1984, firmado por el entonces presidente del Gobierno, el socialista Felipe González, con competencias de supervisión, por encima del Patronato, y la presidencia del organismo reservada para el Ministerio de Cultura.

Pero el principio de todo partió de la derecha fáctica granadina que, en una cena, selló la intención de recuperar la Alhambra, entonces dirigida por Mateo Revilla, desde doce años antes. La estrategia a seguir: desempolvar el decreto de transferencias y proponer la creación por parte del Gobierno de la nación -no solo de la derecha, sino con mayoría absoluta- de un Consejo Asesor de la Alhambra, que lo preveía, aunque en la práctica había quedado superado por la inercia de la gestión de la autonomía. Pero no había sido derogado.

Así que con el respaldo de aquella representación de la burguesía conservadora de Granada, incardinada en el PP, presidido entonces por Juan de Dios Martínez Soriano, al que nunca agradó ese intento de reconquistar la Alhambra.

Mientras notables burgueses y políticos de derechas ya se repartían cargos en el Consejo Asesor, la polémica se avivó con un duro enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central

Lo protagonizaron la entonces ministra de Educación, Cultura y Deportes, Esperanza Aguirre, y la consejera de Cultura, Carmen Calvo.

La Junta defendía con ahínco la autonomía en la gestión de la Alhambra, y el Gobierno se aferraba al decreto de transferencias para justificar la legalidad de la creación del Consejo Asesor de la Alhambra.

Un nuevo hecho aportó más gasolina al enfrentamiento: la construcción del nuevo Rey Chico, sobre la antigua sala de fiestas, a las faldas de la Alhambra. Meses después de que comenzaran las obras, las autoridades al fin repararon del enorme impacto visual que aquella obra suponía en el entorno del monumento

El debate sobre el impacto de aquella construcción, solventada con el tiempo con un cubrimiento vegetal de lo que hoy es un centro cultural de la Junta, fue tal que hasta La General quitó el cartel habitual en el que sacaba pecho por la financiación de la obra.

No había encuentro institucional entre Aguirre y Calvo en el que no saltaran chispas por el Consejo Asesor. Crónicas de entonces, recogían como en Sevilla, en la firma de un convenio entre Ministerio y Consejería para la conservación de catedrales, ante la prensa se enfrentaron abiertamente con reproches mutuos.

 "La constitución del consejo asesor de la Alhambra es un absurdo político y supondría un recorte del autogobierno autonómico", señaló Calvo cuando la cuestión fue puesta encima de la mesa. Y Aguirre contraatacó afeando que se permitiera la construcción del Rey Chico. “Eso con el Consejo Asesor no hubiera sucedido”, dijo.

La Junta, cuando había amenazado con recurrir al Constitucional esgrimió que el Real Decreto de 1984, por el que se traspasaron las competencias de Cultura a Andalucía, añadía unos anexos que imposibilitan la formación del polémico Consejo.

"Cuando les hablé de los anexos, la ministra no los conocía. Los pidió y entonces comprendió que había una lista de lo que ya había sido transferido a la Junta en la que figuraba la Alhambra", explicaba Carmen Calvo.  

Javier Torres Vela, consejero andaluz de Cultura cuando se procedió a las transferencias de Cultura, y en aquellos años presidente del Parlamento andaluz, así lo corroboró, dado que también tuvo que entrar en el debate.

Aquello atemperó el debate y tras tiras y a flojas se disipó.

Pero no fue tanto la amenaza al Constitucional o los anexos lo que provocaron que la creación quedara enterrada la sociedad granadina, desde el primer momento rechazó aquella injerencia del Gobierno de la nación en la autonomía de Andalucía, de Granada y la Alhambra. Aún no se había asentado ese sentimiento anti centralista sevillano.

Aquella derecha, que rechazaba la gestión desde Sevilla, pero sí desde Madrid, se vio obligada a cerrar el debate que, con los años, se convirtió en rechazar la gestión de la Alhambra desde Sevilla, para que la gestión sea granadina.

Aquella derecha, que rechazaba la gestión desde Sevilla, pero sí desde Madrid, se vio obligada a cerrar el debate que, con los años, se convirtió en rechazar la gestión de la Alhambra desde Sevilla, para que la gestión sea granadina

Lo que ha sucedido desde que la derecha gobierna la Junta de Andalucía, ya lo hemos comprobado: la Alhambra (y Sierra Nevada), que antes estaban gestionadas desde Sevilla, también lo están ahora.

Una asociación de defensa del patrimonio Oppidum Eleberis presentó en enero de 2019 alegaciones al cambio de estatutos del Patronato, en el reclamaba la creación del Consejo Asesor.

¿Qué pasaría si el Gobierno de la nación intentara activar ahora el Consejo Asesor de la Alhambra?...