“En Granada, en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, en las dependencias de la Brigada de Policía Judicial, siendo las seis horas y 00 minutos del día 13 de abril de 2016…”. Así comenzaba el informe de la operación policial del caso Nazarí, según consta en el sumario, que acabó ese día con la detención de 15 personas y 18 registros en domicilios particulares, organismos oficiales y sedes de empresas, puesto que se consideró “que no existía otro medio más idóneo” para la obtención de evidencias, entre otros motivos, por la “gran cantidad de trabas” a la entrega de documentación de carácter público.

registro_ayto_.jpg

Registro en el Ayuntamiento. Miguel Rodríguez

Además, “las medidas solicitadas se consideran del todo punto oportunas y proporcionales a la gravedad de los delitos que presuntamente se podrían estar cometiendo por las personas investigadas”, como son asociación ilícita; cohecho; fraude en la contratación; prevaricación; tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; estafa; falsedad en documento mercantil; administración desleal y delitos contra la ordenación del territorio.

• La "trama corrupta" en Urbanismo habría provocado un perjuicio económico a Granada de casi 29 millones
• Los reveladores correos del caso Nazarí

Los informes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Policía Judicial son demoledores. Elaborados tras sus investigaciones y declaraciones de implicados, revelan todo un cúmulo de irregularidades en la gestión del Urbanismo municipal durante el gobierno municipal de PP. Informes ad hoc para beneficiar supuestamente a un grupo de empresarios que se repartían las tajadas más jugosas, presiones en el área para favorcerlos y reestructuraciones y nuevos organigramas la Concejalía o relaciones que traspasaban las fronteras lógicas entre administradores y administrados.

Investigados:

Cargos públicos:

José Torres Hurtado, ex alcalde

Isabel Nieto, ex concejal de Urbanismo

Funcionarios municipales:

Mercedes López Domenech, secretaria general del Ayuntamiento

Francisco de Paula Aguilera, interventor general del Ayuntamiento

Manuel Lorente, ex gerente de Urbanismo y director de Obras

Agustín Belda, coordinador General de Urbanismo

Emilio Martín Herrera, director general de Licencias y Disciplina de Urbanismo

Mari Paz Spínola Merino, directora general de Urbanismo

Gaspar Navarro Carruesco, Jefe de Servicio de Obras Privadas

Empresarios:

José Julián Romero

José Luis Molina Sierra

Rosa María Julián Morillas

Roberto García Arrabal

Enrique Legeren Féliz

Fátima Dolz del Castelar Moreno, secretaria de la Junta de Compensación de San Jerónimo (a las órdenes de José Julián Romero)

Las entrañas de la investigación

• A lo largo de la investigación se ha podido determinar la existencia dentro de la Concejalía de urbanismo de “una trama organizada corrupta que, de forma continuada en el tiempo, habría estado beneficiando a diferentes promotores urbanísticos, en contra del interés general de la ciudad de Granada, alterando el normal funcionamiento de la Concejalía de urbanismo, contraviniendo en muchos casos la normativa urbanística vigente y con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales”.
  
   
• Esta “trama corrupta investigada estaría actuando como una verdadera organización criminal, al cumplir con todos los requisitos  establecidos por la legislación actual, en relación a la existencia de una pluralidad de personas, con una estabilidad en el tiempo, una jerarquía establecida y un reparto de funciones entre los integrantes de la trama”.
  
   
• Esta trama corrupta estaría “manejada desde hace mucho tiempo por Manuel Lorente Sánchez-Palencia, actualmente, director técnico de Obras, si bien antes de 2008 ocupaba el cargo de Gerente de Urbanismo”.
  
   
• Manuel Lorente “sería de total confianza del alcalde José Torres Hurtado, el cual no solamente tendría conocimiento de las irregularidades existentes en la Consejería de urbanismo, sino que habría tomado parte activa en procurar ese favorecimiento y que incluso habría sido directamente beneficiado en este tipo de decisiones urbanísticas adoptadas de forma injusta”.
  
   
• Isabel Nieto, “además de conocer y participar en las irregularidades conocidas, habría sido beneficiada directamente con las mismas”.
  
   
• Bajo las órdenes y directrices del alcalde, al concejal y de Manuel Lorente existiría “una serie de funcionarios de la Concejalía, los cuales habrían participado y ayudado a llevar a cabo estos favorecimientos, encargándose de dar apariencia de legitimidad a los mismos, en muchos casos, en contra de la legislación urbanística establecida y alterando el normal trámite de los expedientes y perjudicando los intereses municipales en beneficio de los empresarios investigados”.
  
   
• Estos funcionarios habrían actuado bajo las órdenes de Manuel Lorente sin que en la mayoría de los casos, y según la estructura orgánica existente, dependieran orgánicamente de él, “realizando todo tipo de presiones sobre sus subordinados y no dando cuenta de esos expedientes alterados a sus superiores que no participaban del tal entramado criminal”.
  
   
• Este funcionamiento anómalo de la Administración municipal “se ha evidenciado al existir variaciones con respecto a las tramitaciones habituales de los expedientes, cambios en las estructuras administrativas para poder favorecer sus intereses, cambios de los funcionarios asignados a los mismos o bien presiones para que aceptaran los criterios de sus superiores llegando a desplazar y llevar a cabo acciones de mobbing sobre los funcionarios que no se plegaban a los designios marcados, con el fin no solamente de conseguir que las resoluciones les favorecieran en sus intereses, sino también de servir de escarmiento para el resto de funcionarios y así conseguir un clima de miedo y sumisión absoluta”.
  
   
• Unidad de acción “de una estructura criminal”, donde las “irregularidades administrativas producidas en los expedientes urbanísticos analizados en las presentes diligencias previas no serían hechos asilados e inconexos, sino actuaciones realizadas dentro del mismo plan criminal”.
  
   
• Perjuicio a las arcas municipales en los diferentes expedientes de 28.889.355,81 euros.
  
   
• ​Los testigos:.ante la jueza han declarado en calidad de testigos, funcionarios, empresarios y hasta exconcejales. Es el caso de Luis Gerardo García-Royo. Entre los funcionarios, Jacobo de la Rosa, clave en la investigación como también el empresario Ramón Arenas, uno de los denunciantes como perjudicado por una de las operaciones del caso, la del Pabellón  Mulhacén.
  
   
• Vinculaciones entre los investigados, más allá de las propias que se podrían establecer entre administradores y administrados. Así se establece no solo una amistad manifiesta entre varios de los investigados, en especial, Manuel Lorente y varios delos empresarios involucrados, sino que varios de los investigados habrían tenido relaciones comerciales con estos promotores inmobiliarios al adquirir diferentes viviendas al entorno empresarial de Roberto García Arrabal, o como Manuel Lorente y su mujer, que habrían adquirido toda una serie de vehículos en el concesionario de José Julián Romero. Además, “los hijos de Manuel Lorente estarían trabajando para la Corporación García Arrabal”.

Protagonistas de trama

• Tanto Torres Hurtado como Isabel Nieto, además de haber tomado parte activa en los diferentes expedientes con los que se habrían beneficiado repetidamente a determinados empresarios, ellos mismos y sus respectivos entornos familiares se habrían beneficiado en el expediente asociado a la construcción del céntrico edificio donde residen.
  
   
• Manuel Lorente “sería el que estaría controlando que los expedientes se tramitaran según los intereses de la trama corrupta”.
  
   
• Mercedes López Domenech, desde su cargo de secretaria general del Ayuntamiento, “habría colaborado para que la trama investigada consiguiera sus propósitos, emitiendo detrminados informes jurídicos”.
  
   
• Francisco de Paula Aguilera, habría llevado junto al cargo de interventor general, la intervención delegada de la Gerencia de Urbanismo.
  
   
• Agustín Belda, coordinador general de Urbanismo, era persona de máxima confianza de Manuel Lorente, “siendo éste quien le apadrinó para conseguir sus respectivos ascensos”.
  
   
• Emilio Martín Herrera, director general de Licencias y Disciplina. Manuel Lorente controlaba que los expedientes se tramitaran de acuerdo a sus intereses, con la “permanente colaboración técnica de Emilio Martin y al amparo de sus informes jurídicos, en ocasiones con interpretaciones de las normas urbanísticas más que cuestionables”.
  
   
• Mari Paz Spínola Merino, directora general de Urbanismo, “habría firmado a favor muchos asuntos patrocinados por Emilio Martín, porque ha trabajado muchos años como aparejadora a las órdenes de él y le tendría gran consideración”.
  
   
• Gaspar Navarro Carruesco, Jefe de Servicio de Obras Privadas. Dependería de Manuel Lorente, sería de su confianza y “firmaría todo lo que le dice éste”.