El consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, ha asegurado este miércoles que la empresa pública que gestiona la estación de esquí arrastra 32 millones de pérdidas y más de 20 millones de endeudamiento. 

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha recibido el respaldo del consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, con quien ha comparecido junto al delegado del Gobierno andaluz en Granada. 

Esta comparecencia se produce tras salir a la luz las auditorías que revelaban irregularidades en la gestión de la anterior dirección socialista que provocaron duras críticas a la Junta por parte del ya expresidente del PP granadino Sebastián Pérez. Esos duros reproches a la gestión de la Junta, afeándole que no hubiera acudido ya al Juzgado, terminaron desembocando en la dimisión de Pérez. 

Hoy, Ibáñez ha sido apoyado públicamente por el consejero Bravo, dejando claro que el Gobierno andaluz avala su gestión y también la manera en la que ha afrontado esos informes. 

"No venimos con dedo acusador", han defendido tanto Ibáñez como Bravo. 

El consejero delegado de Cetursa ha aclarado que la propia empresa encargada de los controles de obra desarrollados "no ha encontrado dolo". También ha destacado que el fraccionamiento de contratos por sí solo "no es un delito". Y que "no se puede acusar sin pruebas evidentes".

Todo ello para justificar la forma en la que se ha actuado, marcada según han coincidido en destacar Ibáñez y Bravo en la "transparencia". 

El hecho de que, junto a esos datos, en algún momento de la rueda de prensa se haya señalado incluso, por parte de Ibáñez, que algunas de las opiniones vertidas sobre la anterior dirección "no fueron en absoluto justas", ha derivado en una pregunta sobre si entonces las cosas se habían hecho bien. "Arrastra 32 millones de pérdidas y 20 millones de deuda. ¿Le parece que es bueno?". 

"Le hemos dado la vuelta al calcetín y eso es mérito del consejero delegado y de su equipo y de los trabajadores", ha enfatizado el consejero. Si procede y así lo estiman la Intervención y la Cámara de Cuentas, a la que se ha dado cuenta de la información obtenida, se emprenderá la vía judicial. 

Bravo ha recordado que la Junta ha destinado 3 millones de euros a auditar el sector instrumental.