El bipartito cambia los estatutos para restar participación a las familias en las Escuelas Municipales Infantiles
La plataforma recuerda en una nota de prensa que en abril de 2016 se firmó una Declaración Institucional en virtud de la cual todos los grupos políticos municipales se comprometieron a que el Ayuntamiento garantizara con fondos propios el mantenimiento de las Escuelas Infantiles Municipales de Granada y su proyecto educativo de etapa completa, de los cero a los seis años. Asimismo, se comprometieron a que se modificaran los estatutos de la fundación contando en todo el proceso con la participación de familias y personal de las escuelas.
Dicha declaración, explican, dio inicio a casi tres años de negociaciones entre los colectivos implicados y todos los grupos políticos municipales, horas y horas de debates constructivos y búsqueda de consensos, que finalmente culminaron en un texto prácticamente unánime, aceptado por todos los grupos políticos municipales a excepción del PP. Demostramos que otra forma de hacer política era posible, contando con los colectivos implicados y sentándonos alrededor de una mesa para debatir y construir, juntos y juntas.
Con la presencia de las familias, personal y UGR se conseguía que cada acuerdo exigiera de mayorías amplias, de consensos obligados, resultando en consecuencia acuerdos mucho más participados y con vocación de futuro
Este texto "consensuado" introdujo dos novedades muy importantes: en primer lugar, la participación en los órganos de decisión de la FGE, Consejo de Patronos y Comisión Ejecutiva, de un representante de las familias y de un representante del personal de las escuelas. Y en segundo lugar, se estableció un sistema de voto ponderado para la toma de acuerdos, esto es, que cada patrono no ostentara un voto sino un porcentaje de voto, en función de su representación en el pleno. "Con ello se pretendía, por un lado crear un órgano decisorio funcional, eficaz, con un número reducido de miembros, pues los partidos políticos no tendrían interés en nombrar cuantos más concejales mejor, ya que cada grupo ostentaría un tanto por ciento de voto, no tantos votos como patronos de su partido. Y por otro lado, al diluirse los tantos por ciento de votos de los munícipes con la presencia de familias, personal y UGR, se conseguía que cada acuerdo exigiera de mayorías amplias, de consensos obligados, resultando en consecuencia acuerdos mucho más participados y con vocación de futuro".
Este sistema de voto ponderado es el que ahora pretende modificar el concejal de Educación, Carlos Ruiz Cosano, en el próximo pleno del Ayuntamiento el viernes 30 de octubre, "sin pasar por el Consejo de Patronos, único órgano en el que las familias y el personal tenemos voz y voto, rompiendo ese camino de diálogo y consenso iniciado en el 2016 y poniendo en práctica una política cortoplacista que sólo entiende de imposiciones y acuerdos" de mandato. "Y no es una modificación exigida por ley", según subraya la plataforma para explicar que "este sistema de votos es completamente legítimo y legal. Es más, fue el sistema de voto propuesto por el vicesecretario general del Ayuntamiento de Granada, Gustavo García-Villanueva, para conseguir los dos objetivos que nos planteábamos, un órgano eficaz y que exigiera mayorías amplias para la toma de acuerdos, y fue informado favorablemente, mediante informe escrito, por este mismo vicesecretario general antes de su aprobación por el pleno del Ayuntamiento de Granada en febrero de 2019, tal y como establece el procedimiento de aprobación de los estatutos de una Fundación Pública Local".
La plataforma recuerda que el vicesecretario avaló con un informe el criterio que ahora ve antijurídico
Sin embargo, un año después, el mismo vicesecretario general, sin que haya mediado reforma normativa alguna, ha cambiado su criterio jurídico y ve antijurídico un sistema de voto ponderado que él mismo propuso y avaló por escrito. El mismo órgano del Ayuntamiento encargado de velar por la legalidad y seguridad jurídica de la institución, está creando una inseguridad jurídica absoluta al hacer depender sus interpretaciones jurídicas del equipo de gobierno que dirija la Fundación en cuestión".
"Cierto que ha habido un requerimiento del Protectorado de Fundaciones afirmando que el sistema de votos ponderado no es admisible. Pero el Protectorado no es un órgano judicial, sino administrativo, dependiente de la Junta de Andalucía, dirigido por políticos, y que está haciendo una interpretación de la norma, que no es taxativa". Ese requerimiento fue rechazado por el Consejo de Patronos de la Fundación en febrero de 2020, habiendo quedado obligado el vicesecretario general del Ayuntamiento a alegar en contra de dicho requerimiento. Desde ese febrero de 2020 hasta hoy han pasado nueve meses en los que se han celebrado otros consejos de patronos y comisiones ejecutivas, y el vicesecretario general, a preguntas de laplataforma y de la oposición, aseguró "estar redactando las alegaciones frente al Protectorado". "Y nueve meses después de dicho acuerdo, el concejal decide poner en práctica la función tuitiva del Ayuntamiento, nueve meses después, cuando el próximo día 3 de noviembre ya hay convocados dos consejos de patronos donde se puede y debe debatir esta posible reforma con la participación de todos sus miembros".
"¿Qué sentido tiene que cinco días antes se lleve este punto a un pleno del Ayuntamiento cuando se podría haber llevado cinco días después al órgano competente según estatutos? ¿Saben cuál es la única diferencia? Que en el pleno no tenemos voz", explica la Plataforma Sí 0-6.