• "Estamos dando máxima normalidad a una situación anormal como fue la Operación Nazarí", asegura Fernández Madrid.

El gobierno local hace balance de la auditoría del urbanismo durante los 13 años de gestión del PP y defiende que, pese a la dificultad, ha conseguido poner en marcha la maquinaria sin detener la gestión de una de las áreas más delicadas del Ayuntamiento, bajo investigación judicial para aclarar si hubo una trama que supuestamente favoreció a constructores en los sucesivos mandatos populares.

El análisis de la anterior gestión urbanística se centró en algo más de una treintena de instrucciones y 40 convenios urbanísticos, todo desde un punto de vista administrativo, como recordó este lunes el edil socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, al que ha tocado lidiar con el área, pues la investigación judicial ya está en marcha. De hecho, destacó la colaboración con esa investigación por parte del Ayuntamiento, desvelando que la Policía solicita "frecuentemente" documentación respecto a los casos.

Según sus cálculos, hasta ahora se ha conseguido evaluar entre un 15 y 16 por ciento del trabajo previsto, lo que supone una decena de instrucciones y entre diez y doce convenios. "A partir de ahora se acelerará, pero hemos puesto en marcha la maquinaria", apuntó para defender el trabajo que, según recalcó, se prolongará durante prácticamente todo el mandato. Porque se lleva a cabo mientras la gestión sigue adelante y sin posibilidad de gastar dinero en una auditoría externa, lo que significa que los funcionarios son los que deben asumir también esa labor extraordinaria. 

"Estamos dando el callo y, fundamentalmente, los técnicos municipales", agregó para defender el trabajo de la auditoría y rechazar las críticas de grupos de la oposición, como IU, asegurando que estaba paralizada. "No es un trabajo fácil revisar lo hecho en 13 años y además tramitar" y todo ello, enfatizó Fernández Madrid, pese al "caos" que se encontraron en Urbanismo.

Además, ofreció números de la gestión ordinaria en el área: se han resuelto los 80 expedientes que han entrado sobre calificaciones ambientales; 613 declaraciones responsables, que son concesiones automáticas de licencias que después se revisan; 449 cambios de titularidad de negocios; 299 de las 332 solicitudes de obra mayor y primera ocupación; 139 de 143 licencias de obra menor; más de 734 actuaciones preliminares de inspección urbanística -"que hemos puesto a funcionar", ha precisado-; y se han iniciado 414 actuaciones por sanciones. A todo ello se suma el reciente estudio para el soterramiento del AVE y el convenio que se prevé firmar con la Alhambra, además de la reforma del eje Arabial-Palencia.

"El área ha hecho su trabajo; se podrá discutir el tiempo, pero quiero dejar claro que se ha hecho al tiempo que se estaban revisando convenios, decretos e interpretaciones del PGOU y de los planes especiales". 

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El concejal de Urbanismo, este lunes en rueda de prensa. j.a./ayuntamiento

Trabajo revisado

Entre la normativa revisada, Fernández Madrid se detuvo en el decreto de usos del subsuelo que, como recordó, contravenía el PGOU. Elaborado en su día por Isabel Nieto, dio lugar posteriormente a la ordenanza de edificación que el TSJA acaba de declarar nula. Con esa ordenanza el gobierno de Torres Hurtado intentó "darle legalidad a posteriori a los permisos para la discoteca en zona verde en el Serrallo". Un caso por el que este jueves declarará el exalcalde José Torres Hurtado y por el que pueden también acabar ante la jueza todos los ediles que formaron parte de la Junta de Gobierno Local. 

"Este decreto puede parecer menos", dijo el concejal para insistir en la manera de funcionar durante la etapa del PP, con la ponencia técnica que interpretaba las normas, pese a no ajustarse a lo establecido en la Ley de Bases del Régimen Local, que otorga esa competencia al pleno, y no a unos funcionarios determinados, como ocurría.

Recordó también la dificultad que supone recibir nuevas solicitudes de negocios que pretenden usar el subsuelo mientras se revisa la normativa. Con la indicación de los técnicos y los informes jurídicos, se ha optado por denegarlas todas a excepción de las que ya estaban en el punto de la licencia de primera ocupación. 

También se ha anulado el decreto para pérgolas en terrazas, aprobado por la concejala del PP Telesfora Ruiz y que habría requerido una modificación del PGOU, aunque nuevamente no se hizo. Igualmente, atendiendo a un principio de seguridad jurídica, no se han otorgado más licencias, "para no cargar en la espalda del ciudadano la responsabilidad". 

Se ha abordado también la autorización para aumentar en un 25 por ciento el aforo y la superficie de discotecas, la manera con la que se sorteó en su día la prohibición del Plan Centro de instalar nuevos negocios de este tipo.