La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada, en sesión extraordinaria celebrada este viernes, aprobó una polémica declaración institucional en el que "como juristas y alejados por supuesto de toda connotación política, su profunda preocupación" por el "contenido" del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts y "su posible aplicación legal, por cuanto supone un ataque frontal al Estado de Derecho en sus más elementales fundamentos, al poner en serio peligro la independencia del Poder Judicial y el principio básico de separación de poderes".

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada "denuncia y rechaza frontalmente dicha propuesta de acuerdo e insta a los poderes públicos a que rectifiquen los términos del mismo, para salvaguardar nuestro Estado de Derecho y los principios constitucionales que los abogados hemos jurado o prometido cumplir"

En la declaración, van más allá y afirman que "resulta inadmisible permitirse cuestionar desde el poder político -a través de las denominadas “comisiones de investigación”- las actuaciones de los Jueces y Tribunales y si se ha producido lawfare (instrumentalización de la justifica con fines políticos), lo que supone una manifiesta injerencia en la labor judicial de impartir Justicia, eliminándose de facto la separación de poderes, pilar básico de nuestra democracia, que con ello se vería seriamente amenazada".

"Los juristas, en general, y la Abogacía, en particular, no puede permanecer callada ante semejante vulneración de la Constitución y de las normas básicas del Estado de Derecho, y ello por la inseguridad jurídica que la simple posibilidad de que tales comisiones pudieran llegar a operar genera, aun bajo la supuesta legalidad parlamentaria. Porque se haría en contra de las legítimas decisiones de los Tribunales y de la estricta aplicación de las Leyes, quebrando el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, lo que sitúa a los justiciables en un estado de desequilibrio y arbitrariedad en función de factores que son ajenos al principio de legalidad y que vendrían dictados por intereses políticos, con evidente perdida de las más mínimas garantías constitucionales". 

Y así, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada "denuncia y rechaza frontalmente dicha propuesta de acuerdo e insta a los poderes públicos a que rectifiquen los términos del mismo, para salvaguardar nuestro Estado de Derecho y los principios constitucionales que los abogados hemos jurado o prometido cumplir". 

Tras conocer la declaración institucional emitida por la Junta de Gobierno, la  Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Granada expresa su "rechazo" y subraya que ese posicionamiento "no representa a la Abogacía Granadina"

"Consideramos su contenido parcial y desafortunado, siendo fruto de la propia situación de crispación promovida por ultras que por propia definición actúan contra la democracia", seña la la asociación quien argumenta: "La defensa del Estado social y democrático de derecho, que dice obligarle a pronunciarse, y a mostrar su preocupación por el contenido de un documento suscrito por dos partidos políticos, que se han sometido a las urnas, debe suponer el respeto al resultado de las elecciones legalmente celebradas y a la configuración de las Cortes Generales y su función como representación de la ciudadanía, estando reñida su declaración con el deber que tiene de abstenerse de emitir opiniones en favor o en contra de los acuerdos que puedan tomar determinados grupos políticos".

Porque la declaración emitida, "en sí misma, -subraya la asociación- pone de manifiesto su falta de neutralidad institucional y su falta de respeto a la pluralidad política, al anunciar acciones frente a una futura e hipotética ley que ni siquiera ha sido tramitada y cuyo contenido, salvo que cuente con facultades adivinatorias nunca antes manifestadas a las/os profesionales de la Abogacía que forman parte del ICAGr, se desconoce"

Porque la declaración emitida, "en sí misma, -subraya la asociación- pone de manifiesto su falta de neutralidad institucional y su falta de respeto a la pluralidad política, al anunciar acciones frente a una futura e hipotética ley que ni siquiera ha sido tramitada y cuyo contenido, salvo que cuente con facultades adivinatorias nunca antes manifestadas a las/os profesionales de la Abogacía que forman parte del ICAGr, se desconoce".

"Porque desaprovecha y maltrata el papel institucional que realmente puede y debe ocupar el Colegio de abogadas y abogados de Granada, sin hacer un pronunciamiento contra la crispación en las calles que promueven movimientos ultras y antidemocráticos, dando la apariencia de posicionamiento de esta Institución, y que solo lleva a enfrentamientos, por lo que una institución como el Colegio de Abogados de Granada, debe atende a su papel institucional, no partidario, y debe recoger un llamado a abandonar llamamientos irresponsables a enfrentamientos extremistas en la calle como se están produciendo estos días, posicionándose frente al mismo".

Y añade: "No entendemos la oportunidad de este tipo de comunicados, ya que existen Sentencias, como la 2209/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que determina que un Colegio profesional, como corporación de derecho público, no puede pronunciarse abandonando su posición de neutralidad, asumiendo posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectada del interés profesional que representa".