El Ayuntamiento de Armilla ha replicado a la Diputación, que hoy le ha señalado junto a Maracena y Atarfe por mantener una deuda con la institución por el coste del servicio de bomberos, que "no es un municipio deudor, sino que ha recurrido judicialmente la liquidación impuesta por la Diputación debido a la falta de justificación del incremento de más del 100 % en los costes del servicio en los últimos años".

En un comunicado, ha señalado que "la Diputación no ha acreditado con un estudio económico-financiero detallado en qué se basa este aumento desproporcionado de las aportaciones municipales. Pese a los reiterados intentos de este Ayuntamiento por obtener explicaciones, la falta de transparencia es absoluta".

Para "defender los intereses de la ciudad", ha explicado, el Ayuntamiento presentó en diciembre de 2023 una reclamación administrativa contra la liquidación "impuesta", tal y como establece la normativa. Posteriormente, y ante la "desestimación arbitraria" de la Diputación, se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Procedimiento Ordinario 655/2024), que actualmente sigue en curso

"No se puede exigir el pago de una deuda que está siendo cuestionada judicialmente. El intento de cobro por parte de la Diputación no solo ignora esta realidad, sino que genera un grave perjuicio para las arcas municipales, al pretender imponernos una cuantía sin justificación", ha añadido el Consistorio.

"Si se nos cobra por servicios adicionales como una dotación de bomberos para los fuegos artificiales de las fiestas locales, ¿qué cubre exactamente la aportación municipal obligatoria? ¿Cómo se redistribuyen los fondos del Consorcio? La Diputación no nos ha dado ninguna respuesta"

Ha preguntado "¿qué servicios se están cubriendo con el dinero que se nos reclama?", señalando al respecto como "un ejemplo claro de la falta de transparencia" que, cuando el Ayuntamiento solicitó una dotación de bomberos para los fuegos artificiales de las fiestas locales, "se nos ha facturado aparte". "Entonces, si se nos cobra por estos servicios adicionales, ¿qué cubre exactamente la aportación municipal obligatoria? ¿Cómo se redistribuyen los fondos del Consorcio? La Diputación no nos ha dado ninguna respuesta".

El Ayuntamiento de Armilla ha resaltado que "defiende sus derechos y los de sus vecinos y vecinas. No se trata de negarse a contribuir al servicio de bomberos, sino de reclamar una gestión justa, equilibrada y transparente de los recursos públicos".

Ha lamentado que la Diputación, "en lugar de abordar esta cuestión con rigor y en los cauces administrativos y judiciales adecuados, ha optado por una campaña mediática de presión que no responde a la realidad". "Si su reclamación tuviera base sólida, habrían presentado la documentación requerida en sede judicial, en lugar de intentar desprestigiar a los municipios que cuestionan su gestión", ha añadido.

"Por todo ello, el Ayuntamiento de Armilla reitera su compromiso con la seguridad y el buen funcionamiento del servicio de emergencias, pero también con la defensa de los intereses de la ciudad ante decisiones injustificadas y carentes de transparencia", ha agregado.