La parlamentaria de Por Andalucía por la provincia de Granada, Alejandra Durán, ha mostrado esta mañana su rechazo a la creación de la nueva Dirección General de Educación Concertada, que ha achacado a “las políticas de privatización educativa” de Moreno Bonilla, y ha trasladado el respaldo de su grupo parlamentario a la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre frente al Parlamento de Andalucía.

“A tan solo un mes del inicio del curso escolar nos enteramos de que, lejos de atender las reivindicaciones que la comunidad educativa, la intención de Moreno Bonilla es dar continuidad a su plan de privatización de la educación pública financiando con dinero público y fondos europeos una Dirección General dedicada a impulsar y fortalecer los espacios de educación privada en Andalucía”, ha criticado la parlamentaria

Así, Durán ha afeado que el pasado jueves, el mismo día que se registraba la entrega de más de 52.000 firmas en Cámara autonómica en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una bajada de ratios en los centros escolares andaluces, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) diera a conocer que el Gobierno de Moreno Bonilla financiará con dinero público una nueva Dirección General de Enseñanza Concertada.

“A tan solo un mes del inicio del curso escolar nos enteramos de que, lejos de atender las reivindicaciones que la comunidad educativa, la intención de Moreno Bonilla es dar continuidad a su plan de privatización de la educación pública financiando con dinero público y fondos europeos una Dirección General dedicada a impulsar y fortalecer los espacios de educación privada en Andalucía”, ha criticado la parlamentaria.

En este sentido, Durán ha señalado que “este tipo de acciones, unidas a que durante la última legislatura se cerraron en Andalucía más de 1100 aulas públicas mientras se favorecía a la concertada con importantes cantidades de dinero público, han provocado la “alarma” de la comunidad educativa y de su propia formación ante lo que consideran “el inicio de un cambio en el modelo educativo andaluz que pretende dejar escorados en segundo plano a los centros públicos”.

El Partido Popular no puede usar la institución para crear un espacio de fortalecimiento de la educación privada cuando la escuela pública tiene carencias tan básicas como las elevadas ratios, la falta de personal educativo, PTIS y orientadores o la climatización de las aulas, que están mermando significativamente la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos”, ha zanjado.