Andalucía Acoge ha expresado su confianza en que el nuevo presidente del Gobierno, tal y como ha manifestado en sus últimas intervenciones, introduzca "una visión más global e inclusiva en el ámbito de las migraciones, inexistente hasta el momento", y ofrezca "respuestas de forma inminente a estas realidades". 

A juicio de la organización, en primer lugar, es necesaria una gestión humanitaria de las llegadas colectivas a la costa española, con especial atención a la situación de los menores no acompañados. "La Frontera Sur tiene que dejar de ser un lugar de vulneración de derechos humanos y constituirse como un espacio donde se favorezcan vías seguras y legales para el imprescindible y necesario tránsito de las personas migrantes", ha dicho Andalucía Acoge, que recuerda a Pedro Sánchez que en su programa electoral reconocían que “en el tránsito de la frontera, es absolutamente prioritario, además de una obligación, garantizar el respeto de la dignidad de todas las personas que llegan y el reconocimiento de sus derechos fundamentales”. Este año se cumplen 30 años de muertes en la Frontera Sur y en este 2018 ya son más de 650 las personas que han perdido su vida en el Mediterráneo. 

Por otra parte, es imprescindible paralizar la construcción de los nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y cerrar los existentes, dialogando con la ciudadanía y las entidades sociales. Estos centros son "ineficaces y costosos, están fuera del respeto de los derechos humanos y su único fin es criminalizar y excluir a las personas migrantes".

El nuevo presidente debe ser "coherente" con su programa electoral y olvidar los “experimentos” del Gobierno anterior cuya intención era poner en marcha centros de primera acogida y detención de personas migrantes, como el de Motril. 

"Asimismo, le recordamos que, tal y como exponía el PSOE en su programa electoral, es urgente derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que impuso graves restricciones en el reconocimiento y garantía efectiva del derecho a la salud para las personas migrantes que no tenían regularizada su situación así como, derogar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana". Esta Ley, además de contemplar "recortes de derechos" para el conjunto de la ciudadanía, introduce una Disposición Adicional Décima en la Ley de Extranjería cuyo objetivo es proporcionar cobertura legal a las devoluciones sumarias de personas inmigrantes que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla, las conocidas como “devoluciones en caliente”. "Hay que poner de relieve en este punto que, en octubre del 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una sentencia condenando a España por las devoluciones en caliente ya que estas representan expulsiones colectivas prohibidas por la Convención Europea de Derechos Humanos. La ilegalidad de esta práctica ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la federación Andalucía Acoge por tratarse de una gravísima vulneración de los derechos fundamentales". Con este pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo, añade Andalucía Acoge, se evidencia que "las devoluciones en caliente, las expulsiones colectivas y los abusos policiales en el contexto de vulneración estructural de derechos de las personas inmigrantes en la Frontera Sur son prácticas totalmente contrarias a los estándares mínimos internacionales de protección de los derechos humanos". 

Además, el nuevo ejecutivo debería exigir a la Unión Europea que refuerce los fondos que destina a las migraciones en materia de inclusión social y convivencia y romper con la estrategia de criminalización de la solidaridad a la que estamos asistiendo con el endurecimiento de las políticas migratorias.

El nuevo presidente tiene "una oportunidad real para reorientar la política de extranjería, para tener una visión más social y gestionar de una manera más humana lo que ocurre en las fronteras. Poner en práctica lo que se recogía en su programa electoral comprometiéndose con una “política justa en las fronteras”, así como flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar las políticas de integración y proteger a las personas que huyen de la persecución". Es el momento para poner el énfasis en la interlocución con la ciudadanía y las entidades sociales y apostar por una política que garantice los derechos humanos y la justicia social. Desde Andalucía Acoge mostramos nuestro compromiso de crítica ante las injusticias y de diálogo con las administraciones para dar una respuesta justa y eficaz ante las constantes vulneraciones que se producen de los derechos humanos.