La Alhambra, en el ojo del huracán
Y hasta la propaganda del PP, “más Granada, más Alhambra”, se centra en ello, como un mantra. Pese a la insistencia, nunca ha detallado cómo materializaría esa reclamación, más allá de apuntar a que el Ayuntamiento debe tener más presencia en el Patronato o pedir dos euros de cada entrada de acceso al monumento nazarí para rehabilitar el Albaicín. O, la última, la de consensuar y no designar “a dedo” al cargo de dirección del organismo. Pero algunos errores de la Junta han permitido el planteamiento populista de José Torres Hurtado, en busca de votos.
La escasez de alternativas con argumentos de fondo por parte del PP, deja en evidencia una estrategia política de desgaste contra la Junta de Andalucía y los socialistas, que alimenta el populismo por el supuesto maltrato recibido, más que disponer del diseño de un auténtico modelo para una de las joyas de Granada pero también de Andalucía y del país. Por mucho que se empeñen el PP y pueda asistirle la razón, la gestión de la Alhambra recae por Ley en la Junta de Andalucía y, por tanto, los foros adecuado para plantear alternativas son los órganos de gobierno del Patronato y el Parlamento andaluz. Exigir, reclamar, proponer son posturas absolutamente legítimas, pero que figuren en un programa electoral para municipales y no en autonómicas, condena las reivindicaciones al limbo, aunque pueda generar votos.
Imagen nocturna del recinto monumental, con la Vega y municipios del Sur, al fondo. Miguel Rodríguez
1. f. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular.
2. f. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder
Sostener, como el PP mantiene, que las decisiones en el Patronato que gestiona el monumento se “toman desde Sevilla y no en Granada”, aunque cale en el electorado popular, sería como expresar, también erróneamente, que el Ayuntamiento de Granada o la Diputación, ahora en manos del PP, se gestionan desde Madrid, lo que nadie se atrevería a proclamar por descabellado. En todo caso, lo trascendente radica en el plan de gestión que se plantea y abordarlas en las instituciones oportunas.
El Palacio de Carlos V, visitada por turistas. Miguel Rodríguez
La estrategia popular, sin embargo, admite el derrotismo. En el ideal extremo de la reclamación del PP, que Granada, el Ayuntamiento, disponga de una participación decisiva en la dirección de la Alhambra, siempre pensando en que su participación permitiría una mejor gestión, hay un sentimiento de fondo que revela el convencimiento de que nunca gobernará la Junta de Andalucía, “en Sevilla”, en la definición popular, y, por el contrario, que cree que siempre gobernará en la capital granadina. Porque, ¿y si alguna vez consigue modificar la gestión de la Alhambra en beneficio del Ayuntamiento, pero no gobierna en la capital y el PP sí en la Junta de Andalucía? ¿Qué pensaría entonces?
En busca de afianzar el voto de su electorado conservador, nada como la gestión de la Alhambra para despertar simpatías en esa masa social e ideológica. La Junta de Andalucía tampoco no fue inocente al abrir al PP una rendija: el Atrio. Un proyecto controvertido, de indudable belleza y calidad, con coste elevado, 52 millones de euros, muy alejado de lo que se supone que las administraciones han debido aprender de los tiempos de fastos, opuestos a la actual crisis.
La gestión del monumento es una obsesión para el PP. Miguel Rodríguez
Nadie duda de que los actuales accesos al conjunto monumental son inmerecidos y que precisa de una actuación prioritaria para no solamente dignificarlos. Pero sumado al coste, el debate sobre aísla o no al monumento, planteado por José Torres Hurtado, merece ser considerado, porque afecta a la ciudad.
Qué pasaría con su planteamiento si el PP gobierna en la Junta y no en el Ayuntamiento
En vísperas de citas electorales, la Junta erró, o en concreto la Consejería de Cultura o el Patronato al precipitar por inoportuna la presentación de un proyecto cuyas obras no empezaban mañana. Sacarlo al debate, por una foto, era ofrecer en bandeja un argumento a Torres Hurtado, aunque como reitera el Patronato nunca se opuso en los órganos rectores.
Lo que generó ya se conoce: cruce de acusaciones de elevado tono, en las que el PP tiene las de ganar, con el añadido de la licencia de obras que se da o no. Lo del referéndum para que decida la ciudadanía si quiere o no ese Atrio es una consecuencia lógica, desde su pensamiento electoral. Antes de todo ello, tampoco la Junta se distinguió en acercar posturas con el Ayuntamiento -mano iquierda- y en trabajar por integrarlo en la gestión, haciéndolo copartícipe.
Los estatutos que rigen actualmente en el Patronato de la Alhambra y el Generalife se aprobaron el 19 de marzo de 1986 como resultado del proceso de transferencias en materia de cultura, entre el Gobierno Central a la Junta de Andalucía y en el que Javier Torres Vela, como consejero de Cultura, tuvo un protagonismo singular. Ahí se fija el marco legislativo que se fue enriqueciendo con otras aportaciones de gran trascendencia como la Ley del Patrimonio Histórico Español, así como la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía que vinieron a cualificar la gestión de los Bienes Culturales, renovadas por la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. En este marco legislativo, la Alhambra representa, sin duda, un destacado referente.
Las demás son reclamaciones que tendrá que plantear el PP en el Parlamento andaluz, como la creación en Granada de una delegación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico -cuya sede está en Sevilla-, los dos euros de las entradas para invertirlos en el Albaicín y la sorprendente propuesta de que la Dirección del Patronato recaiga en un profesional de trayectoria "contrastada" que acceda bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, es decir, a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, para que de esta forma deje de ser un puesto de libre designación "a dedo" por parte de la Junta, explicó Torres Hurtado.
La Alhambra es una joya de Granada, pero también de Andalucía y de España. Miguel Rodríguez
"No es de recibo que una persona, por tener el carné del PSOE, en este caso porque gobierna la Junta, o si gobernara el PP, con el carné del PP, tome todas las decisiones" argumentó el candidato a la reelección quien insistió en la necesidad de separar gestión económica de conservación.
¿Por qué solo en la Alhambra? Esta medida, que en otro contexto debería ser asumido por todos, podía aplicarla él mismo en los organismos que dependen del Ayuntamiento o la Diputación en los suyos, por ejemplo. Pero Torres Hurtado yerra si con ello quiere cuestionar el currículum de la actual directora, María del Mar Villafranca, aunque tenga carné del PSOE. Es indiscutible su trayectoria, conocimiento y relevancia internacional. Otra cosa es sus censurables deslices en las redes sociales.
Junto a la designación del director, propuestas para una gestión más transparente de la Alhambra. Otra propuesta para José Manuel Moreno Bonilla.
El Pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife es el máximo órgano representativo y rector. 18 cargos componen el Pleno, más la secretaria, y la presidencia de honor, que recae en la presidencia de la Junta. De estos 18, 11 lo son en representación de instituciones de la Administración autonómica, entre ellos, el consejero de Cultura, los viceconsejeros de Cultura y Medio Ambiente y la directora. El Ayuntamiento de Granada aporta a cuatro miembros: el alcalde, que es vicepresidente del Patronato, y los concejales de Cultura, Urbanismo y Turismo. Por su parte, del Gobierno hay tres representantes: director general de Bellas Artes y Bienes Culturales; el subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España y el director del Museo Arqueológico Nacional. Por la Universidad, el rector o rectora.En el organigrama figura la Comisión Permanente, organismo responsable de supervisar, controlar y seguir la aplicación de los acuerdos adoptados por el Pleno.
Junto a ellos, la Comisión Técnica, que es el órgano consultivo.