La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha sido designada presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, constituida esta mañana en Madrid, asume para el mandato 2023-2027, entre otros objetivos, ofrecer "una respuesta  adecuada al problema de la vivienda mediante la implantación de una política coordinada con todas las administraciones públicas". 

La Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP, que contará como vicepresidente con el alcalde de Lleida, Félix Larrosa i Piqué (PSOE), cuenta con un total de 23 vocales representantes políticos de los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares españoles. 

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, Carazo ha subrayado que la Comisión de Vivienda y Urbanismo supone una "enorme responsabilidad" en la medida en que asume los acuerdos adoptados en el XIII Pleno de la FEMP, celebrado el pasado septiembre. 

En este sentido, la Comisión ha aprobado en su sesión constitutiva un plan de trabajo dirigido a impulsar los proyectos y medidas dirigidas a llevar a buen término los diferentes objetivos aprobados, entre los que destacan el impulso de Planes de Acción Local para la Agenda Urbana Española, el cumplimiento del Pacto Verde Europeo dirigido a la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55 por ciento para 2030, y el impulso de políticas para fomentar la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbanas.

El compromiso por el uso de las energías renovables y el autoconsumo para contribuir así a reducir la dependencia energética y disminuir las emisiones de CO2 y la necesidad aportar soluciones urbanas integradoras e inclusivas que contribuyan a mantener el equilibrio económico y social en las ciudades, en particular, en sus centros históricos, son otros de los objetivos previstos para el presente mandato. 

Según el Ayuntamiento, la alcaldesa ha destacado "la necesidad de adoptar soluciones para reforzar la seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico local, en tanto que es el instrumento que permite a los responsables municipales ordenar el uso del suelo y regular las condiciones de su transformación". En ese sentido ha dicho que "vamos a impulsar las acciones necesarias que eviten controversias en los desarrollos urbanísticos en la administración local".