A través de un procedimiento contencioso especial basado en la defensa del derecho constitucional a la participación política, en concreto a que los partidos funcionen democráticamente, se ha presentado en Málaga una reclamación para que la Justicia paralice la II Asamblea de Podemos Andalucía, convocada por su secretaria general, Teresa Rodríguez.

Según han informado los promotores de la iniciativa, la razón que invocan para paralizar el proceso congresual es "la inexistencia de Comisión de Garantías de Andalucía, vacante desde julio de 2015, un órgano que tendría que velar precisamente por el buen funcionamiento del proceso congresual, además de hacer cumplir los estatutos y el código ético de Podemos".

Se da la circunstancia que el máximo órgano entre congresos de Podemos Andalucía, la Comisión Ciudadana Andaluza, aprobó en su última reunión del 10 de julio pasado celebrar elecciones para elegir los miembros que integrarían la Comisión de Garantías, según exponen en un comunicado.

"Así pues -agregan-, la razón por la que se reclama que los jueces paralicen la II Asamblea es el respeto a las decisiones democráticas de los órganos de Podemos y a sus estatutos, que claramente expresan que esa Comisión de Garantías ha de velar por la limpieza del proceso congresual".

La demanda se ha registrado en los juzgados de Málaga debido a que el primer demandante es una de las personas inscritas en Podemos Andalucía "que más ha sufrido la carencia de la Comisión de Garantías del partido". Según exponen, se trata de Francisco Martínez, concejal en Mijas, "quien ha de trabajar con escolta de la Policía Local al haber sufrido amenazas de muerte, ataques a su coche, insultos y vejaciones provenientes de personas que afirman ser inscritas en Podemos y que no han sido ni investigados ni sancionados por la Comisión de Garantías del partido, ya que dicho órgano no opera debido a la dimisión de sus integrantes y a la falta de elecciones para sustituirlos".

Francisco Martínez, junto a una cincuentena de personas, entre las que se encuentran "las más afectadas por la inoperancia" de la Comisión de Garantías, como Trinidad Ortega, ex secretaria de Podemos en Jaén, dirigieron recientemente una Carta Abierta a Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía, en la que le pedían "expresamente" que se procediera a elegir y cubrir antes las vacantes de la Comisión de Garantías que a celebrar el proceso congresual de la II Asamblea, prevista para los días 7 al 9 de noviembre y que en alguna de sus fases ya ha empezado el pasado 10 de octubre.

"Ante la falta de respuesta a la Carta Abierta, los firmantes constituyeron una Plataforma Pro Comisión de Garantías que ha recibido el apoyo de más de 200 inscritos de toda Andalucía, quienes se han adherido al procedimiento judicial abierto en Málaga para conseguir que Podemos Andalucía funcione democráticamente y sus órganos y estatutos sean respetados".

El fin último de la iniciativa de paralizar la II Asamblea hasta que se elija Comisión de Garantías es hacer de Podemos Andalucía una herramienta política eficiente para sus 700.000 votantes y sus más de 30.000 inscritos, precisan.

El procedimiento contencioso especial previsto en la ley permite que el juez pueda paralizar actuaciones que vayan contra los derechos fundamentales.