La iniciativa, que parte del grupo de Izquierda Unida en la institución, alerta sobre la posible vulneración de derechos de la ciudadanía y exige vías de solución a las administraciones y a las compañías eléctricas.
R. MARTÍNEZ /dipgra
Reunión auspiciada por IU para exigir medidas contra apagones reiterados.
La Diputación de Granada, a propuesta del grupo de Izquierda Unida-Para la Gente, se pondrá al frente de la reivindicación que exige soluciones inmediatas frente a los reiterados cortes de suministro eléctrico que se han producido en, al menos, seis municipios de la provincia (Albolote, Iznalloz, Pinos Puente, Dehesas Viejas, Píñar y Atarfe) durante las últimas semanas, además de la zona Norte de la capital granadina.
Representantes de los citados municipios se han reunido hoy en la sede de la institución provincial con el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, y con los diputados de IU, Juan Francisco Arenas y Carmen Capilla, para abordar la situación y articular posibles soluciones.
Esta reclamación se ha concretado en una moción que Izquierda Unida-Para la Gente llevará al próximo Pleno provincial, y cuyos representantes han confiado en que pueda consensuarse y, en consecuencia, ser tramitada como declaración institucional.
En la moción se insiste en que las compañías eléctricas no pueden trasladar la responsabilidad de los cortes y apagones a un supuesto uso indebido de los residentes ni dejar a las familias sin electricidad como forma de presión, sino que deben modernizar y reforzar sus instalaciones.
Además, exige la consideración de la electricidad como un bien básico y el acceso a un suministro mínimo vital, a través de un pacto entre las administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno de España) y las compañías eléctricas. Igualmente, se propone la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Regularización de Conexiones Eléctricas.
En esta línea, desde la Diputación, a través del área de Asistencia a Municipios, se propondrá una reunión con la Subdelegación del Gobierno central, la Delegación del Gobierno autonómico y las empresas suministradoras.
Por último, en caso de que la situación se prolongue en el tiempo, Izquierda Unida solicita que la Diputación coordine las acciones legales necesarias “para salvaguardar a la ciudadanía de la posible vulneración de sus derechos”.