En el caso de los jueces encargados de caso de custodia, esa formación debe ser "obligatoria"
El Consejo de Europa reclama a España mejorar la formación de los profesionales que tratan con mujeres víctimas de violencia, incluida la judicatura
En el informe publicado por el Grupo de Expertos del Consejo de Europa contra la violencia hacia las mujeres, se resalta el "compromiso" de las autoridades españolas y los avances logrados para combatirla.
El Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO) resalta en un informe publicado este jueves el "compromiso de las autoridades españolas y los avances logrados en las medidas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres". El GREVIO también reclama "medidas urgentes" para que el país "cumpla plenamente con el Convenio de Estambul", entre ellas "la mejora de la formación de los profesionales que tratan con la víctimas y los autores de violencia contra la mujer, incluso en el ámbito de la judicatura".
Recientemente, como informó El Independiente de Granada, el Defensor del Pueblo ha reclamado mejorar la formación que reciben los jueces para evitar sesgos de género y la utilización de estereotipos o prejuicios sexistas prohibidos por la ley. La institución que preside Ángel Gabilondo dio este paso a raíz de una queja formulada por una mujer por la actuación de jueces de Granada.
El GREVIO acoge favorablemente que "las autoridades españolas hayan seguido ampliando el marco legislativo y político para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, en particular con la adopción en 2022 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que penaliza los actos sexuales con una persona que no ha dado su libre consentimiento".
Entre otras acciones "positivas", el informe señala la adopción del Plan Conjunto Plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027), "medidas significativas" para ampliar el alcance de las políticas y los servicios a otras formas de violencia contra la mujer distintas de la violencia en el marco de la pareja, y la actual creación de centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual en todo el país. Además, los fondos destinados a la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres "continúan aumentando de manera constante".
El enfoque de las fuerzas de seguridad con respecto a las mujeres víctimas de violencia, en particular en las unidades especializadas, "ha mejorado sustancialmente". Asimismo, el GREVIO valora positivamente "la inclusión en la legislación del principio de suspensión de los derechos de custodia y visita para los niños expuestos a violencia doméstica, así como la prohibición legal del uso del denominado síndrome de alienación parental".
Medidas "adicionales" para "garantizar el apoyo, la protección y la justicia"
A pesar de estos "avances", el GREVIO insta a las autoridades españolas a adoptar "medidas adicionales para garantizar el apoyo, la protección y la justicia a las víctimas de violencia contra la mujer".
En concreto, pide a las autoridades españolas que "refuercen la formación de todos los profesionales que tratan con víctimas y autores de violencia contra la mujer sobre todas las formas de violencia, y que den respuesta a las necesidades específicas de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables". "Es preciso que esta formación se imparta a profesionales de la justicia, las fuerzas de seguridad, el bienestar social, la salud y la educación".
Reclama una formación obligatoria para los jueces encargados de casos relacionados con la custodia y los derechos de visita sobre los efectos negativos que tiene para los niños la exposición a la violencia contra las mujeres, así como sobre la naturaleza y la dinámica de la violencia doméstica
Además, les reclama que "fomenten una formación obligatoria para los jueces encargados de casos relacionados con la custodia y los derechos de visita sobre los efectos negativos que tiene para los niños la exposición a la violencia contra las mujeres, así como sobre la naturaleza y la dinámica de la violencia doméstica".
El informe del grupo de expertos expresa su "especial preocupación" por la representación "desproporcionada" que tienen entre las víctimas de violencia de género las mujeres migrantes, refugiadas, con discapacidad y residentes en zonas rurales. Por ello, insta a las autoridades a que "redoblen sus esfuerzos para proporcionarles protección y apoyo".
También señala la necesidad de adoptar "medidas adicionales para simplificar y armonizar el proceso de reconocimiento oficial de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, a fin de asegurar su rápido acceso a los servicios de protección y apoyo en todo el país, sea cual sea la forma de violencia que hayan sufrido".
El documento valora positivamente el "constante aumento de la tasa de condenas", que en 2023 alcanzó alrededor del 80% en casos de violencia en el marco de la pareja, aunque expresa preocupación por el hecho de que el número de sentencias por violencia sexual siga siendo bajo. A pesar de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 10/2022 de Libertad Sexual, añade el informe, "las víctimas de violencia sexual siguen sufriendo victimización secundaria en los procedimientos judiciales, debido al cuestionamiento de su credibilidad, los estereotipos sobre las víctimas de violación en el ámbito de la judicatura, la necesidad de repetir declaraciones y la vulneración de la privacidad de la víctima durante el procedimiento".
En este sentido, el grupo de expertos subraya que "es necesario intensificar los esfuerzos para identificar y abordar los factores legislativos y procesales que contribuyen a la victimización secundaria de las mujeres víctimas de violencia durante la instrucción, así como llevar a cabo estudios sobre los factores que conducen al desistimiento en los casos de violencia de género".
El GREVIO lamenta que, tras la entrada en vigor de esta ley, "la fusión de los delitos de agresión sexual y abuso sexual y la consiguiente ampliación del rango de sanciones hayan dado lugar a la reducción de cientos de penas impuestas a autores de violencia sexual". A pesar de ello, considera que "la plena aplicación de esta ley podrá reducir considerablemente los niveles de impunidad frente a la violencia sexual, al fomentar el aumento de las denuncias y una mayor eficacia en la investigación y el enjuiciamiento por estos delitos".
"La medidas para proteger a las mujeres víctimas y sus hijos pueden tardar hasta 72 horas en dictarse, un plazo excesivo para que se puedan considerar una orden de alejamiento de emergencia según lo establecido en el Convenio", advierte el informe
Respecto a las "situaciones de peligro inminente", el informe señala que, de acuerdo con la legislación vigente, "las medidas para proteger a las mujeres víctimas y sus hijos pueden tardar hasta 72 horas en dictarse, un plazo excesivo para que se puedan considerar una orden de alejamiento de emergencia según lo establecido en el Convenio". Por lo tanto, considera que las autoridades españolas "deberían permitir la promulgación de órdenes de alejamiento de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas y sus hijos en sus hogares". Asimismo, ve necesario realizar un análisis de "los motivos por los que las tasas de rechazo de solicitudes de órdenes de protección sean notablemente más altas en algunas regiones del país".
Por último, al GREVIO le preocupa "el aumento de los casos denunciados de violaciones en grupo, donde tanto los agresores como las víctimas son con frecuencia muy jóvenes". Destaca la influencia que tiene la pornografía violenta, en España y otros países, en los jóvenes que cometen este tipo de delitos, y el hecho de que esta es mayor cuando hay poco acceso a debates contextualizados sobre sexualidad, igualdad de género, roles de género no estereotipados, respeto mutuo, violencia de género contra las mujeres y derecho a la integridad personal.
El GREVIO es un organismo independiente de derechos humanos encargado de supervisar la aplicación por sus Estados partes del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (STCE n.º 210), conocido como Convenio de Estambul. El tratado está abierto a la firma para cualquier país del mundo, además de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, y ha sido ratificado por 38 Estados y la Unión Europea, y firmado por otros 6.
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