Más de la mitad de los propietarios afectados por la expropiación de sus terrenos para las obras de las canalizaciones del sistema de embalses de Béznar-Rules han alcanzado mutuos acuerdos con la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), responsable de las mismas.

Así se desprende de la información facilitada por el Gobierno en el Congreso de los Diputados con fecha del pasado 8 de octubre tras la pregunta para su respuesta por escrito del PP al respecto, consultada por Europa Press.

En la respuesta facilitada a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, el Gobierno detalla que los criterios de valoración de los bienes y derechos afectados se basan en las características agronómicas y urbanísticas afectadas por el proyecto.

Rige la legislación específica de valoración en materia de expropiación forzosa, compuesta por la ley de 16 de diciembre de 1954, el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre por el que se aprueba su reglamento de valoraciones.

"Tanto los criterios de valoración como los precios a aplicar en esta expropiación fueron sometidos a autorización" del consejo de administración de Acuaes en su reunión de 30 de noviembre de 2023

Además, desde el Gobierno señalan en respuesta al PP que "tanto los criterios de valoración como los precios a aplicar en esta expropiación fueron sometidos a autorización" del consejo de administración de Acuaes en su reunión de 30 de noviembre de 2023.

El órgano de esta sociedad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "acordó por unanimidad aprobar los precios unitarios máximos propuestos a aplicar en el procedimiento expropiatorio asociado a la ejecución de estas obras".

En cuanto a la información a los propietarios afectados, en primer lugar, resaltan que, "en ningún momento ha existido falta de información" a ellos dado que "en los levantamientos de actas" se les ha suministrado de forma "particularizada para cada uno de ellos".

También se les ha aclarado, "en su caso, las dudas planteadas por los mismos", y "no está previsto llevar a cabo una revisión de precios" en el marco del proceso abierto.

En su pregunta, el PP se interesaba por si habría revisión de precios, e indicaba que los propietarios particulares de las parcelas expropiadas "recibirán hasta un 80 por ciento más" por ellas "que hace diez años cuando se construyó la autovía", por lo que preguntaba por los criterios que se habían "tomado para determinar las valoraciones", aduciendo falta de información por parte de las administraciones a los afectados.