Su bisnieta y su tataranieta mostraron con sumo cuidado a El Independiente de Granada el contenido de la pequeña caja, que encierra una vida y también la muerte, porque también está una de las balas encontradas en los restos.
María Marta Rosales, bisnieta de Antonio Rosales Ruiz (izquierda), con María Carmona Rosales, tataranieta.
Ellas asistieron con emoción al acto junto a dos familiares: Miguel Rosales -nieto de Antonio- y un primo, Mario Rosales, que no pudo contener las lágrimas.
Como el propio Miguel explicó, nació en tierras granadinas pero emigró. Miguel, nieto de Antonio Rosales, recordó que su padre "desgraciadamente murió sin saber dónde estaba enterrado". También expuso la difícil experiencia familiar: Antonio Rosales Ruiz fue ejecutado en agosto y, a los pocos meses, en enero, su hijo fue llamado a filas, obligándolo a incorporarse al bando de los golpistas. Su madre trató de impedirlo alegando que su marido estaba muerto y necesitaba al hijo en casa. Pero la respuesta que recibió es que estaba "desaparecido".
En el frente, contó Miguel, su padre llevaba un diario. "Muchas veces le dije a mi padre, si te lo hubieran encontrado te habrían fusilado".
Durante el acto, el nieto de Antonio Rosales recordó un poema escrito en ese diario por su padre quien, entre otras palabras, dejó escrito que, aun pasados los años, parecía oír en su cabeza "el rugir de los cañones".
La familia ha decidido que los restos de Antonio Rosales Ruiz permanezcan en el mausoleo que la localidad de Víznar erigirá para dar digna sepultura a las víctimas recuperadas en el Barranco.
Antonio Rosales Ruiz (sentado a la izquierda), en una fotografía cedida por la familia para los reportajes de el Foro de la Memoria de El Independiente de Granada.
ROSALES RUIZ, Antonio. Natural de Guadix y vecino de Granada (Granada), con domicilio en C/ Águila, 10. Casado con Presentación Machado*, padres de dos hijos. De 36 años. Enfermero del Hospital San Juan de Dios desde 1929. Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Obrera “La Sanidad”, adscrita a la UGT (El Defensor de Granada, 12 de enero de 1932). Al inicio de la guerra civil ue presentado en comisaría por el suboficial de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Granada, Eloy de Haro, acusado de haber efectuado disparos desde el tejado del hospital y de colaborar con Virgilio Castilla en el reparto de armas a los revolucionarios. Fue ingresado en prisión. Forma parte de un expediente con 18 inculpados a los que se les relaciona con la causa 33/36 (Véase Asalto al Gobierno Civil) y se les implicaba en la defensa del Gobierno Civil, así como otras acciones como el tiroteo efectuado desde el Hospital San Juan de Dios, también contemplado en el sumario 33/36. Entre los implicados en este sumario estaban Joaquín García Labella, Arturo Marín Forero, Fernando Martínez Jiménez, Melchor Pulido Guzmán, Ramón Ramos Robles, Ramón Ramos Robles, Plácido E. Vargas Corpas, José Villoslada Sabaté y Francisco Titos López. Su causa se iniciaba a los pocos días del golpe fascista en Granada, el 4 de agosto de 1936 y era procesado por “Rebelión”. Fue sobreseída en Consejo de Guerra celebrado en Granada por muerte previa. (Causa 101/36 AJTM). (Hidalgo Cámara, 2014: 227, 271 y 367). Fue fusilado junto a su compañero Enrique Santaella Puga* el 24 de agosto de 1936 en el Barranco de Víznar. (GONZÁLEZ, Silvia, agosto 2021). (GONZÁLEZ ALCALDE, Silvia y otros, 3 de junio 2023, aquí también pone que tenía 36 años cuando fue fusilado y que vivía en calle Arriola, número 10). El día 22 de junio de 2024, gracias a los trabajos iniciados en el Barranco de Víznar de exhumación de los restos de quienes fueron allí fusilados, dirigidos por el profesor de la UGR, Francisco Carrión, y tras ser identificado por el ADN de sus familiares, se pudo hacer entrega de los mismos a sus familiares en presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Es uno de los represaliados en Granada -de los casi once mil expedientes- que fueron sancionados por la Comisión Provincial de Responsabilidades Políticas y/o la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, derivado de sus responsabilidades políticas, 1936-1945. (Véase Incautación de bienes). El 15 de agosto de 1936 se publica en el BOP que es uno de los suspendidos de empleo y sueldo por parte de la Diputación Provincial de Granada el 13 de agosto.
POR ALFONSO MARTÍNEZ FORONDA y PEDRO SÁNCHEZ RODRIGO, del 'DICCIONARIO DE LA REPRESIÓN EN GRANADA, 1931-1981', en elaboración.
La crónica del acto de entrega de los restos a los familiares:
