El grupo socialista de la Diputación Provincial de Granada ha exigido este viernes al presidente de la corporación, Sebastián Pérez (PP), que "pague de su bolsillo" las costas procesales impuestas en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre "desviación de poder" en la suspensión de un concurso de méritos para la secretaría general de la institución.

En rueda de prensa, el diputado socialista Miguel Ángel Gamarra ha incidido en que dos sentencias judiciales "consideran acreditada la responsabilidad del presidente de la Diputación en la persecución contra un aspirante al proceso de selección de la Secretaría General".

"Pérez tiene que dar explicaciones y tiene que afrontar de su bolsillo el pago de las costas, ya que las instituciones públicas no están para pagar manías persecutorias", ha afirmado.

El representante socialista ha advertido de que la "gravedad de los hechos" reside en "la purga interna" practicada por el presidente contra encargados de velar por la legalidad de las decisiones políticas, pero también "en el enorme quebranto económico que las medidas del presidente de la Diputación están suponiendo para las arcas de la institución".

En este sentido, ha informado de que las sentencias judiciales obligan a la Diputación a afrontar importantes costas procesales, unas cuantías se suman también al encargo de un "costoso" informe por parte de la Diputación vinculado a la suspensión de la plaza, que ascendió a 7.260 euros.

Gamarra ha asegurado que Sebastián Pérez ha tenido que cumplir la ley "a palos judiciales", contraviniendo sus manifestaciones en su jura como presidente de cumplir y hacer cumplir las leyes.

El diputado socialista ha rechazado además las declaraciones del "portacoz" de la Diputación, José Torrente, en la que aseguró que los pronunciamientos judiciales suponían poco más que un trámite administrativo que no implican responsabilidad del presidente.

"La resolución de Sebastián Pérez fue política y no estuvo motivada por ningún informe técnico ni por ninguna causa objetiva, como así queda ratificado por el TSJA", ha añadido.

Dos sentencias judiciales acreditan -ha afirmado- que el presidente de la Diputación actuó con abuso de poder, es decir, usó las potestades que la administración tiene con unos fines distintos a los prefijados por ley.

Para Gamarra, la decisión de Pérez "respondió a un ánimo ajeno al interés general y quedó en evidencia, además, su manía persecutoria y la existencia de una Gestapo interna para perseguir o perjudicar a quién es y quién no, más adepto a la causa".

Gamarra ha recordado las "homilías" ofrecidas por el presidente de la Diputación aludiendo a que era inconcebible que el proceso de selección se culminase, algo que han confirmado ya dos juzgados.

El diputado socialista ha afirmado que la desviación de poder es al derecho administrativo lo que la prevaricación al derecho penal, por lo que si esta denuncia se hubiese interpuesto en el ámbito penal, el presidente de la Diputación podría estar imputado y/o condenado.

"Pérez dictó una resolución injusta a sabiendas, con un ánimo espurio, sin motivaciones objetivas, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad, en lo que constituyó un auténtica purga interna", ha agregado.

Gamarra se ha referido además a la supuesta falta de responsabilidad de Sebastián Pérez en la decisión.

"No sabemos si el fantasma de la calle Mesones, que habitaba en el histórico edificio de la Diputación, se ha trasladado a la nueva Diputación y fue ese espectro el que decidió suspender la plaza", ha manifestado Ambas resoluciones judiciales sustancian un hecho "muy grave" que podría ser causa penal, ha advertido Gamarra, para incidir en que la responsabilidad política recae exclusivamente en Sebastián Pérez.

Por ello, ha urgido a Pérez a que explique las motivaciones que llevaron a suspender esa plaza.

"¿No quería acaso un secretario incómodo?", ha planteado Gamarra para concluir exigiendo al presidente que deje de utilizar la Diputación como su cortijo, ofrezca explicaciones y revele quién va a pagar sus veleidades y manías persecutorias.