La acusación particular ha solicitado una condena de 26 años de prisión para el padre Román M.V.C., único procesado en el llamado 'caso Romanones' y acusado de abusar sexualmente de un menor de edad desde el año 2004, cuando tenía 14 años y hasta 2007, cuando ya contaba con 17 años.

Así lo ha señalado a Europa Press el letrado de la acusación particular, Jorge Aguilera, que representa al denunciante del caso, y que este mismo martes ha elevado ante la Audiencia Provincial de Granada su escrito de acusación provisional.

Esta parte eleva así sustancialmente la petición de condena que formuló la Fiscalía, que reclamó nueve años de prisión para el inculpado, por un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal.

La acusación particular entiende que además de este delito, por el que solicita diez años de prisión, también el acusado es presunto autor de otros dos delitos más de abusos sexuales, al contemplar el acceso carnal con el miembro viril, y pide por cada uno de ellos otros ocho años de prisión.

En total, la pena reclamada por la representación legal del denunciante se eleva a 26 años de prisión, basándose en la jurisprudencia que permite valorar ciertos episodios de abuso sexual como "individualizables", además de 50.000 euros de indemnización para la víctima y prohibición de comunicarse o acercarse a ella por un periodo de 20 años.

Tras el escrito de la acusación particular, que pidió a la Audiencia una prórroga del plazo para su presentación, será el turno de la acusación popular, que ejerce la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), la defensa y finalmente el Arzobispado como responsable civil subsidiario.

Pago de 50.000 euros

La Fiscalía de Granada ha solicitado nueve años de prisión para el padre Román M.V.C., sacerdote en la parroquia de San Juan de Vianney, en el barrio del Zaidín, en Granada, por la posible comisión de un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, por el que se enfrenta además al pago de 50.000 euros en concepto de daño moral a su supuesta víctima, de la que tendría que responder subsidiariamente el Arzobispado de Granada.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el religioso aprovechó su "situación de ascendencia moral" sobre el joven para someterlo a tocamientos o abusos sexuales, tanto en la casa parroquial inicialmente, como en las viviendas en las que el grupo de sacerdotes liderados por Román M.V.C. pasaban sus periodos de descanso, en Los Pinillos, en Cenes de la Vega, y en Salobreña.

El fiscal señala que el procesado formó un grupo de convivencia con otros sacerdotes a los que conoció a lo largo de su carrera sacerdotal, llegando a convivir y mantener propiedades en común, como una casa en la Urbanización Los Pinillos, de Cenes de la Vega; y un dúplex en Cala Verde (Salobreña), pero advierte de que "no consta que formaran una corriente o cualquier otra forma de asociación sacerdotal con entidad legal reconocida por la Iglesia Católica".

La supuesta víctima y denunciante comenzó a tomar contacto con la parroquia de San Juan de Vianney y el padre Román M.V.C. a los siete años, yendo a misa dominical.

Tras recibir la Primera Comunión, con diez años, frecuentó de forma creciente la parroquia, y pasaba más tiempo en compañía del procesado y sus compañeros sacerdotes, ayudando en las actividades de la comunidad.

Las reuniones de tarde de domingo se celebraban, por entonces, en una casa en la calle Pavía. La convivencia fue ampliándose poco a poco hasta que en 2003 incluso llegó a trasladarse con los sacerdotes a la casa de Los Pinillos.

El acusado, que ejercía de "mentor espiritual" del grupo de sacerdotes, comenzó a atraer al menor, "manteniendo propósitos de contacto sexual con él".

Los sacerdotes del grupo, fieles al acusado

En 2004, las estancias del menor en la casa parroquial anexa a la Iglesia eran más prolongadas, y llegó incluso a pernoctar en ella.

La vinculación emocional del denunciante con Román M.V.C. "se intensificó mucho más por causas de esta convivencia y por el ejemplo que suponían el resto de sacerdotes del grupo, quienes se mantenían fieles al procesado tras sus muchos años de liderazgo espiritual".

Esta situación de "ascendencia moral" sobre el joven fue "aprovechada" por el procesado a partir de la tercera o cuarta estancia nocturna de éste en la casa "para hacerle tocamientos con propósito sexual", y obligarle a masturbarle "tras realizarle un masaje corporal so pretexto de relajarse".

El religioso intentaba caricias en "la zona genital", pero el joven se lo impidió en las primeras ocasiones, según el Ministerio Público.

En el curso de sucesivas actuaciones similares, el párroco consiguió ir más allá y a agravar los presuntos abusos, e intentó tener relaciones sexuales, que sin embargo contaron con el rechazo del menor.

Estos actos fueron realizados desde 2004 a 2007 tanto en la casa parroquial de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, inicialmente, como en Los Pinillos y en Salobreña, según el lugar adonde se desplazaran los sacerdotes, que pasaban allí sus períodos de descanso comprendidos entre las 21,00 horas del domingo a mediodía del martes.

Los abusos cesaron al abandonar el menor la convivencia y contacto con el grupo de sacerdotes en 2007, al sostener una discusión con el procesado por el hecho de descubrir éste que su víctima mantenía una relación sentimental con una compañera del instituto, lo que consideraba incompatible con la permanencia en el grupo.

El joven ha estado sometido a tratamiento psicológico a raíz de la denuncia por estos hechos.

Prescripción de los delitos 

El caso se hizo público el mes de noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Granada declaró prescritos los delitos que se le atribuían a once de esas doce personas, diez sacerdotes y dos laicos, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".

El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.

El prelado tendrá que comparecer en el juicio que se celebre ante la Audiencia Provincial de Granada, ya que todas las acusaciones personadas han pedido que declare como testigo.