Tras la sentencia del TSJA que le obliga
Urbanismo busca una salida para evitar que el pago de 13 millones a una constructora quiebre las arcas
El gobierno local inicia un procedimiento para declarar lesiva la decisión que adoptó en su día el PP y que derivó en la condena, para tratar que el pago a esa empresa se haga en especie, como recogía el acuerdo incumplido por el anterior equipo de gobierno.
J.A.
Miguel Ángel Fernández Madrid, en rueda de prensa.
"No es una solución mágica pero es la única posible". Así ha resumido el concejal responsable del área de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, la vía que el gobierno local ha emprendido para evitar que el pago de 13,2 millones de euros a una constructora que le obliga una sentencia por incumplimiento de un convenio urbanístico quiebre las arcas municipales.
De hecho, la propia sentencia del TSJA que obliga a ese pago a la empresa Construcciones Vargas e Hijos dejaba en cierto modo abierta esa vía e incluso recriminaba a los anteriores responsables municipales que no lo hubieran hecho.
La errónea decisión que derivó finalmente en la condena fue el silencio administrativo que se volvió en contra del Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo acaba de firmar un decreto para iniciar la declaración de lesividad para los intereses públicos de esa decisión. El objetivo es cancelarla para poder dar cumplimiento al convenio como se estableció. "Si tenemos suerte no pagaremos en dinero y lo haremos en especie, como regulaba el convenio".
Tras la firma del decreto se da un plazo de quince días a la constructora para que presente alegaciones. Finalizado ese plazo se recurrirá al contencioso para pedir el cumplimiento del convenio original.
"Estamos intentando solucionar los problemas, los marrones que el PP ha dejado a este Ayuntamiento en Urbanismo", ha dicho Fernández Madrid con enfado para recriminar a la portavoz del PP sus críticas a los dos meses de gobierno socialista. Le ha pedido que en lugar de criticar la falta de expedientes se pregunte la razón por la que no lo hacen, asegurando al respecto: "Estamos intentando arreglar el desaguisado que hicieron", y le ha recomendado que "se muerda la lengua", y haga "autocrítica"y "contricción".
Al hilo de esa reflexión ha enfatizado que la sentencia que obliga al pago de 13,2 millones de euros "nunca la deberíamos haber recibido", porque como ha recordado, "había un convenio que se tenía que haber cumplido" , pero no se hizo, lo que ha considerado "un canto a la dejadez, a la incapacidad y a la irresponsabilidad".
"Seguro que podemos cometer errores o no estar al alcance de todas las demandas pero si hay es porque nos hemos encontrado el patio como nos lo hemos encontrado", ha dicho el concejal.
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