Agricultores, vecinos y ayuntamientos se levantan contra el modelo de expansión de energías renovables en la provincia
Asociaciones empresariales y propietarios presentan alegaciones y recursos para frenar las expropiaciones y la plataforma 'Di no a las torres' continúa su batalla jurídica contra la legalidad de la línea 400 kV.
Di no a las torres
Concentración de agricultores y vecinos este pasado sábado en Caniles.
La expansión de proyectos de parques solares y eólicos al calor de la línea de alta tensión de 400 kV Caparacena-Baza-La Ribina está encontrando la oposición de cada vez más colectivos vecinales, empresariales e incluso de ayuntamientos, que se están organizando para protestar y presentar alegaciones a las obras y proyectos que se están poniendo en marcha en la provincia, especialmente en la zona norte.
Hasta hace muy poco, la voz más visible contra las nuevas infraesctructuras eléctricas era la de la plataforma 'Di no a las torres', que fue creada para frenar la nueva línea de alta tensión en el Valle de Lecrín y Alpujarra -el proyecto todavía no se ha puesto en marcha- y ahora centra sus oposición en la línea 400 Caparacena-Baza, actualmente en ejecución.
Pero las quejas están surgiendo también en colectivos empresariales como Agapro (Asociación de Ganaderos, Agriciultores y Productores), de gran presencia en las comarcas de Baza-Huéscar, y la Asociación de Empresarios del Atlplano, que se han unido para presentar alegaciones a los proyectos declarados de utilidad pública y que, por tanto, permiten la expropiación forzosa de tierras para la construcción de estas nuevas infraectructuras.
Incluso ayuntamientos como el de Caniles se suman a las protestas, y este pasado sábado organizó una concentración, por el Día Internacional de la lucha campesina, en la que participaron vecinos y agricultores afectados por la megaplanta solar Ququima -cuya declaración de utlidad pública está en fase de alegaciones- y también afectados de otros proyectos de renovables cercanos en Tíjola, Serón y Lúcar (Almería). También participó el alcalde de Cúllar, que se pronunció en contra de "este modelo de renovables".
La alcaldesa de Caniles, Pilar Vázquez, habla a los asistentes a la concentración del pasado sábado. di no a las torres
La Asociación de Empresarios del Altiplano aclara que "siempre" ha defendido la línea 400 "por los beneficios futuros que puede aportar a la comarca, como la reapertura de la línea de tren Lorca-Baza-Guadix. Pero siempre se ha exigido a las Administraciones públicas una ordenación del territorio para las instalaciones de renovables que iba a traer consigo y que no afectaran negativamente a otros sectores productivos".
Freno a inversiones agroalimentarias
Y es que, como denuncian los agricultores y ganaderos de Agapro, las megaplantas solares y eólicas, además de suprimir tierras de cultivo mediante la expropiación forzosa, están "frenando" la implantación de otras inversiones agroindustriales debido a la "incertidumbre de los agricultores provocada por la avalancha de proyectos energéticos en la comarca de Baza, a raíz de la línea de 400 kV entre Caparacena y Baza".
Así lo ha indicado Antonio Fernández, uno de los socios fundadores de la Sociedad Anónima de Transformación Cavalti, cuyo objetivo es la implantación de una procesadora de pistachos en las inmediaciones donde se ubicará la megaplanta solar Ququima, con un millón de euros de inversión, y que "ahora se ve obligada a buscar una nueva ubicación".
Promotores de la industria agroalimentaria SAT Cavalti de Caniles. agapro
Fernández explica que “el éxito de la procesadora de pistachos depende de asegurar los regadíos y que se mantengan y realicen nuevas plantaciones de pistachos. Sin embargo, los proyectos de renovables impiden que los agricultores afronten con seguridad nuevas plantaciones debido a la incertidumbre de las futuras expropiaciones y las afecciones a los regadíos”.
El cultivo de pistacho en la comarca de Baza, explica Agapro, es un activo en alza, ya que a diferencia del almendro, el pistacho no se hiela y las condiciones climáticas en la zona son ideales para su cultivo, sobre todo en ecológico, donde los productores están cobrando una media de 12 €/kg. Por otro lado, el cultivo de pistacho tiene una alta empleabilidad, lo que supone una de las plantaciones que más fija la población al territorio donde se implanta.
Fernández anima a los agricultores a seguir invirtiendo en plantaciones de pistachos, sobre todo a los jóvenes agricultores y ha indicado que “esperemos que estas megaplantas fotovoltaicas no lastren la industria agroalimentaria, en cualquier caso, dada la afección a nuestra economía, alegaremos en contra por ser incompatible con la actividad agrícola”.
"La pérdida de terreno agrícola debido a la expropiación forzosa de Ququima y otras plantas fotovoltaicas que se avecinan en la comarca de Baza tiene una incidencia negativa en el relevo generacional de los agricultores, sobre todo para los jóvenes agricultores que se quedan sin los terrenos heredados donde tenían previsto invertir en la mejora de sus explotaciones agrícolas", afirma Agapro.
Alegaciones a través de Hispacolex
Agapro ha unido sus fuerzas con la Asociación de Empresarios del Altiplano para evitar que la megaplanta Ququima no sea declarada de utilidad pública. Con este objetivo la Asociación del Altiplano ha contactado con el bufete granadino de abogados Hispacolex, uno de los más importantes de la provincia.
Han mantenido varias reuniones en Baza, tanto con afectados que han firmados los contratos, así como los que no han firmado dichos contratos, y tanto la Asociación de Empresarios del Altiplano como Agrapo presentarán a través de Hispacolex las alegaciones correspondientes a la Utilidad Pública de este proyecto, que da la opción a Ququima de poder solicitar la expropiación forzosa de las 700 hectáreas que ocupará la megaplanta.
La Asociación indica que apoya "la libertad individual del empresariado tanto que desee alquilar sus propiedades para proyectos de renovables como que quiera mantener su tierra para seguir desarrollando su actividad económica, pero no podemos consentir que desde fuera vengan a enfrentarnos, ofreciéndonos contratos dudosos e imponer o cambiar por su interés el modelo productivo de nuestras comarcas si este afecta negativamente a nuestros empresarios y agricultores", explica.
Próximamente enviarán el borrador de alegaciones para su conocimiento a cooperativas, asociaciones, comunidad de regantes y Administraciones "con la opción de que se adhieran a él y sea presentado en tiempo y forma por Hispacolex en representación de todos".
Recursos contra las expropiaciones
Por su parte, la plataforma 'Di no a las torres' también está recogiendo quejas de afectados por plantas solares y eólicas en la zona limítrofe entre Granada y Almería. La plataforma indica que vecinos de Baza, Caniles y Tíjola han presentado un centenar de recursos de alzada contra la expropiación promovida por Capital Energy -una de las principales promotras de renovables- de tres proyectos de parques eólicos en los términos municipales de Tíjola y Lúcar (Almería): Parrancanas (24 MW) con 5 aerogeneradores y 43 propietarios afectados, Arce (21 MW) con 4 aerogeneradores con 83 propietarios afectados y Espilo (27MW) con 5 aerogeneradores con 83 propietarios afectados.
Protesta de afectados por la línea 400 de alta tensión. di no a las torres
"Las tierras que quieren expropiar son tierras de labor, secano con almendros y olivos, con pastos, viñedos, frutales, encinas, pinares, incluso afecta a zonas con hidrografía natural (ríos, lagunas, y arroyos), explica. Algunos nos has mostrado las cartas donde les comunican la expropiación forzosa", afirma el colectivo. "Y otros, en cambio, están indignados porque la empresa ha actuado sin avisar y han instalado sus torres de evacuación de la electricidad de esos molinos mediante línea 220kv en sus fincas de Caniles. Es decir, ni procedimiento de expropiación", se quejan.
Cuestionan la legalidad de la línea 400
Además, la plataforma continúa su batalla jurídica contra la legalidad de la línea de alta tensión 400 kV que se ejecuta entre Caparacena y Baza. Según explica 'Di no a las torres', en septiembre 2020 la Junta de Andalucía otorgó la autorización ambiental para la construcción de la línea de alta tensión y en noviembre unas 25 personas interpusieron recurso de alzada alegando la nulidad de esa autorización ambiental por no contar con una declaración de impacto ambiental vigente. "Desde entonces ya han pasado más de cinco meses y la Junta aún no ha contestado el recurso, a pesar del plazo máximo de tres meses para contestar este tipo de recurso", afirma la plataforma.
Torres de alta tensión de la línea 400 kV Caparacena-Baza. di no a las torres
En diciembre 2020 el Defensor del Pueblo Andaluz abrió expediente y solicitó a la viceconsejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía “un informe de valoración sobre la posible caducidad de la declaración de impacto ambiental y el vicio de nulidad que ello pudiera acarrear”. Desde entonces el Defensor del Pueblo ya ha mandado dos cartas recordando a la Viceconsejería la obligación de responder a las cuestiones planteadas, sin recibir ninguna contestación, hasta ahora, asegura el colectivo.
Critican el "silencio" de la Junta
En el recurso de alzada se solicitó la suspensión de las obras, alegando que la ejecución de la línea 400 puede causar perjuicios medio ambientales de imposible o difícil reparación. Circunstancia "que legalmente justifica su suspensión mientras se resuelve el recurso de alzada interpuesto", estima la plataforma. La solicitud de la suspensión de las obras incluida en el recurso de alzada "no solo tiene un plazo legal de resolución más corto, de solo un mes, sino que también le aplica que el silencio administrativo es estimatorio. En otras palabras, al no haber contestado ese asunto en el plazo de un mes, la Junta ha estimado la suspensión de su autorización. A pesar de esa situación jurídica actual, con la autorización ambiental suspendida, la construcción de la línea 400 sigue adelante y la Junta mantiene su silencio", se queja 'Di no a las torres'.
La plataforma recuerda que la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica "perdió su vigencia el 11 de diciembre de 2019, o sea más de 9 meses antes del otorgamiento de la autorización ambiental de la Junta". En su resolución de la autorización ambiental la Junta mantiene la vigencia de la declaración en base a "una simple carta" de un subdirector general del Ministerio a Red Eléctrica de España de enero 2020 que expresa que “se entiende que las obras se han iniciado antes del 11 de diciembre de 2019 y por tanto la declaración de impacto ambiental mantiene su vigencia...".
Carta del Ministerio de Transición Ecológica a la que alude la plataforma. di no a las torres
"Es cierto que Red Eléctrica de España inició las obras en el año 2019", dice la plataforma, "pero ese inicio de obra fue ilegal y fue expedientado por la Junta y dio causa a una multa a Red Eléctrica" afirma. "Además, el contenido de la carta contraviene directamente la ley estatal de medio ambiente que define un inicio de obra como una obra que cuente con todas las autorizaciones necesarias. Algo que obviamente no aplica en este caso. Un subdirector general del Ministerio no puede hacer excepciones en la aplicación de la ley, y la Junta ha de ser consciente que la carta incluida en la resolución de su autorización no tiene valor jurídico ninguno", estima 'Di no a las torres'.
Los miembros de la plataforma Di No a las Torres están "indignados" porque la Junta "no da la cara ante deficiencias jurídicas tan importantes, en un proyecto que impacta gravemente al medio ambiente de la provincia de Granada. No es solo la línea 400 Baza – Caparacena, sino también los miles de hectáreas de placas solares y los megaproyectos eólicos que conlleva la línea. El objetivo expreso de la línea 400 es transportar a otras zonas la energía eléctrica generada en los megaproyectos fotovoltaicos y eólicos en Granada, causando la destrucción del paisaje y de la biodiversidad del territorio", explica.
En resumen, "el recurso de alzada contra la autorización ambiental no ha sido contestado a pesar de estar fuera de plazo, el Defensor del Pueblo Andaluz no ha recibido contestación ninguna a pesar de haber mandado varios recordatorios, y por último, la Junta no está ejecutando la suspensión de su autorización, que fue solicitada y estimada por silencio administrativo. ¿Qué podría justificar que la Junta no se atenga al proceso jurídico establecido para proteger el medio ambiente?", se pregunta la plataforma.
