Podemos-IU pide la expulsión del Ayuntamiento como acusación en el caso Mulhacén por ‘boicotear’ la causa
El grupo municipal de Podemos-IU e Independientes, como acusación popular en la pieza judicial Mulhacén, se suma a la petición de los abogados del empresario Ramón Arenas de que el Ayuntamiento de Granada sea expulsado como acusación particular de la causa, ya que entiende que sus servicios jurídicos "están actuando como defensa y obstaculizan la investigación".
El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, por otro lado, señala su negativa a que, tal como piden los acusados y Arenas, el Ayuntamiento sea declarado responsable civil subsidiario, lo que supondría que los ciudadanos acaben pagando "las presuntas tropelías, delitos o errores que se investigan"
El equipo jurídico del grupo municipal, tras el dictado de la providencia del juez instructor para que las partes se manifiesten sobre la petición de Arenas, ha solicitado en un escrito con fecha de ayer, día 3 de febrero, que estime la expulsión del Ayuntamiento como acusación particular, o en su caso, "sea advertido y amonestado contundentemente" y que, bajo ningún concepto, "se le atribuya la condición de responsable civil subsidiario".
Cambril, además, muestra su "asombro" y tilda como "antiestético cuanto menos", que el jefe de los Servicios Jurídicos del Consistorio, Luis García Trevijano, rescatado por el actual equipo de gobierno en 2019, fuera quien ocupara el mismo cargo durante el mandato de Torres Hurtado, momento en el que sucedieron los hechos que se investigan. "Bonito no es y llega a ser incluso sospechoso", señala el portavoz que reprocha al bipartito y su equipo jurídico "que no actúe con fuerza y haga una acusación contundente en un caso que puede costarle a la ciudad millones de euros precisamente en un momento de extrema gravedad económica".
El portavoz advierte que si se permite que el Ayuntamiento sea finalmente quien pague por los delitos de los acusados, en el caso de demostrarse ciertos, "la ciudad no saldrá jamás de la ruina" y subraya que "una vecina del Albaicín o de La Chana no tiene por qué pagar los desmanes de los dirigentes públicos".