La jueza que investiga el caso Nazarí acaba de reactivar las investigaciones. La desescalada judicial llega para esta macroinvestigación, que pretende aclarar si hubo una trama urbanística en Granada durante los mandatos del PP, con un auto que amplía el número de investigados y fija declaraciones y nuevas diligencias.

Entre los nuevos investigados está, además de Telesfora Ruiz, que fue concejala con el PP, un representante legal de una de las empresas de Roberto García Arrabal, una hermana del constructor y otro funcionario. Anuncia además que citará con esa condición al inspector municipal autor de uno de los informes cuestionados en el caso.

Así se recoge en el auto dictado por María Ángeles Jiménez el pasado 20 de mayo, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada. La jueza recoge el calendario de las declaraciones de estos nuevos investigados y de peritos en el marco de una de las piezas principales en las que se dividió el caso, el expediente del Pabellón Mulhacén, que fue origen del caso con la denuncia presentada en su día por el empresario Ramón Arenas, perjudicado por la operación urbanística presuntamente diseñada para favorecer, desde el Ayuntamiento, a Arrabal.

Estas declaraciones comenzarán el 30 de septiembre, con Telesfora Ruiz y el representante de Fontdeis -empresa de la familia García Arrabal-, y se prolongarán durante octubre y noviembre con testigos y peritos. 

Entre la batería de nuevas diligencias, buena parte de ellas interesadas por la Fiscalía, se recoge la petición de nuevos informes, al Colegio de Arquitectos, al órgano competente en materia de contratación pública, así como aclaraciones a los peritos de la Junta respecto a un anterior estudio. La jueza pide al Ayuntamiento que aclare qué miembros de la Comisión Ejecutiva de la extinta Gerencia de Urbanismo participaronen la reunión que avaló la licencia urbanística que avala esta cuestionada operación. 

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En el caso Nazarí, que saltó a la opinión pública con la detención en 2016 del entonces alcalde José Torres Hurtado, su concejala de Urbanismo Isabel Nieto, la cúpula del área urbanística del Ayuntamiento de Granada, así como destacados constructores, se investigan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, además de contra la ordenación del territorio.

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