El PSOE presentará mociones en todos los municipios de la provincia contra la 'Ley Mordaza'
El PSOE de Granada presentará mociones en los plenos de todos los ayuntamientos de la provincia exigiendo al Gobierno de España la retirada de la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la conocida 'Ley Mordaza', aprobada por Mariano Rajoy.
La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, ha asegurado que esta "innecesaria y desproporcionada" norma "cercena las libertades civiles y políticas de la ciudadanía" y supone un nuevo recorte de derechos que se suma a los realizados por el PP en educación, sanidad o políticas sociales durante esta legislatura.
Afirma que "lo único que busca el presidente más retrógrado de la democracia es un retorno al Estado policial". A Rajoy, ha apuntado, "le molesta la contestación social pero el problema no es la gente en la calle criticando la acción de Gobierno sino las decisiones del Gobierno perjudicando a la ciudadanía".
Una razón por la que considera que "si la derecha quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero nunca arremeter contra el ciudadano que protesta en la calle".
Con esta ley, que el PSOE derogará cuando llegue a la Moncloa, "el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia", ha resaltado.
Desde el Partido Socialista, ha manifestado Ramón, "seguiremos trabajando incesantemente para preservar la libertad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, frente a un Partido Popular empecinado en aplicar políticas antisociales y en desmantelar el Estado del Bienestar".
Por todo ello, los socialistas se oponen totalmente a una ley que lima la cohesión social y cuestiona el Estado de Derecho y plantean mientras tanto medidas de prevención que, desde los ayuntamientos, aseguren el bienestar de la ciudadanía, así como sus derechos y libertades.
Por último, ha recordado algunos apartados que contempla la ley y cita como ejemplos la posibilidad de castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio, la multa a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes, o la consideración de amenaza a la seguridad ciudadana la negativa a mostrar el DNI.