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Miguel Ángel Fernández Madrid y Baldomero Oliver en una rueda de prensa. indegranada

• "Lo que sería una gestión ordinaria, aquí se convierte en un ejercicio de heroicidad", advierte el portavoz del gobierno local, Baldomero Oliver.

No es la primera vez que el área de Urbanismo da pasos para enderezar la tramitación administrativa seguida en algunos de los expedientes que forman parte de la investigación de la presunta trama urbanística durante la etapa del PP. Aunque este viernes a la Junta de Gobierno Local llegaron dos medidas relacionadas con dos operaciones bajo sospecha, la de Casería de San Jerónimo (Plan Parcial N-2) y la de Cerrillo de Maracena (Plan Parcial T1).

La tramitación administrativa de estos expedientes se lleva a cabo tras distintos autos de la jueza que investiga el Caso Nazarí instando a continuar, en uno de los casos incluso con la intervención de la Audiencia Provincial.

En Casería de San Jerónimo, el gobierno local ha rechazado los recursos de alzada presentados por un propietario que reclamaba al Consistorio que se hiciera cargo de la gestión de la Junta de Compensación de esos terrenos, donde se levantó un edificio que obtuvo licencia de primera ocupación en su día sin haber finalizado la urbanización de la zona y con irregularidades como el desvío de un barranco. La gestión es privada y ese propietario pedía al Ayuntamiento que la tutelara y que, además, llevara a cabo una auditoría. 

Según la información facilitada por el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, tras solicitar los correspondientes informes a la Secretaría y Vicesecretaría General del Ayuntamiento, se desestima la petición, señalando además que ya existe una auditoría que fue aprobada en asamblea por más del 96 por ciento de los miembros de la Junta de Compensación.

En el Cerrillo de Maracena, una operación que como el propio Fernández Madrid recordó trajo "muchos quebraderos de cabeza" al Consistorio y a los ediles socialistas, que llegaron a estar imputados por denunciarla, la actuación que se lleva a cabo surge tras la información facilitada por un funcionario, denunciante de las irregularidades urbanísticas, advirtiendo de unos cambios que se hicieron al margen del pleno para modificar las condiciones de esas parcelas. 

El Ayuntamiento recibió parte de esos terrenos como cobro de una deuda de casi 8 millones de euros que se condonó a unos constructores. En concreto el 14 por ciento de las parcelas. Eso implicaba que si alguno de los propietarios quería vender obligatoriametne debía informar al Ayuntamiento para que diese el visto bueno, opción que le permitiría recuperar el dinero que había recibido en especie -los terrenos- y cobrarse lo condonado.

Las condiciones que se fijaron eran que la parcela mínima era de 80.000 metros cuadrados, y que no podían segregarse sin una innovación al PGOU del Plan Parcial. Sin embargo, se modificaron a través de un estudio de detalle, rebajando la parcela mínima a 10.000 metros cuadrados. 

Esos cambios al margen del pleno y que se conocieron por la advertencia del funcionario, habrían impedido recuperar el dinero recibido en especie, según explicó el edil de Urbanismo. 

Así que, la Junta de Gobierno Local lo que hizo este viernes, al igual que con el anterior expediente con los correspondientes informes de Secretaría, fue modificar el estudio de detalle.

Son las cuestiones técnicas de lo acordado por el gobierno local que, en palabras de su portavoz, Baldomero Oliver, reflejan "lo difícil que está siendo darle normalidad a este Ayuntamiento" con una gestión urbanística, la que desarrolló el PP, "bajo investigación penal". Y aun así, agregó, "la ciudad tiene que seguir y está funcionando". "Es un trabajo ímprobo. Lo que sería una gestión ordinaria aquí se convierte en un ejercicio de heroicidad", destacó.