La Policía certifica que la exsecretaria del Ayuntamiento sí manejaba asuntos urbanísticos, en contra de su defensa
La UDEF desvela cómo 'favoreció' el gobierno del PP a Torres Hurtado y Nieto con sus pisos
Los nuevos informes incorporados al sumario del caso Nazarí constatan que se agilizaron trámites y se cambió de criterio para interpretar las normas en la sanción por las infracciones urbanísticas que cometieron, en un expediente en el que no se abstuvo la exconcejala de Urbanismo pese a ser interesada.
Despliegue policial de la Operación Nazarí en abril de 2016 en el domicilio del exalcalde y la exedil. m.rodríguez
Nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) certifican irregularidades en los expedientes investigados en el caso Nazarí y apuntan al supuesto trato de favor que se prestaba desde el área, cambiando informes, criterios o agilizando trámites. En este caso concreto, esas supuestas ilegalidades afectan directamente al exalcalde José Torres Hurtado y a la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, al centrarse la investigación en el trato que recibieron desde el Ayuntamiento para la construcción del edificio en el que viven y para dar por legalizadas las infracciones urbanísticas que se detectaron en su construcción. Además, los informes policiales constatan que, al contrario de su línea de defensa, la exsecretaria municipal sí manejaba abundante documentación urbanística.
El informe de la UDEF referido a la vivienda en la que residen Torres Hurtado e Isabel Nieto, que constituyen el denominado 'expediente Obispo' dentro de la investigación de la supuesta trama urbanística, está fechado el 9 de enero y recoge, en casi 200 páginas, el análisis de la documentación intervenida a la comunidad de propietarios del inmueble -de la que formaban parte Torres Hurtado, Nieto y familiares de ambos- y la aportada por el Ayuntamiento de Granada.
El documento, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, detalla la tramitación de la construcción del inmueble, cómo se consiguió la licencia -en principio solicitada por las Siervas del Evangelio, comunidad religiosa que figuraba como propietaria del solar y que terminó vendiendo el terreno y cediendo el permiso-, los incumplimientos del Plan Centro que tenía el edificio -alturas, barandillas y otros elementos exteriores- y la enrevesada tramitación de la legalización de esas irregularidades y de la sanción que correspondía.
Los agentes de la Policía Nacional que investigan si hubo trama urbanística son contundentes al afirmar que en algunos de esos pasos, Isabel Nieto debería haberse abstenido, pero no lo hizo. Participó en decretos y en reuniones de la Gerencia de Urbanismo en las que se trató este proyecto.
"Isabel Nieto habría actuado en varias ocasiones en el procedimiento administrativo referido al expediente de las 22 viviendas, locales y garajes de (...) Granada, a pesar de tener intereses personales en el citado procedimiento, lo que debía haber provocado su abstención obligada y la comunicación de ello a su superior inmediato, en este caso el alcalde José Torres Hurtado".
Buena parte del contenido del informe policial se dedica a estudiar los cambios que se hicieron para aplicar 'el principio de proporcionalidad', lo que legalizaba el inmueble. Y si para dar ese paso se debía primero afrontar la llamada indemnización sustitutoria, que aparece en la documentación intervenida con cantidades que variaron de 489.389 a 358.509 euros -"algo inferior"-;
La UDEF llama la atención sobre los constantes cambios de criterio al respecto. Y llega a apuntar que se rectificó la actuación en distintos expedientes para restablecer la legalidad, aplicando ese principio de proporcionalidad, pero devolviendo la indemnización sustitutoria.
También hay cambios en la correspondiente sanción urbanística -distinto a lo anterior, porque con independencia de que se legalizara el inmueble por la vía expuesta, la sanción por las irregularidades debía aplicarse-. En este caso también figuran también distintas cantidades, entre ellas 61.394,58 euros y 46.045 euros.
No consta que se pagaran ninguna de esas cantidades.
"El estadillo de ingresos y gastos de la Comunidad de Propietarios entre principios de 2012 y enero de 2016, y una vez analizado no se observa ningún pago en el caso de que correspondiera, en concepto de indemnización sustitutoria por el incumplimiento de las alturas mínimas en el edificio de (...), en aplicación del principio de proporcionalidad del artículo 48,4 de la LOUA para restituir la legalidad urbanística, ni tampoco pago de la sanción disciplinaria, en el caso de que correspondiera, que se habría impuesto desde el servicio de régimen de disciplina urbanística", advierte la UDEF.
Antes de que estallara este caso, Izquierda Unida y el PSOE, entonces en la oposición, ya advirtieron de que se habían ido reduciendo esas cantidades.
En cualquier caso, los agentes proponen a la jueza que eleve esas cuestiones técnicas a los peritos de la Junta para que dictaminen.
Como ejemplo del trato preferente que recibieron Torres Hurtado y Nieto la UDEF también se refieren a cómo, en los días posteriores a las elecciones municipales, se agilizó la concesión de la licencia de primera ocupación a la vivienda del entonces alcalde y su responsable de Urbanismo.
"El decreto concediendo la licencia de primera ocupación del edificio (...) es firmado por el concejal delegado de Medio Ambiente, Salud y Mantenimiento Integral en funciones, Juan Antonio Mérida Velasco. El concejal se encontraba en funciones porque se celebraron Elecciones Municipales el 24/05/2015, es por tanto extraño que se produzca dicha firma del Decreto concediendo la licencia de primera ocupación el concejal en funciones cinco días después de las elecciones municipales y tramitando varios informes de distintas áreas en dos o tres días, lo que posiblemente indica una cierta premura en que la citada licencia fuera concedida lo antes posible, sin poder determinar qué estaría provocando esta premura", expone el informe.
La secretaria del Ayuntamiento manejaba "gran volumen de información" de Urbanismo
El otro informe incorporado al sumario analiza la documentación intervenida a la exsecretaria Mercedes López Domech, tanto en su domicilio como en el despacho municipal.
La Policía relaciona esta documentación con la incautada a otro investigado, el constructor José Julián Romero, que según plasmó la UDEF en otro informe, tenía conocimiento de los pasos que se daban en el área de Urbanismo en momentos en el que esa tramitación era interna y exclusivamente administrativa. "Tal vez el seguimiento de este expediente pueda dar a conocer quién informó a J.Julián Romero que el sr.García Royo [exconcejal de Urbanismo] había solicitado expedientes relacionados con sus empresas".
La UDEF destaca en sus conclusiones la existencia de un gran volumen de información "directamente relacionada" con Urbanismo. Les llama la atención que en lo referido al expediente del Cerrillo de Maracena -relacionado con J.J.Romero-, la Secretaría tuviera redactado un borrador de acuerdo antes incluso de que se hubiera reunido la Junta de Compensación y dando por supuesto de que se llevaría adelante.
En un informe jurídico redactado por López Domech y Agustín Belda -otro de los funcionarios que figuran en el caso- se detalla cuál es la fórmula que se debe utilizar para favorecer una dación en pago entre deudores y Ayuntamiento, con la siguiente anotación: "Aunque esto no deberíamos ponerlo en el informe. Podemos hacer una referencia genérica a la aplicación del IVA que corresponda".
También se le han encontrado documentos elaborados por las sociedades mercantiles con intereses en la cesión de derechos urbanísticos.
