El parlamentario socialista Miguel Castellano ha pedido al Gobierno de España que asuma las actuaciones de encauzamiento del arroyo Hondo de Tobares en Valderrubio, una intervención que, según ha dicho, “es necesaria ante los riesgos de desbordamiento y daños personales así como a bienes y servicios públicos y privados”.

“La obra corresponde al Gobierno de Rajoy al ser la administración que tiene la responsabilidad de ejecutarla al encontrarse en suelo rústico”, ha indicado el socialista que ha subrayado que lo importante “es hacerla cuanto antes”.

Durante el debate de la Proposición No de Ley que ha defendido en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Cámara andaluza y que ha sido aprobada, Miguel Castellano ha aludido a la “peligrosidad” que presenta en la actualidad el barranco en sus cinco kilómetros de cauce.

A eso hay que sumar, según ha referido el parlamentario, "las afecciones que han provocado los trabajos del AVE en el barranco". “La balsa que servía de retén se ha visto reducida por lo que el agua embalsada ahora comienza a aliviarse en un espacio de tiempo mucho menor”, ha apostillado.

“Acorde con los que han dicho los técnicos, la solución no puede ser otra que el encauzamiento”, ha comentado Miguel Castellano que ha subrayado que este proyecto “acumula muchos años de espera”.

Tras recordar que "por la falta de espacio para absorber el agua murió una persona recientemente en una riada", el parlamentario ha expuesto que la Junta tenía previsto afrontar esta actuación pero que “finalmente no pudo hacerlo al volver en 2011 las competencias al Gobierno de España”. 

“Desde entonces, Valderrubio está esperando una solución. De ahí que solicitemos al Gobierno del PP que haga su trabajo para poner fin a este infierno”, ha referido Miguel Castellano.

En la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista también se insta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a que actualice los riesgos que afectan a Valderrubio en la revisión del Plan de Prevención de inundaciones en cauces urbanos andaluces.

“En caso de presentar un mayor riesgo, el Parlamento andaluz podría declarar la actuación de interés general de Andalucía, en el caso de que el Gobierno no actúe conforme a su competencia en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir”, ha asegurado.