La parlamentaria andaluza Ana Vanessa García ha denunciado que "la Junta ha aprobado una nueva normativa que pone en riesgo la prestación del servicio de ayuda a domicilio por parte de los ayuntamientos", un servicio "fundamental, vinculado a la Ley de Dependencia, que da trabajo a más de 40.000 trabajadoras en Andalucía", y que en la provincia de Granada afecta "a unas cinco mil, aproximadamente".

García ha criticado que el Gobierno andaluz "se ha quitado la responsabilidad sobre una competencia que es solo suya". En esta misma línea ha apuntado que "antes la tenía conveniada con los Ayuntamientos y Diputaciones -Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones para de los Ayuntamientos de menos de 20.000- prestando el servicio y la Junta les adelantaba el dinero". "Lo que se ha aprobado en el mes de junio -en vigor desde julio- es que el servicio lo presten Ayuntamientos y Diputaciones y, después de haberlo prestado, la Junta ya les pagará". Este cambio implicará, según ha explicado la diputada autonómica que, tanto las administraciones locales como la institución provincial tengan que adelantar el dinero de la dependencia, una cantidad que en el caso de la Diputación de Granada será de "30 millones de euros, que cuesta el servicio al año en la provincia".

García ha adelantado que el PP presentará iniciativas tanto en el Parlamento Andaluz, como en las administraciones locales y en la provincial, con el objetivo de que "se retire esta normativa y se vuelva al servicio anterior para evitar que muchos ayuntamientos entren en quiebra al no disponer de ese dinero para adelantarlo y pagar las nóminas de las trabajadoras".

Además, ha exigido a José Entrena, presidente de la Diputación Provincial de Granada, que "se olvide por un momento de su partido y por una vez alce la voz, represente a los 164 municipios de menos de 20.000 habitantes y los defienda de este atropello de la Junta que puede hacer que muchos granadinos pierdan el servicio de ayuda a domicilio".