El empresario Ramón Arenas ha vuelto a dirigirse al área de Urbanismo para solicitar la copia de un expediente relacionado con la operación urbanística del pabellón Mulhacén que le perjudicó. Lo ha hecho tras un último auto de la jueza que instruye el caso Nazarí, en el que da otro toque de atención al Ayuntamiento.

El Consistorio, antes de resolver sobre la petición del empresario, se dirigió al Juzgado para que le indicara "...si procede continuar el expediente en cuestión, para finalizarlo o bien, sería conveniente dejarlo como está hasta que se terminen los procedimientos judiciales pendientes". 

En el auto, fechado el 17 de julio, la jueza María Ángeles Jiménez, citando a la Fiscalía, a la que pidió que se pronunciara sobre este asunto, indica que la investigación de la supuesta trama urbanística "no es óbice para que desde la corporación local se siga con la tramitación administrativa que se considere pertinente conforme a las normas referidas, en los expedientes de los que tengan conocimiento, al ser competencia exclusiva de dicha corporación así como su obligación, resolver al respecto". 

"Este Juzgado no puede ni debe pronunciarse respecto de los trámites pendientes que pudiera tener el Ayuntamiento de Granada, siendo a éste a quien le corresponde asumir y ejercer las competencias municipales que le sean propias, sin que pueda argumentarse como excusa para resolver en via administrativa lo que corresponda, la existencia de un proceso penal abierto". 

Con esa argumentación la jueza rechaza pronunciamiento alguno, insistiendo en "la obligación" del resolver de la corporación conforme a las normas administrativas que deba aplicar en el caso sobre el que elevó consulta.

Tras esa respuesta, el empresario, cuyas denuncias originaron la investigación de la presunta trama urbanística, ha vuelto a registrar un escrito en Urbanismo. Solicita el referido expediente -cuyo nombre administrativo es expediente contradictorio-. También la documentación económica que se solicitó en su día, en el marco de ese expediente referido a la concesión al empresario García Arrabal, a la empresa de este, Fontdeis SL, y también la resolución del expediente si la hubiera. 

Reclama también información sobre los funcionarios y funcionarias que tramitaron esa documentación. Y pide especialmente que "se abstengan de intervenir" todos los funcionarios investigados en la Operación Nazarí, así como los tres que firmaron el informe jurídico del expediente solicitado. 

El plazo para la instrucción se amplía

Por otra parte, el Juzgado acaba de acordar una nueva prórroga para seguir adelante con la investigación. La decisión de la jueza, con el aval de la Fiscalía, establece la prórroga en 18 meses más.