"De aceptarse el planteamiento del recurrente sería fácil para los investigados, particularmente en causas de esta naturaleza, deshacerse y eliminar de una causa a aquellos testigos incómodos o molestos para lo cual solo bastaría con interponer querella por injurias o calumnias con el único coste de una condena en costas.Motivos ciertamente espúreos que el Derecho y el juez instructor de ningún modo pueden amparar". 

La reflexión corresponde a la fiscal del caso Nazarí, pronunciándose sobre la licencia solicitada por la exsecretaria del Ayuntamiento Mercedes López Domech para presentar querella por injurias y calumnias contra el empresario Ramón Arenas por el contenido de su declaración como testigo en esta causa.

En su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, la Fiscalía solicitó a la jueza que desestimara tal pretensión, como así ha hecho la magistrada María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado número 2, que instruye el Caso Nazarí. 

Recuerda la fiscal que, en todo caso, corresponde al tribunal que juzgue el caso el que, tras oír la declaración que haga en su momento el testigo, pueda dilucidar si se producen contradicciones o no, y su alcance.

La pretensión de Torres Hurtado de apartar al equipo policial, "carece de fundamentación jurídica"

Por otra parte, la Fiscalía también rechaza la pretensión del exalcalde de que se cambie al equipo policial que lleva a cabo las investigaciones.

José Torres Hurtado recurrió parte de las investigaciones por irregularidades urbanísticas al considerar que se corresponden con una actuación ya juzgada en su día -Palacio de Hielo-. "Los hechos investigados son nuevos y distintos aunque pudieran traer causa de aquellos, sin perjuicio de la valoración jurídico penal que, una vez ultimada la instrucción, resulte de los hechos". En ese recurso pidió también apartar a los agentes encargados de la investigación. Al respecto, la fiscal Sara Muñoz Cobo considera que "carece de fundamentación jurídica alguna y de motivación, más allá de la apreciación subjetiva del investigado" sobre "una supuesta falta de imparcialidad". Un argumento "recurrente" por parte de los investigados contra los funcionarios que "cumplen con la obligación y funciones propias de su cargo".